El propósito oficial era resolver un caso de impuesto, pero el juez federal José A. Fusté usó las 109 páginas de su decisión en el caso Walmart para revelar datos y comentar a fondo sobre la crisis fiscal de la Isla, incluso hasta señalar que el Gobernador "habló falsedades" en su pelea pública con la firma de auditoría KPMG.

Fusté es probablemente el juez, federal o local, que más ha desarrollado la destreza de utilizar su estrado y sus decisiones para pasar las barreras de sus casos y así comentar sobre todo tipo de tema público, desde la violencia de las letras del reguetón hasta lo que entiende son deficiencias crasas en el sistema de justicia local.

Su decisión en el caso de Walmart no fue la excepción.

En un tono de esperanza, pero con las espuelas afiladas, Fusté hizo varios señalamientos sobre la actual crisis fiscal, coronados con un llamado a la necesidad de que se imponga la transparencia como filosofía de gobierno.

"El Estado Libre Asociado está en grave necesidad de más transparencia. Al pueblo de Puerto Rico no se le puede seguir manteniendo a oscuras... El pueblo se merece saber la verdad sobre cómo llegamos hasta aquí, y (adónde) podemos ir", dijo.

"No hay razón para que la actual Administración siga aplazando el día en el que se conoce el verdadero estado de sus finanzas. Tampoco hay razón para culpar a KPMG por la tardanza de los estados financieros auditados de 2014 cuando es la administración misma la que tiene la culpa", señaló a la vez que acusó que "[c]ada vez que culpaba a KPMG por ser el causante de las tardanzas en la entrega de los estados financieros auditados de 2014, el Gobernador estaba hablando falsedades".

La conclusión viene sobre la base del testimonio de Ernesto Aponte, encargado principal de la auditoría del gobierno en KPMG, quien señaló bajo juramento que no puede auditar información que su cliente no le ha dado y tampoco puede obligarlo a darla.

La decisión del juez está llena de información que el Departamento de Hacienda rutinariamente rehusa entregar a periodistas y ciudadanos bajo la excusa de que violentaría la confidencialidad de los contribuyentes cuando, en realidad, lo que se revela no es información individual de contribuyentes sino la ineficiencia del Departamento.

Por ejemplo, el impuesto disputado por Walmart sólo le aplicaba a esa entidad para el renglón más alto, y sólo a dos empresas para el renglón que le sigue. La operación de ese impuesto depende de auditorías que debe realizar Hacienda pero que, se admitió como prueba, el departamento es incapaz de realizar sencillamente porque no tiene suficientes auditores y los que tiene no tienen la destreza requerida para hacer las auditorías. En promedio, Hacienda tardó 252 días en sacar un reintegro en 2013, 325 días para 2012, y 525 días en 2011. En 2015, Hacienda tenía 176 auditores para manejar 850,000 reclamaciones de reintegros. Fusté llamó a esto una "pasmosa combinación de ineficiencia e incompetencia".

El sistema judicial local también cogió su agüita cuando Fusté sacó el promedio de lo que se tarda en resolver un caso contributivo de reintegro para ilustrar por qué Walmart no podía optar por impugnar el impuesto en los tribunales locales. Según el cálculo admitido como prueba, entre radicar el caso y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo resuelva finalmente pueden pasar un promedio de 1,326 días, o más de tres años. En los peores casos, el número es 10 años. Aún con el Supremo agrandado por la Administración Fortuño con la excusa de que había mucho ataponamiento de casos, los números dicen que un caso civil tarda un promedio de 589 días entre una decisión del Tribunal de Apelaciones y una del Supremo. En contraste, la decisión dice que el promedio de resolución de casos civiles en el Tribunal Federal es 12.1 meses.

A este Via Crucis judicial, el juez añade el argumento de que la Ley 66 de emergencia fiscal le prohibe a los tribunales ordenar que el gobierno pague una sentencia en un solo desembolso, imponiendo en vez un sistema de plan de pago que va a depender del monto de la sentencia, con plazos que están sujetos a la disponibilidad real de fondos para cumplirlos. Para efectos del caso de Walmart, Fusté calculó que la multinacional tardaría 24 años en recobrar su reintegro bajo uno de estos planes de pago.

Sobre la situación de las finanzas públicas, revela que Hacienda deniega solicitudes de desembolso que hacen las agencias aún cuando se someten bajo juramento sobre la necesidad de mantener la continuidad y estabilidad de las operaciones públicas. La Administración nunca ha revelado el detalle de estas solicitudes.

Entre las movidas de la Administración para buscar dinero hasta debajo de las piedras, se consigna: a) sacarle $400 millones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, b) retenerle asignaciones por $309 millones a entidades como la Universidad de Puerto Rico, c) desviar $163 millones destinados al pago de deuda, d) dejar de separar los rutinarios $93.1 millones mensuales para la reserva del pago de deuda, e) retener todos los reembolsos de planillas corporativas para 2014, y f) acumular $1,800 millones en dinero adeudado a suplidores.

"Sólo una rededicación a la competencia en el gobierno, honestidad en la administración, y transparencia absoluta en nuestros asuntos nos va a llevar hacia adelante.... [s]encillamente, nuestro barco no puede, y no se irá, a la deriva. Esto es en lo que cada miembro de nuestra sociedad debe trabajar, como un equipo, para lograr. La travesía por delante será difícil pero, juntos, podemos capear la tormenta", conluyó Fusté.

El juez no dijo, sin embargo, si utilizará sus facultades judiciales para, en un acto de transparencia, liberar toda la información que obra en el récord del caso y que permanece bajo el manto de su orden de protección.

Foto por: Josian Bruno Gómez / NotiCel

Fuente: Claridad