El huracán María arrancó el verdor de nuestros bosques y árboles, pero provocó algo peor: dejó al desnudo la incapacidad, insuficiencias y las enormes limitaciones del gobierno de Puerto Rico. Como si fuera poco, también ha salido a flote el desprecio, la burla y la indolencia del gobierno de Estados Unidos, responsable principal de las carencias políticas y económicas del pueblo puertorriqueño.

Ha quedado en evidencia la ausencia de planificación y el torpe manejo del embate de un huracán intenso, como si el archipiélago borincano no estuviera en el Caribe, precisamente en la ruta de tormentas y huracanes. Claramente, ni el gobierno ni las agencias federales disponían de planes para responder a los distintos escenarios:

1)    No se contemplaron las medidas de contingencia frente al colapso de los suministros de combustibles, agua, alimentos y materiales de primera necesidad;
2)    Tampoco se previó el colapso de las telecomunicaciones y sus graves consecuencias en la atención y coordinación de las respuestas;
3)    Y en el mayor acto de negligencia, nada se planificó ante el desplome de la infraestructura de energía eléctrica que se sabía, mucho antes del paso de María, de su estado de abandono y su   manifiesta vulnerabilidad a cualquier ciclón no importa su intensidad.

A casi un mes, la incertidumbre lejos de amainar, crece. La información sobre el estado del País y de la recuperación de los servicios básicos, es confusa y contradictoria. El riesgo y la amenaza de enfermedades causadas por la inoperancia de los sistemas de tratamiento a las aguas usadas y potable, es real y creciente. A lo que se suma la fragilidad con la que están funcionando los pocos hospitales en servicio.

Mientras, una mejora en el manejo de la emergencia por parte de las autoridades gubernamentales queda lejos, muy lejos. Del presidente de Estados Unidos solo se han escuchado ataques y expresiones racistas, ofensivas y execrables. La moratoria a las leyes de cabotaje ¡solo duró diez días! Como burdo esperpento, Donald Trump vocifera sin disimulo lo que piensa sobre Puerto Rico la clase política dominante yanqui. Pero resulta igualmente lastimosa la respuesta sumisa de las claques políticas colonizadas de los dos partidos alcahuetes de la sumisión colonial. Para estos, la humillación no tiene límites y la abrazan como si fuera una virtud.

La situación de indefensión colonial quedó dramatizada en las declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló cuando dijo, cándidamente: “No hay Plan B”. Solo en una colonia, con un ejecutivo abyectamente colonizado, puede pronunciarse tal expresión. Solo a un país, sometido por otro al dominio colonial, se le impide que llegue la ayuda de organismos internacionales y de otros países, como si nada significara el dolor, el hambre, el sufrimiento y la preservación de la vida de cientos de miles de familias puertorriqueñas.

Si antes de María, la crisis económica y fiscal había confirmado el fracaso estructural y las propias bases de un régimen colonial clásico, ahora, el manejo y la respuesta de la devastación causada por el huracán, demuestra su absoluta inoperancia y el riesgo que supone a la vida de toda una nación carecer de la soberanía y los poderes políticos inalienables a los que todo pueblo tiene derecho.

Salir de la situación agobiante actual recaerá principalmente en la capacidad y voluntad indomable de todos los que constituimos orgullosamente el pueblo puertorriqueño, tanto de los que viven aquí como de los que se encuentran en otras latitudes. Sí, porque la nación Boricua trasciende nuestra geografía isleña. Así ha sido desde el primer día. Han sido nuestras manos las que han abierto caminos, las que han llevado agua y comida a los lugares inaccesibles, mucho antes que las agencias gubernamentales. La ayuda de la parte de nuestro pueblo que vive en Estados Unidos ha sido constante y no ha dejado de llegar. La necesitamos y es necesario fortalecerla.

Igualmente, apreciamos el apoyo y la generosidad de los sectores solidarios del pueblo estadounidense y de sus organizaciones sociales. Y valoramos la disposición inmediata de apoyo y ayuda de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

La agenda por delante es ambiciosa pero inescapable. Es el momento para corregir lo que se ha hecho mal y fortalecer los aciertos, lo que bien se ha hecho. No partimos de cero. Existe un enorme caudal de conocimiento, destrezas e inteligencia en nuestra gente. Tenemos una clase trabajadora diestra y comprometida. En nuestras comunidades existen experiencias y relaciones de solidaridad, muchas bien organizadas, que representan una infraestructura social medular en los esfuerzos de resistencia a las adversidades. Nuestras universidades cuentan con miles de jóvenes y académicos preparados para dar respuestas a los más intrincados retos. ¡Nuestra riqueza humana es enorme!

Se impone construir un País cuyas políticas de planificación le permitan adaptarse para enfrentar los desafíos que la naturaleza seguirá presentando, con atención especial al cambio climático. Para eso es imperativo contar con instituciones públicas fuertes, que respondan a los más genuinos intereses de nuestro pueblo, con poderes para implantar las políticas públicas y no sujetas a las limitaciones y a los poderes imperiales de otro país.

Finalmente, y no menos importante, tenemos que exigir la disolución inmediata de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos y la derogación de la ley “promesa” que la creó, cuyo propósito principal ha sido esquilmar los fondos del pueblo de Puerto Rico para pagarle a los bonistas. Si antes de María la deuda era impagable, insistir ahora en su pago es inmoral y constituye un crimen de lesa humanidad.

¡Otro Puerto Rico es necesario y posible! ¡Puerto Rico vencerá!

Comité Ejecutivo MINH

Wilma Reverón
Francisco Rodríguez
Ángel Pérez
Sonia Cepeda
Digna Sánchez
Carmen Borges
Mikael Rosa
Héctor Pesquera
José Rivera Santana