SAN JUAN, Puerto Rico, 3 de marzo de 2011 (NCM) – Nombres de figuras del movimiento estudiantil han comenzado a discutirse en cónclaves privados para determinar los  que  serán investigados  y sometidos a escarnio público en tanto el Gobierno sigue sin anunciar

lo qué hará con la terminación de los contratos laborales de la mayoría de los empleados del Estado de manera que se siga evitando un tumulto social.

La encrucijada volátil amenaza con seguir manteniendo algún nivel de atención mediática externa sobre esta colonia de Estados Unidos, una nación isleña del noreste del Caribe equidistante de Guantánamo y de Caracas y sobre la cual la Casa Blanca sigue retrasando el nuevo informe de política pública en cuanto a su condición política.

Mientras tanto, la reacción contra el prolongado alzamiento estudiantil ya incluye académicos famosos que no dudan en tildar de “malandrines” a los huelguistas y de poner en juego su credibilidad haciendo esfuerzos cada vez más visibles para descarrilar el único movimiento que ha logrado presentar un frente sostenido contra políticas del gobierno conservador de Luis Fortuño. De igual manera, se incrementan las gestiones y expresiones en privado de algunos sectores afectos al oficialismo y hasta opositores temerosos de las consecuencias si no se pasa la página de la rebeldía estudiantil.

De hecho, en NCM Noticias se ha recibido informaciones específicas sobre reuniones y nombres de los estudiantes a ser blanco de las campañas.

En la otra cara de la moneda, “los muchachos” siguen recibiendo respaldos estratégicos, como el de la Coalición Interreligiosa, que agrupa todas las iglesias protestantes históricas y la Iglesia Católica, y que ha decidido apoyar el “Día Internacional de apoyo a la Universidad de Puerto Rico” con una rogativa en pedido de diálogo al anochecer del día 11 de este mes, luego de que concluya la marcha nacional en repudio a la cuota con la que se ha encarecido los costos de la educación en la universidad estatal.

Los apoyos siguen produciéndose de todos lados y mientras el tema el tema ha sido tratado en reportajes de periódicos como The New York Times y el Daily News o Pacifica Radio en EEUU, así como las cadenas Al Jazeera y Telesur, el congresista Luis Gutiérrez (demócrata de Chicago) ha mantenido viva la denuncia con discursos ante el Congreso en Washington sobre violaciones de derechos civiles en Puerto Rico. De igual forma, en Puerto Rico los apoyos fluyen de un extremo al otro del espectro político, hasta llegar a un panel público reciente en el que participaron famosas ex prisioneras políticas sentenciadas por acciones de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y el Ejército Popular Boricua.

Por su parte, los estudiantes alzados han puesto en práctica verdaderas tácticas de evasión que han incluido “dejar sobre la mesa” hasta mediados de mes la decisión sobre la huelga para desarrollar toda una serie de acciones de recuperación de fuerzas, evaluación y reorganización. Las nuevas tácticas, siguen siendo rebeldes y retan la moratoria sobre la libertad de expresión –como por ejemplo, lograr que profesores reten el sistema impartiendo sus cursos en patios y pasillos en lugar de los salones- pero no propician que puedan entrar en acción los efectivos de la Policía nacional que ocupan la Universidad de Puerto Rico.

La utilización de las tácticas nuevas se formalizaron en la asamblea estudiantil del pasado día 22, en la que los huelguistas evadieron un intento organizado para neutralizar su movimiento e implantar la nueva ley sobre el voto electrónico que virtualmente elimina el derecho de asamblea.

Ante la situación, el Gobierno a ratos da muestras de perder la paciencia, como cuando después de haber retirado las fuerzas policiales el 14 de febrero las volvió a enviar el 24 del mismo mes, al día siguiente de que los estudiantes levantaran barricadas y cerraran así el campus principal de la UPR durante 24 horas. La escena pareció sacada de una pieza teatral de humor, pues cuando vinieron a llegar los contingentes policiales armados ya hacían horas que los estudiantes habían quitado las barricadas y desaparecido todo signo visible de su acción.

De igual forma, esta semana el Gobierno intentó meter preso por un desacato inexistente al estudiante Giovanni Roberto, petición que fue declarada sin lugar por el Tribunal de Apelaciones luego de que los abogados del joven presentaran hasta una opinión de un juez conservador del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre lo improcedente de abusar del recurso cautelar del desacato para reprimir actos de libertad de expresión.

Hasta ahora, el Gobierno ha tenido éxito en evitar que los sindicatos aprovechen para lanzar su gente a las calles, sea en apoyo a los estudiantes o por sus propios reclamos, pues aunque la controvertida “Ley Siete” ha cerrado miles de puestos de trabajo e impuesto duras medidas de austeridad, ha mantenido la vigencia formal de los contratos laborales. La situación, sin embargo, se altera el miércoles 9 de los corrientes, cuando termina la vigencia del estatuto y con ella la extensión automática de la mayoría de los contratos pues en realidad sus términos expiraron durante los pasados dos años.

Esa fecha fatídica, que coincide con la conmemoración religiosa de inicio de la Cuaresma, dejaría sin la protección del contrato a la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado miembros de sindicatos y a las organizaciones sindicales sin recibir las cuotas de sus afiliados. El Senado aprobó un proyecto para prolongar la vigencia de los contratos, pero la Cámara no ha actuado en espera de que el gobernador Fortuño anuncie cuál será su posición, cosa que se espera para la misma semana próxima.

El problema aparenta ser que más allá de las estrategias de uno y otro bando está la agobiante crisis económica que se desató desde el cierre parcial del Estado en 2006 y que ha costado más de 160,000 puestos de trabajo en todos los sectores. Esa crisis se ha acelerado durante los últimos dos años, durante los cuales se perdieron 100,000 plazas.