Hace justamente dos meses, en un ensayo titulado ¿Campus abierto o campus cerrado? aseveré que a dos años de las elecciones, con tan solo escuchar a los universitarios, el gobernador Fortuño podría pasar a la historia como aquel que, usando la autoridad de su oficina, rescató al primer centro docente de la ruina.

El tiempo ha pasado y nada parece haber cambiado de manera fundamental. La Universidad de Puerto Rico sigue confrontando su peor momento. Los políticos afuera y al interior de la universidad continúan desoyendo a los diversos sectores universitarios. Contribuyen con ello a perpetuar la crisis y hacen muy difícil que se atienda lo que hay que atender. Ojalá me equivoque, pero todo parece indicar que no hay voluntad de solución y lo que se trama es el desmantelamiento de nuestra primera Casa de Estudios.

Parte I: no oigo, no veo y no hablo—o si hablo, digo poco y desatinado

La amenaza real que se cierne sobre la Universidad de Puerto Rico y su posible desacreditación tiene explicación. No son los estudiantes ni sus reclamos, ni la APPU ni la HEEND quienes ponen en peligro la acreditación de la universidad, sino la propia administración de la Institución. En su evaluación la Middle States hace el siguiente señalamiento:

The Commission on Higher Education expects a climate of shared collegial governance in which all constituencies (such as faculty, administration, staff, students and governing board members, as determined by each institution) involved in carrying out the institution’s mission and goals participate in the governance function in a manner appropriate to that institution. (p.12) énfasis suplido.

Más claro no se puede expresar. De aquí viene la ingobernabilidad a la que muchos aluden. En cuanto al papel de la Junta de Síndicos el informe advierte: “…it should not manage, micro manage, or interfere in the day-to-day operation of the institution” (p.13) y, sin embargo, esto es precisamente lo que sucede. Las deficiencias señaladas por la Middle States las conocemos muy bien los universitarios, aunque no tanto el país.1 Los diversos cuerpos asesores que en ley tienen la responsabilidad de recomendar cursos de acción a los administradores son continuamente desatendidos. Se ha trabajado muy duro, se han ofrecido muchas opciones, y todas son ignoradas. No hay disposición alguna a establecer líneas de comunicación con quienes mejor entienden dónde reside el problema y cuáles son las formas de atajarlo.

Debido al sectarismo ideológico de los manejadores de la UPR se pretende culpar a todos menos a la propia Administración por la debacle en que sumieron a la universidad. Se malgastan recursos multimillonarios en campañas de represión y desinformación, y se pinta un cuadro que poco tiene que ver con las verdaderas razones del problema. Así las cosas, no debe sorprender lo que de aquí en adelante suceda.

Calladamente, sin consultarle a los universitarios, y aduciendo que la universidad requiere reinventarse, el gobernador Fortuño creó una Comisión Asesora cuya encomienda es “construir, si hiciere falta desde sus cimientos, la UPR que todos queremos”. En la víspera de la salida del presidente José Ramón de la Torre de la universidad, esta comisión se reunió con el gobernador. Sus miembros—quienes estarán a cargo de la “reforma universitaria”—son Ygrí Rivera, José M. Saldaña, Elías Gutiérrez, Manuel Gómez, Antonio Santiago Vázquez, Ignacio Echenique y Daneris Fernández.

La limitada visión que esta comisión puede ofrecer no es representativa de nada excepto de la universidad que unos pocos quieren. ¿Dónde está la participación de la amplia gama de mentes que conciertan el vasto proyecto social que es la Universidad de Puerto Rico?

Parte II: los desmanteladores

Constituir una comisión de composición tan parcial es inútil. Es una comisión, si no del partido, que ya tomó partido. A nadie interesarán sus juicios, pues se les suponen ya formados, de encargo—son ya, prejuicios. Pasemos revista sobre las personas que conforman el grupo escogido por el gobernador para la reforma universitaria.

De Ygrí Rivera no hay mucho que añadir pues es conocida por quienes se interesan en los asuntos de la universidad. Abogada, ex jueza y una vez asesora sobre asuntos de seguridad del ex gobernador Carlos Romero Barceló, es una persona profundamente autoritaria que micro maneja con mano de hierro a la institución hacia un callejón sin salida.

José M. Saldaña es odontólogo y ex presidente sin lustre de la UPR. Despotrica frecuentemente contra la universidad en sus columnas de opinión en la prensa y en su rol de “analista” en una estación radial. Hace unos meses planteó:

En ocasiones anteriores he manifestado que esa opción de cierre es posiblemente la más adecuada y necesaria para repensar de arriba hacia abajo a ese recinto que las más de las veces aparenta haberse salido de su cauce y ser ingobernable. A los efectos de buscar alternativas ante esta posibilidad, me permito sugerir—entre otras—que se considere seriamente cerrarlo y trabajar para convertirlo en uno principalmente de programas graduados y de escuelas profesionales. Mover los programas de bachillerato a otras unidades del sistema. Mover de ese campus toda la investigación de ciencia y tecnología, creándose para ello institutos autónomos o independientes. (El Vocero, 28 de octubre de 2010) énfasis suplido.

Elías Gutiérrez es un economista que también es profesor universitario. Su visión (proyectada al menos desde el 1991) es una que traza una ruta que propende al desmantelamiento de la educación pública. En sus palabras:

La Universidad del estado debe recibir fondos adicionales sólo en función de su desempeño competitivo, ya sea comparándose a sus contrapartes en el mercado o contra índices prestablecidos de productividad y efectividad.2 (Una Visión de Puerto Rico 1991, p.5) énfasis suplido.

Su argumentación es insensata pues no podemos comparar lo que es diferente. Suficiente se ha escrito sobre la función de la universidad pública y por qué no debe ser un espejo de la privada, pero entrar en ese debate requiere otro escrito.

Manuel Gómez fue vicepresidente de Asuntos Académicos, Investigación y Tecnología de la Universidad y es director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería. Es un investigador cuya visión gravita hacia una íntima colaboración con la industria farmacéutica y a la adquisición de fondos externos para el funcionamiento de la universidad. Se considera a sí mismo como empresario de la educación y así se hace claro en su gestión y en las entrevistas que ha concedido a lo largo de los años. Los saberes que no son rentables económicamente—aunque esenciales en una universidad pública—no pueden ser su prioridad puesto que requieren ser subsidiados por el Estado.

Antonio Santiago Vázquez fue secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Luis A. Ferré. Es más conocido como ingeniero dedicado al manejo de los recursos hidráulicos que como universitario. Ha sido consultor y fungió como director del Instituto sobre Recursos de Agua y el Ambiente. El programa de Gobierno del PNP (2008) contó con su colaboración.

Ignacio Echenique es un médico reconocido en el campo de la cirugía colo-rectal quien está afiliado al Centro de Cáncer del hospital Auxilio Mutuo y es, además, facultativo en el recinto de Ciencias Médicas. Sería importante conocer cuál es su visión para la universidad.

Daneris Fernández es ingeniera química. Ocupa el cargo de presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica. Es también la vicepresidenta de operaciones de manufactura de Merck en Puerto Rico. Fue miembro del desaparecido Consejo Asesor de Reestructuración Económica y Fiscal del gobernador Fortuño (CAREF), donde entiende se le incluyó porque tenía las cualidades para comprender con facilidad “el negocio de correr un país”. Su visión para la universidad se revela en su declaración de que los despidos masivos de empleados públicos fueron recomendados porque “la chequera no cuadraba”.3 Si su faena es que el manejo de una universidad pública requiere de una mentalidad contable como criterio reductor de los saberes que allí se imparten, no veo la pertinencia de su participación.

Aclaro, por si algún lector lo intuyese erróneamente, que no comparto un rechazo acrítico a buscar vínculos con diversas industrias desde las variadas disciplinas. Es algo que las instituciones educativas de primer orden hacen. Lo que no hacen es desmantelar programas académicos por razones de rentabilidad. Que en nuestro caso el interés de la industria farmacéutica esté íntimamente ligado a la investigación en las Ciencias Naturales es parte de esas intimidades. Según los acuerdos que se suscriban, eso de por sí no es desacertado, pero es insuficiente. Una universidad requiere mucho más, so pena de convertirse en otra cosa.

A lo largo de tres décadas he conocido muchísimos estudiantes de ciencia y ninguno de ellos jamás me expresó que se arrepintiera de haber tomado cursos de historia, o de literatura, o de sociología, o de comunicación. Todo lo contrario. Y es que una vez conectan todos sus cursos y ven que los dilemas de la ciencia existen desde siempre y que han sido ponderados desde diversas ópticas, son profesionales más completos, capaces de entender mejor el mundo en el que les toca vivir, de responder más adecuadamente a las exigencias de su disciplina y de relacionarse más efectivamente con sus semejantes. Esta experiencia se repite en cientos de colegas.

Documentada, por demás, está la necesidad de mantener la ciencia vinculada con las humanidades, so pena de crear tecnólogos y científicos incapaces de empatía, y de ver al sujeto humano en su totalidad compleja. Académicos lo han advertido y también médicos ilustres.4 ¿Queremos una universidad que sólo sea capaz de producir técnicos o una que igualmente enseñe valores y ética?

Una comisión con una abogada que es la presidenta de la Junta de Síndicos y que responde directamente a la oficina del gobernador, junto a un economista de corte neoliberal, dos médicos, un científico investigador, un consultor íntimamente ligado al partido de gobierno y una ingeniera vinculada a la industria farmacéutica, augura una posibilidad muy real de que la universidad pública que conocemos esté en vías de desaparecer. Que algunos de estos profesionales estén probados en sus respectivos campos no los convierte en los peritos que se requieren para establecer el derrotero de la educación pública superior en Puerto Rico. El espacio de saberes diversos y compartidos que le dan a la universidad su carácter y su pertinencia, y que son los que permiten forjar ciudadanos concientes y comprometidos con algo más importante que su bienestar individual y el beneficio empresarial, no son cónsonos con las visiones de este comité asesor. Confabulan para darle la estocada mortal a la institución que tanto bien le ha hecho al país y que tanto potencial tiene.

Parte III: de lo que se trata

Hace casi un siglo Bertrand Russell en su lúcido ensayo Principios de Reconstrucción Social (1916) planteó muy claramente el dilema con que nos confrontamos. Argumentó que se le teme al pensamiento más de lo que se teme a cualquier otra cosa en el mundo. Aseveró que el pensamiento es despiadado con los privilegios, las instituciones establecidas y las costumbres cómodas, e incluso, que es indiferente a la autoridad y descuidado con la sabiduría del pasado. Por ello, pensar es visto como peligroso en tantos regímenes. Es un ejercicio que por su naturaleza puede ser contestatario pero, sin el cual, el poder monolítico de las élites políticas y económicas se agenciaría la totalidad del quehacer humano para beneficio propio.

Lo que hoy vemos es un desenfoque monumental de lo que es la universidad pública como institución, y su pertinencia a la sociedad. Debe estar claro que la UPR no puede conformarse con producir los ‘bárbaros especialistas’ que criticó Ortega y Gasset, esos que estando parcialmente cultivados consideran legítima su autoridad para imponer sus opiniones sobre cualquier asunto, aunque no sean expertos más allá de su limitada área de peritaje, sólo porque esa forma de la razón moderna, llámesele ilustrada o técnico-progresista—definitoria de un momento—sostiene su visión.

La universidad del estado, por el contrario, tiene la responsabilidad de producir excelentes profesionales que a su vez sean capaces de pensar por si mismos, una nueva generación de líderes que habrá de reemplazar la generación que le precedió. De eso se trata la educación pública. En su mejor vertiente, amplía el conocimiento más abarcador que toda sociedad requiere para proyectarse al futuro mientras mantiene la continuidad con los valores sociales que la definen. No existe la universidad para producir ciudadanos conformes que se sometan a la autoridad, ni autómatas acríticos al servicio del capital. Ello puede suceder y sucede, pero no es la función de la universidad responder a las exigencias del mercado; mucho menos a las del ámbito político-partidista. Le compete producir conocimiento y ayudar a la juventud a desarrollar su potencial—cualquiera que éste sea—independientemente de su condición económica. Claro que debe transmitir los saberes que son necesarios hoy día, pero siempre manteniendo una profunda sensibilidad que solo se obtiene con un programa de estudios firmemente anclado en la mejor tradición de las Artes Liberales. Sólo así serán capaces de imaginar mundos mejores y de ofrecer rutas para lograrlo. La universidad es, sobre todo, el espacio y el momento que define si las nuevas generaciones serán hombres y mujeres de bien.

Si el gobernador quisiera lo mejor para la educación superior, hubiera integrado a esta comisión otras voces que balanceen la representatividad universitaria con académicos de talla indiscutible. Incluiría otros miembros de la comunidad universitaria que también aportarían a la diversidad que requiere una institución del calibre de la UPR. ¿Por qué no se invitó a reconocidos y probados intelectuales—algunos de los cuales también han sido excelentes administradores? Pienso en nombres como Juan Fernández, Efrén Rivera Ramos, Daniel Altschuler, Palmira Ríos, Ángel Collado Schwarz, José Luis Vega, Fernando Picó, Francisco Cátala, Ángel Quintero, Antonio Martorell, las hermanas Luce y Mercedes López Baralt, Arturo Echevarría, Fernando Abruña, Arcadio Díaz Quiñónez, y Luis Rafael Sánchez, por mencionar solo algunas de las figuras más respetadas y reconocibles en disciplinas variadas. Hay decenas de otros en todos los Recintos de la UPR. ¡Los silencios y las ausencias siempre hablan elocuentemente!

Parte IV: lo que debería hacerse

Vale la pena recordar que el éxito de las ‘economías del conocimiento’ en un mundo que se sigue reduciendo mientras más se interconecta requiere de una visión a largo plazo, junto al entendimiento de múltiples saberes y la comunicación efectiva con otras culturas. Las ideas que surgen de rutas no trazadas son imposibles de medir por su rentabilidad inmediata. Esto es así porque los procesos que generan los intelectos del mañana son siempre complicados y acumulativos. Para ello se requieren desde las clases formales hasta las tertulias de pasillo, y desde las actividades culturales hasta las conversaciones cara-a-cara entre estudiantes y profesores. Los países más exitosos—igual que los estados más exitosos en los Estados Unidos—son aquellos que mejor dotan a sus universidades para lograr lo anterior. Así de sencillo. La mentalidad que sitúa a la educación pública como un gasto sencillamente no tiene cabida en la ecuación, pues las inversiones que en el corto plazo podrían parecer onerosas, por su propia condición contribuyen un gran valor social. Y en el largo plazo, generan enorme valor económico. Así son las paradojas.

Por lo tanto, lo que realmente debería hacer el gobernador es restituir los fondos que se le han quitado a la universidad para que pueda seguir haciendo lo que mejor hace, y devolver el proyecto universitario al espacio legítimo que le corresponde: la comunidad universitaria. Desde ahí, y cónsono con lo que por largo tiempo se ha reclamado, la comunidad académica elaboraría un proyecto de reforma de la Ley de la Universidad. Dicha reforma es urgente, sobretodo para remover de forma permanente la intromisión político partidista que ha sumido a la institución en una crisis que amenaza su existencia.