El 27 de mayo de 1971 el Gobierno de los Estados Unidos transfirió los terrenos donde ubica el centro recreativo de Isla de Cabras al gobierno de Puerto Rico mediante una escritura suscrita por el Secretario del Interior y el entonces gobernador Luis A. Ferré. Antes de la entrega de los terrenos, ya la Policía de Puerto Rico realizaba prácticas de tiro en el lugar mediante permiso otorgado por el Ejército.

Para el 1975, un club de tiro privado, Puerto Rico Skeet and Gun Club, solicitó y recibió permiso del Gobierno de Puerto Rico para usar las canchas de tiro. Este club suscribió contratos de arrendamientos, renovados anualmente hasta el año 1990.

Pero en marzo de 2004 la Compañía de Parques Nacionales (CPN), bajo el liderato del Lcdo. Samuel González, decidió erradicar las prácticas de tiro en el lugar debido al daño ecológico que estas producían y por la incongruencia de operar campos de tiro en un área destinada al uso y disfrute recreativo de las familias. El club de tiro privado resistió la orden de la CPN, no obstante, la Policía se allanó a la misma, comprometiéndose con el Lcdo. González a abandonar el área en un tiempo relativamente corto.

Ante la negativa del club de tiro privado a abandonar el área, la Parques Nacionales radicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón contra el PR Skeet and Gun Club solicitando cese y desista de continuar las prácticas de tiro en esos terrenos, el desalojo inmediato del lugar y el pago de un millón de dólares como compensación estimada por los daños ecológicos que había sufrido Isla de Cabras desde que se instaló el campo de tiro.

La demanda no incluyó a la Policía debido al compromiso del entonces superintendente Víctor González de abandonar el área de tiro. El superintendente González había expresado públicamente que “la presencia de la policía era incompatible con un área recreativa”.

El Tribunal de Primera Instancia de Bayamón falló a favor de la CPN. El Club de tiro tuvo que abandonar el lugar, pero la Policía no cumplió su compromiso con la agencia. Debido a la falta de palabra de la Policía, en marzo de 2004, la CPN envía una comunicación al entonces superintendente Agustín Cartagena solicitándole que tiene que desalojar las facilidades debido al “manejo inadecuado” que están haciendo de las mismas y porque la CPN desarrollaría un proyecto recreativo en el lugar.

Un mes después (abril 2004), el superintendente Cartagena solicitó –nuevamente– un “tiempo razonable” a la CPN para mover el polígono de tiro. Así también, solicitó tiempo a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) para decomisar el material explosivo que de forma inadecuada almacenaban en Isla de Cabras. Carl Sodeberg, jefe de la EPA, había mostrado preocupación pública con la existencia de estos explosivos en Isla de Cabras y en junio de 1999, realizó una intervención en el lugar y ante la desorganización del mismo la agencia tuvo que explotar, de forma controlada, el cargamento acumulado. Las cenizas de ese proceso fueron estudiadas y arrojaron positivo a contaminantes. Así también, otra inspección de la agencia federal en 2009 determinó que debido a “la falta de seguridad, controles de ingenieria y falta de supervisión” en las facilidades donde estaban almacenados materiales explosivos confiscados hubo “un manejo inadecuado de éstos que representaron riesgo a la salud y al medioambiente”.

En abril de 2004, nuevamente la CPN y la Policía llegaron a un acuerdo para la salida del polígono de tiro de Isla de Cabras en un período no mayor de un año, el cual tampoco se cumplió.

Mientras, el CPN hizo una inversión significativa en el lugar. Entre las mejoras se incluyó la construcción de un edificio principal de dos niveles; una plataforma adicional de observación, un área de juegos para niños, estacionamiento para 145 vehículos, contrucción de 15 glorietas, sistema eléctrico soterrado e instalación de línea soterrada.

Desde el 2004 nuestra Comunidad ha seguido de cerca el incumplimiento y la falta de palabra de la Policía en este caso. En el 2008 realizamos una manifestación frente al centro recreativo de Isla de Cabras demandando la salida de la Policía del lugar. Le hemos escrito a los últimos tres gobernadores, así como a los distintos superintendentes y hasta el Monitor de la Policía reclamando el cierre total e inmediato del polígono, pero no han respondido.

Ante esa situación, donde la gestión administrativa no ha servido de nada, hemos decidido realizar otras gestiones que puedan adelantar la salida total e inmediata del polígono de Isla de Cabras. Entre esas gestiones está mantener la denuncia pública de la falta de compromiso de la Policía, denunciar el desastre ambiental que ha producido el polígono en el lugar, resaltar la falta de procedimientos y protocolos para almacenar explosivos y material pirotécnico incautado y advertir de la falta de permisos de la Policía para operar dicho espacio de terreno.

Por último, durante este mes de diciembre vamos a organizar la campaña NI UNA BALA MÁS EN ISLA DE CABRAS. Vamos a extrapolar las consignas y los eventos de la campaña que la Policía y los residenciales realizan exhortando a la ciudadanía a no disparar al aire durante la época navideña. Así, nosotros vamos a exhortar a la Policía a que no dispare una bala más en Isla de Cabras porque pone en peligro la vida de los ciudadanos que visitan el área y porque lo hace de manera ilegal. El superintendente no tiene “standing” para exhortar a los ciudadanos a no disparar al aire en Navidad cuando el cuerpo que dirige lo hace, de manera ilegal, todo el año en Isla de Cabras.

Seguiremos nuestra lucha hasta lograr el cierre total e inmediato del polígono de tiro.

Fuente: 80grados