Tal y como le advirtió la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), compañera Wilma Reverón Collazo, a miembros de la Asamblea Municipal de San Juan y a la Alcaldesa, las medidas que habrían de implementarse en las fiestas de la calle San Sebastián, constituían una clara violación a los derechos civiles de la ciudadanía que asistiría a las fiestas.

Lamentablemente, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz asumió una actitud de testarudez, de la que luego ha tenido que retractarse y pedir disculpas.

La posición de la American Civil Liberties Union (ACLU) y del tribunal que consideró la demanda radicada por esa organización, fue correcta y adecuada.

Es evidente que esta iniciativa represiva contó con la participación de agencias policiacas --probablemente el Homeland Security de Estados Unidos-- cuya intención premeditada consiste en imponer medidas privativas de la libertad individual, alegando que de esa forma se garantiza la seguridad ciudadana.

El gran objetivo --perverso e inhumano-- de esas medidas represivas consiste en conducir al ciudadano a que consienta en que se le prive de sus derechos básicos y se ponga a merced de los designios del gobierno y las agencias policiacas.

Reconocemos la responsabilidad que tienen el municipio de San Juan y el gobierno de Puerto Rico de tomar medidas a favor de la seguridad de la población, pero ello no puede ser a costa de la privación de los derechos civiles y humanos fundamentales del pueblo.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, debe escuchar con más atención la opinión del pueblo y de quienes queremos lo mejor para San Juan, antes de tomar medidas tan desatinadas y peligrosas como las que quiso imponer en las fiestas.

Estas medidas represivas y violatorias de los derechos civiles y humanos de nuestro pueblo, se han implementado en otros eventos, como son las Justas Interuniversitarias en Ponce. Medidas similares fueron aplicadas por la administración Fortuño-PNP contra la Universidad de Puerto Rico, con un despliegue de violencia, agresiones, abusos, invasión policiaca y atropellos de todo tipo. El propósito de quienes las conciben es que nos vayamos acostumbrando pasivamente a ser registrados, cateados, controlados y domesticados por las autoridades policiacas.

Esta experiencia debe constituir una gran lección para la alcaldesa de San Juan y para todo el pueblo.

Simplemente no podemos permitir que se violen nuestros derechos fundamentales, que se criminalicen las actividades del pueblo y que se imponga la falsa paz de los sepulcros o la privación de la libertad y la represión en aras de una falsa seguridad ciudadana.