El papel de Puerto Rico en la política imperial de Estados Unidos en el Caribe en la primera mitad de la década de 1960



El compañero y amigo Julio Muriente Pérez, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano publicó en la edición del periódico Claridad de 2 al 8 de febrero de 2012, bajo el título “Hace cincuenta años Cuba fue expulsada de la OEA” un interesante artículo sobre este evento ocurrido hace ya medio siglo. En él nos indica que aquella Resolución adoptada en una reunión efectuada en Punta del Este, “fue solicitada formalmente por el gobierno de Colombia, que junto al de Venezuela y Puerto Rico– el Puerto Rico de Luis Muñoz Marín y el PPD– eran considerados entonces como ‘bastiones del anticomunismo’ por el gobierno estadounidense que presidía John F. Kennedy.”

La gestión de Colombia a la cual hace referencia Muriente se produjo el 9 de noviembre de 1961 cuando este país solicitó, en ocasión de una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, se analizaran “las amenazas a la paz y a la independencia política de los estados que conformaban a América Latina. El señalamiento colombiano era en clara referencia a la Revolución Cubana.

Meses antes, indica Muriente, el Comandante Ernesto Guevara de la Serna en representación del gobierno revolucionario de Cuba, había denunciado las intenciones de Estados Unidos de valerse del programa “Alianza para el Progreso”, una iniciativa de la Administración Kennedy dirigida a neutralizar el avance de las ideas revolucionarias en los pueblos de América Latina. El compañero Muriente también nos recuerda en su escrito, que meses antes de la denuncia del Che, Estados Unidos había sufrido los embates de la derrota causada por el pueblo cubano en armas al imperialismo en su frustrada Invasión de Playa Girón.

En su artículo, Julio nos menciona la intervención del gobierno colonial de Puerto Rico, gobierno este que por precisamente no ser un estado soberano no tiene un asiento propio en la OEA, en toda esta conspiración imperialista contra Cuba. Dice al respecto Muriente:

“Muñoz Marín y su gobierno colonial desempeñaron un rol infame en este complot contra Cuba. En diciembre de 1961 – pocas semanas antes de la expulsión de Cuba de la OEA– el presidente Kennedy visitó Puerto Rico. No se trataba de una simple visita de cortesía; formaba parte de un operativo mayor. La siguiente escala era Caracas. Allí, el embajador estadunidense era nada menos que Teodoro Moscoso, pretendido ‘arquitecto’ del ELA y exdirector de Fomento Industrial. Fue precisamente a Moscoso a quien Kennedy designó posteriormente como director de la Alianza para el Progreso, Mientras tanto, Arturo Morales Carrión fungía como Secretario de Estado para América Latina.”

Ya el 9 de enero de 1959, en carta escrita por Luis Muñoz Marín a Miguel Ángel Quevedo, entonces Director de la revista cubana Bohemia, saludando la “revolución llevada a cabo por Fidel Castro y sus muchachos” sugería su interés en que el triunfo revolucionario en Cuba desarrollara en este hermano país “una situación política enteramente nueva en Cuba, haciendo obsoletos a todos los viejos partidos y poniendo el nuevo vigor juvenil, en viejos tanto como en jóvenes, al servicio de un programa y obra profundamente democráticos y profundamente anti-demagógico, tal como lo ha venido mereciendo el pueblo cubano, sin jamás obtenerlo desde que se fundó la república.” En efecto, ése y no otro fue el contenido que sirvió de marco a las profundas transformaciones económicas y sociales de la Revolución Cubana, la cual a diferencia del modelo establecido en Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sí estuvo sostenido en el derecho absoluto de Cuba a su independencia y soberanía nacional.

Es posible que las palabras de Muñoz Marín, a los efectos de que “la experiencia con nuestro programa social y económico pudiera serle de alguna utilidad a nuestros hermanos de Cuba”, fuera en efecto, tomado en consideración por aquellos dirigentes de la Revolución Cubana a los fines de no repetir en Cuba, el papel que le había tocado jugar a Puerto Rico como parte de la política imperial de Estados Unidos hacia América Latina. Un muy diferente al del ELA sería el que tomaría a partir de aquellos primeros días de 1959 la Revolución Cubana.

El 31 de enero de 1962, apenas habiendo cumplido tres años de desarrollo triunfante la Revolución Cubana, en ocasión de efectuarse en Punta del Este, Uruguay, la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos, se aprobó mediante Resolución, la expulsión de la República de Cuba de dicha Organización. En favor de la Resolución se expresaron catorce países; en contra de la expulsión se expresó sólo Cuba y México, y se abstuvieron otros cinco países, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador.

En los fundamentos de la Resolución se consignaron como razones para la decisión: a) que la “adhesión de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el alineamiento de tal Gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y la solidaridad del hemisferio”; b) que el Gobierno de Cuba se “se había identificado como un Gobierno marxista-leninista”; c) que tal situación hacía incompatible la participación del gobierno de Cuba en el Sistema Interamericano. La Resolución hacía un llamado a los distintos órganos y organismos del Sistema Interamericano a adoptar “sin demoras aquellas providencias necesarias para cumplir con esta Resolución”. Como resultante de este supuesto llamado urgente, la inmensa mayoría de los países latinoamericanos rompieron sus relaciones diplomáticas con la República de Cuba.

La medida adoptada por la OEA vino a reforzar el Bloqueo imperialista ya antes impuesto por Estados Unidos sobre este hermano país. Tal medida de agresión por parte del gobierno estadounidense contra la Revolución Cubana todavía al presente prevalece.

Esta participación de funcionarios de la Administración de Muñoz Marín está también presente, al menos desde mediados de 1961, en los acontecimientos que se desarrollan en República Dominicana a partir del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. Los lineamientos de esta participación podemos leerlos en varios informes que a partir del mes de octubre de ese mismo año se redactan para lo que fue denominada  “Operación Santo Domingo”. Tal plan fue aprobado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

De acuerdo con el Memorándum de 11 de octubre de 1961, tres elementos estaban presentes en el diseño del mismo: a) La eliminación de todo rastro de la Dictadura Trujillista; b) El mantenimiento por parte de la OEA de las sanciones económicas a este país mientras no se superara los remanentes de dicha Dictadura; c) La democratización del país “para prepararlo para unas elecciones libres”.

Un segundo Memorando, escrito al día siguiente, indicaba la importancia de un esfuerzo conjunto entre varias fuerzas política regionales, a saber, los partidos Acción Democrática y Copei de Venezuela; el Partido de la Liberación Nacional de Costa Rica; y Partido Popular Democrático, donde se indica en relación a este último que el “Partido Popular Democrático adquiriría una nueva dimensión al participar en una gestión hemisférica sin precedentes”. Muñoz creía entonces que “una acción armada en Santo Domingo conduciría al fidelismo”, en referencia a las transformaciones revolucionarias que venían desarrollándose en Cuba a raíz del triunfo de su Revolución.

Un tercer Memorando, escrito el 14 de octubre de 1961, proponía la creación de un gobierno de coalición entre el Partido Dominicano (aquel que provenía de la Dictadura Trujillista) con el Partido Revolucionario Dominicano, la Unión Nacional y el Movimiento 14 de Junio, con Balaguer como Presidente del país y Ramfis Trujillo (hijo del ex Dictador) como jefe de las fuerzas armadas.

Realmente, más que un Plan de Muñoz Marín, se trataba del plan para Santo Domingo inicialmente acariciado por el gobierno de Estados Unidos y que no logró materializarse debido a su rechazo tanto por parte del Partido Revolucionario Dominicano y por el Movimiento 14 de Junio y la resistencia de la Unión Cívica Nacional a que Ramfis Trujillo se mantuviera al frente de las fuerzas armadas. Del rechazo de tales sectores a una presunta salida de la crisis de vacío de poder político existente, surgió el llamado “Plan Caparra”. Mediante este Plan, el cual contó con el respaldo de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia de este país, el gobierno de Puerto Rico se insertaría de manera más directa en la “solución” al problema dominicano. Entre los recursos puestos a disposición de la opción estadounidense se incluyó la participación de dirigentes dominicanos en programas de capacitación técnica auspiciados por la AFL-CIO de Estados Unidos ofrecidos en la Universidad de Puerto Rico.

Esta actuación de Puerto Rico en los primeros días de la transición de los remantes de la Dictadura de Trujillo a las elecciones en las cuales eventualmente ganó la presidencia de la república el Dr. Juan Bosch como  candidato del PRD. Se repite más adelante en la historia dentro del drama que vive la República Dominicana a raíz del estallido el 24 de abril de 1965 de la Revolución Constitucionalista dirigida a restaurar la Constitución de 1963 promulgada bajo la breve presidencia de Juan Bosch. Más adelante, también, la veremos, como resultado de la intervención militar de Estados Unidos mediante el desembarco de 40 mil Infantes de Marina y de la 82 División Aerotransportada el día 28 de abril de 1965; y finalmente, en la transición que llevaría eventualmente, firmada el Acta Institucional que puso fin a la Guerra de 1965.

A raíz de la firma del documento, el país se encarriló hacia una salida electoral en la cual obtuvo el triunfo, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y luego de un crudo proceso de represión contra combatientes dirigentes de la gesta revolucionaria, del exvicepresidente de la República Dominicana bajo el Trujillismo, Joaquín Balaguer. En este nuevo capítulo entrarán en escena nuevamente personajes como Santiago Polanco Abreu, figura del Partido Popular Democrático vinculado como contacto del gobierno de Muñoz Marín con la Agencia Central de Inteligencia; Teodoro Moscoso, Arturo Morales Carrión, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y Rafael Picó, quien por encomienda de la Administración Kennedy, dirigía la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID).

Una mirada a la vinculación del llamado “Grupo de Puerto Rico” dentro de la situación política dominicana en estos años ha sido objeto de un importante estudio e investigación por parte de Walter Bonilla en su libro “La Revolución de Abril y Puerto Rico”.

A los anteriores señalamientos podríamos sumar, también, esfuerzos provenientes de puertorriqueños que aunque no figuraran como funcionarios del Partido Popular Democrático, ciertamente mantenían estrechos lazos con dicho partido y su dirección. Tal fue el caso del publicista Samuel E. Badillo, quien de acuerdo con la investigación llevada a cabo por Walter Bonilla, en carta escrita a Muñoz Marín el 16 de febrero de 1962, le explicaba cómo diplomáticos estadounidenses, principalmente el cónsul John Hill estaba interviniendo en los asuntos internos de la República Dominicana. Decía Badillo, quien a la sazón estaba colaborando con la elaboración de la campaña electoral de la Unión Cívica Nacional, que Estados Unidos estaba comenzando a variar su apoyo de cara a unas elecciones favoreciendo “un entendido” con el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el profesor Juan Bosch. Indicaba Badillo en su carta lo siguiente: “Si el gobierno de EE.UU pierde la amistad y la confianza del la UCN, es probable, que la batalla de la Alianza para el Progreso se pierda en Santo Domingo, precisamente el sitio donde al cual miran con mayor esperanza los hombres libres de América.” En su carta Badillo le indica a Muñoz su interés por reunir a un grupo de ciudadanos que en el plano ideológico se identificaran con las ideas de la UCN para desarrollar “una campaña de ilustración anticomunista más allá de líneas partidistas.”

Tardarían décadas en lo que la afrenta imperial contra Cuba en Punta del Este fuera reivindicada por los pueblos latinoamericanos. Así, en ocasión de la reunión de la Organización de Estados Americanos el 3 de junio de 2009 realizada en Honduras, la canciller de dicho país presentó y en efecto fue aprobada la Resolución donde se deroga la adoptada por esta entidad en 1962. En ella, se dispone: a) que la resolución que fuera adoptada el 31 de enero de 1962 quedaba “sin efecto en la Organización de Estados Americanos”; y b) que la participación de la República de Cuba en dicho Organización “será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y los principios de la OEA.” Meses más tarde veremos cómo esta decisión del gobierno de Honduras bajo la dirección del Presidente Zelaya tendría sus consecuencias políticas como parte del Golpe de Estado dado contra éste país con la complicidad de Estados Unidos y en el triste papel jugado por la OEA en este drama.

Si bien el gobierno revolucionario de Cuba, hasta el presente ha decidido no solicitar su reintegración en la OEA; hoy, nuevas iniciativas de unidad latinoamericana han surgido para beneficio de nuestros pueblos. Estas, a diferencia de la OEA, toman como punto de partida no solo el respeto a la soberanía e independencia de nuestros pueblos, libres de toda injerencia o tutelaje extranjero, sino también, aspirando a crear un sistema solidario en la defensa e integración económica y política de América Latina y el Caribe.

En lo que respecta a la República Dominicana, aún cuando durante los pasados años, particularmente a partir de la muerte de Joaquín Balaguer, el poder se ha ido dando en una alternancia entre dos partidos fundados por Juan Bosch, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, ambos partidos han sostenido en sus programas propuestas neoliberales afines con el mantenimiento de las relaciones afables entre el gobierno de la República Dominicana y Estados Unidos, particularmente en el entrelazamiento de ambos países en las iniciativas económicas que parten del acuerdo de un Tratado de Libre Comercio.

Mientras esto ocurre, el ELA cada día sucumbe más en una total bancarrota, viniendo a menos en su rol como colonia dentro del marco de la política imperial de Estados Unidos en la región.