Cuando el 17 de diciembre de 2014, en forma sorpresiva, los presidentes de Estados Unidos y de la República de Cuba anunciaron al mundo un histórico acuerdo alcanzado tras 53 años de ruptura de relaciones diplomáticas, un año después del acuerdo, los únicos renglones sobre los cuales realmente existían impedimentos por parte del Presidente para actuar dejando sin efecto importantes aspectos del bloqueo se limitaban a los siguientes: (a) La prohibición de subsidiarias de EE.UU. en terceros países a comerciar bienes con Cuba (Ley Torricelli); (b) La prohibición de realizar transacciones con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas por Cuba (Ley Helms-Burton); (c) El impedimento a los ciudadanos de Estados Unidos de viajes a Cuba con propósitos turísticos (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000); (d) La obligación de pagar en efectivo y por adelantado aquellas compras de productos agrícolas por parte de Cuba en Estados Unidos (Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones de 2000).

La prensa comercial en Puerto Rico informa, en un despacho de la Agencia EFE del pasado 25 de mayo, que el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, pronunció un discurso en la provincia de Jiangxi, localizada al sur, que su país debería prepararse para “situaciones difíciles” ante un panorama de “importantes riesgos y desafíos”. Las expresiones del dirigente chino, que son señalamientos que suelen hacer los dirigentes de este gigante asiático cuando de proyectar el desafío por superar los remanentes del subdesarrollo y colocar a China en la ruta de la modernización, no debería causar sorpresa si no es dentro del contexto en que se producen las mismas. Nos referimos al diferendo entre la República Popular China y Estados Unidos dentro del marco de la guerra arancelaria existente entre ambos.

En la semana en curso ha circulado en distintos medios noticiosos información que apunta a un recrudecimiento de tensiones en la región del Medio Oriente y Asia Central, ello a partir del diferendo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Se informa de una parte que, a nivel de la Rama Ejecutiva, Estados Unidos ha considerado una propuesta, requerida por los halcones de la guerra cercanos al presidente Donald Trump, John Bolton y Mike Pompeo, a los fines de la presentación con urgencia de un plan de acción militar para la región. Su elaboración parte del examen de distintos escenarios de involucramiento militar de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, y suponen, entre otras cosas, la movilización hacia Iraq y otros destinos en el Medio Oriente de unas 120 mil tropas estadounidenses. Esta cantidad, se indica, es similar a la que Estados Unidos desplazó hacia el Medio Oriente previo a su invasión a Iraq bajo la presidencia de George W. Bush en el año 2003. Este desplazamiento de tropas se produciría a la par con la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72) y su grupo de combate en aguas del Golfo Pérsico. A través del Golfo Pérsico navega una gran cantidad de embarcaciones transportando 19 millones de barriles de petróleo diariamente.

Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump dejó clara su intención de revertir los acuerdos negociados en el mes de julio de 2015 por el presidente Barack Obama con la República Islámica de Irán relacionados con el programa nuclear desarrollado por la República Islámica de Irán. Estos acuerdos fueron alcanzados gracias a la participación de la Federación Rusa, la República Popular China, y representando el interés de la Unión Europea, el Reino Unido de la Gran Bretaña y Alemania. Los acuerdos se conocen como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). El Plan dispuso que durante los siguientes 15 años la República Islámica de Irán no podría acumular más de 300 kilogramos de uranio enriquecido al 3.67% y que cualquier excedente que produjera, se enviaría a terceros países para ser almacenados, particularmente en la Federación Rusa.