Abrir puertas al mundo, que se conozca de nuestro pueblo y de nuestra lucha multicentenaria por la autodeterminación e independencia; esa ha sido la tarea continua de numerosas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas durante las pasadas décadas, y aun desde antes. Gestión indispensable, si consideramos que desde la invasión militar de 1898 el gobierno de Estados Unidos ha pretendido invisibilizar, no se diga ya nuestra lucha, sino nuestra propia existencia como nación caribeña y latinoamericana.

En días recientes el periódico The Washington Post ha publicado un Informe donde se recogen más de 2 mil páginas de entrevistas inéditas de militares, diplomáticos y funcionarios estadounidenses relacionadas con la desinformación de la cual ha sido objeto el pueblo de Estados Unidos sobre la participación de su gobierno en la guerra más larga librada en la historia de dicho país, la guerra contra Afganistán. Iniciada el 7 de octubre de 2001, cuando Estados Unidos decide iniciar los bombardeos contra instalaciones militares del gobierno constituido por el Talibán en dicho país y contra alegados campos de entrenamiento de Al Qaeda, la intervención denominada “Operación Justicia Infinita”, cuyo nombre luego fue modificado dada su connotación religiosa por “Operación Libertad Duradera”, fue el resultante de los ataques a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y las instalaciones del Pentágono en la capital norteamericana en Washington el 11 de septiembre de 2001 donde perecieron 2,977 personas.

Cuando el Congreso de Estados Unidos decidió imponernos la ciudadanía de ese país a los puertorriqueños y puertorriqueñas, según establecido en el artículo cinco de la Ley Jones de 1917, dejó meridianamente claro que su intención no era precipitar un proceso de anexión. Que simplemente quería amarrar a futuro a su colonia caribeña, pero nada más. Así fue precisado en el Diario de Sesiones del Congreso, cuando se discutieron los pormenores de la Ley Jones, hace más de un siglo.

En 1993, la. Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (48/104  AG ONU  29 diciembre 1993). La misma fue aclamada por consenso sin votación de los estados miembros. En su preámbulo expone: