Se ha inducido una crisis fiscal y de gobernabilidad en la UPR. Los estudiantes estamos unidos en la defensa de su futuro.

“El gobierno ha dejado de ser la solución a tus problemas y en vez se ha convertido en el problema que juntos tenemos que solucionar. Pues que no le quepa la menor duda a nadie…lo vamos a solucionar”.

Con esta aseveración – expresada durante la juramentación como Gobernador de Puerto Rico – Luis Fortuño estableció su visión y coordenadas de trabajo en la administración de las instituciones públicas del país y sus bienes. Para el Primer Ejecutivo, la intervención del gobierno en la sociedad y su economía genera efectos perversos. Su presencia debe restringirse a promover las habilidades empresariales del individuo. Para estos propósitos, el Estado se limitaría a crear y preservar un marco institucional que garantice condiciones necesarias tales como la libre empresa y los derechos de propiedad privada. La función del sector público en la sociedad se reconsidera.

La actual administración del país apuesta a la iniciativa privada. Desde su perspectiva, cada cual debe proveerse los bienes y servicios que necesite según los recursos que disponga. Incluso, aquellos bienes colectivos; como por ejemplo, la educación. El gobierno no debe asumir esta tarea.

En este contexto, la función tradicional de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es menoscabada. Para producir el capital humano necesario para la economía basta con satisfacer la demanda de trabajo realizadas por las empresas. Se piensa que aquellos otros oficios y profesiones son dispensables. La creación de nuevo conocimiento se ciñe a su rentabilidad en el mercado. Instituciones privadas de educación superior operan con estos criterios. Por tanto, para la actual gerencia gubernamental, no existe necesidad alguna para que la universidad pública sea financiada por los contribuyentes de la Isla. La UPR se percibe como un gasto.

La fuente principal de ingresos de la UPR representa el 9.6% del Fondo General del Tesoro de Puerto Rico. Sin embargo, en años recientes dicha base se ha estado erosionando. La crisis económica ha tenido su efecto. Iniciativas legislativas también han sido perjudiciales. Por ejemplo, la Ley 7 – además del despedido de 20,000 empleados públicos – estableció una serie de contribuciones cuyas rentas fueron excluidas de la fórmula presupuestaria de la universidad. Una acción similar se había tomado previamente con el impuesto al consumo (IVU) fijado en el año 2006.

La crisis fiscal en la UPR ha sido inducida mediante legislación y deficientes prácticas administrativas de la gerencia universitaria. Ahora se provoca una crisis de gobernabilidad. Aunque las posturas del Gobernador de Puerto Rico, el Secretario de Estado, la Presidenta de la Junta de Síndicos de la UPR y el Presidente de la UPR parezcan irracionales, estas son parte de una estrategia para desestabilizar la institución.

En este contexto, las expresiones de Marcos Rodríguez Ema sobre los estudiantes universitarios no fueron casuales ni producto de la frustración. “Yo los sacaría de la Iupi a patadas” anunciaba la política pública del Gobierno de Puerto Rico. El uso de la violencia sería el método empleado para atender el conflicto en la UPR. Para tales propósitos se contrata a Capitol Security. Las imágenes transmitidas por televisión de personas encapuchadas – tal cual personajes de la lucha libre – rompiendo cristales de vehículos de esta compañía justificaría tal acción. El monopolio del uso de la violencia ejercido por el Estado es cedido temporalmente a una empresa privada.

Con la ocupación indefinida del Recinto de Río Piedras de la UPR por la Policía de Puerto Rico se ofrece continuidad a la estrategia asumida para abordar el problema universitario. En lugar de recurrir al diálogo y aportar nuevas soluciones para resolver la crisis fiscal en la institución se opta por renunciar a la Política de No Confrontación. La violencia se impone a las ideas.

Todos estos eventos han producido el estado de situación crítica en que se encuentra la UPR. El objetivo es transformar la institución. La posible pérdida de acreditación por parte de las agencias pertinentes – como por ejemplo la Middle State Commission on Higher Education (MSCHE) – es percibida por las autoridades como una oportunidad para cumplir su intención. Por tanto, si el Gobernador de Puerto Rico, la Junta de Síndicos de la UPR y el Presidente de la UPR consideran necesario cerrar la universidad por un tiempo indeterminado así se hará. La ocasión se aprovecharía para alterar significativamente su ley habilitadora, estructuras regulatorias, misión, visión y valores institucionales.

La UPR será entonces otra universidad con el mismo nombre. Un nuevo centro de educación superior cuyas responsabilidades para con la sociedad y su economía se limite únicamente a proveer las destrezas, herramientas y conocimientos que el mercado requiera. Cualquier otra cosa sería un exceso.

La universidad pública en Puerto Rico es punto de referencia en la calidad de la enseñanza y producción de conocimiento. El aumento en los costos de estudio y el deterioro de las condiciones de trabajo de los profesores y empleados no-docentes tienen como efecto una disminución en los parámetros de calidad que fija la UPR en el país en torno a los servicios educativos. En lugar de incrementar estos criterios, las iniciativas administrativas se dirigen a reducirlos. Pareciera ser que el objetivo es eliminar las ventajas competitivas que posee la institución con respecto a las universidades privadas.

Entre los estudiantes de la UPR existe un común acuerdo en dos principios:

(a) nos oponemos al pago de la cuota de $800
(b) la gerencia universitaria ha demostrado su incapacidad para administrar la institución mediante el diálogo constructivo y la participación democrática de la comunidad universitaria.

Concentremos nuestros esfuerzos en estos propósitos compartidos. Seamos creativos en los métodos que empleamos para garantizarles a todos en el país – y a las próximas generaciones – accesibilidad a una educación superior pública de calidad. Todos con un mismo objetivo. Unidos por el futuro de la UPR.