Las juntas de control para regir las posesiones caribeñas de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos han tenido un historial difícil desde que comenzaron a implantarse en 2009 y han surgido dudas sobre la sabiduría de ese mecanismo de manejo fiscal y geopolítico en esta etapa de colonialismo tardío.

En todas se ha argumentado la soberanía imperial retenida sobre la autonomía previamente concedida a las colonias, así como los problemas fiscales y de corrupción, aunque en todas también ha habido oposición que, por lo menos en una, llegó hasta un suceso de sangre.

De hecho, el caso más grave hasta ahora ha sido el proceso de Curazao, durante el cual, en 2013, se produjo el asesinato del líder de la lucha por la independencia, Helmin Wiels. Esa muerte, sin embargo, lejos de resolver los problemas, marca un paso en la ruta de encono y resentimiento entre los poderes metropolitanos y las clases políticas isleñas.

La primera de estas juntas se implantó en las islas de Turcos y Caicos en 2009, por parte de Inglaterra bajo la denominación de “control directo” (direct rule) y entregó al gobernador y un grupo selecto de asesores el control total, en lo que la jefatura del gobierno autonómico denominó un “golpe de Estado”. Pero Inglaterra la impuso porque encontró “señales claras de amoralidad e inmadurez políticas, así como incompetencia administrativa general”.

El aspecto de la “inmadurez política” impuesta permanentemente sobre estas sociedades en el Caribe, hace recordar, a veces, al Peter Pan y las islas de la tierra de “nunca jamás” en la literatura infantil.

Ni siquiera los centros de poder metropolitano escapan de la “inmadurez” y, por ejemplo, la Casa Blanca hace lo indecible para tratar de lograr que la mayoría republicana del Congreso sea la que exija que se implante una de esas juntas en Puerto Rico. En el pulseo sobre quién asumirá la culpa –que ya ha fracasado tres veces y está en su cuarto intento- está ausente la mención de las otras juntas del Caribe, como tampoco se menciona que tiene que ver con la insuficiencia de Estados Unidos para el control geopolítico y militar de la región.

La Cuarta Flota de EEUU es una “virtual” –imaginaria- que usa barcos asignados de forma ocasional. En el informe estratégico de la Casa Blanca de 2015 se reconoce la importancia de que los barcos de los reinos de Inglaterra y Holanda patrullen el Caribe y hasta dan transporte a personal de EEUU para la lucha contra los contrabandistas, así como también lo hacen Francia y Canadá, lo que hace recordar la piratería de siglos pasados.

El tema fue discutido, de manera bastante clara, en los incidentes de Curazao, donde junto a las dos bases de la Armada de Su Majestad, cercanas a la de infantería de marina de Aruba, EEUU tiene también una base, que se especializa en vigilar a Venezuela y sus costas.

Para los territorios de Holanda en el Caribe, todo comenzó en 2008, con el acuerdo en la “mesa redonda” de Curazao de disolver las Antillas Holandesas y fraccionarla a base del sistema de “status aparte”. La construcción del nuevo arreglo trajo consigo cambios importantes en materia fiscal y de gobernanza.

El primero fue que Holanda asumió el 70 por ciento de la deuda pública de las Antillas Holandesas, con las condiciones de la llamada “regla dorada” de que sólo se emitiría deuda sucesiva para la inversión y la “regla de carga de intereses” de la deuda a base de recaudos. Para que se garantizara que los isleños cumplieran, se impusieron los Consejos de Control Financiero, con poderes amplios y que revisan los presupuestos.

El arreglo ha resultado satisfactorio para las casas clasificadoras de crédito de Wall Street, pero no ha frenado la corrupción rampante ni otros males sociales.

Ya en 2012, en Curazao, Pueblo Soberano, fundado por Wiels, se alzó con la victoria y se dirigía a encaminar el país hacia la independencia, en lucha contra la corrupción y con la promesa de sacar de allí las bases de espionaje contra Venezuela que tiene Estados Unidos. Pero el 5 de mayo de 2013, a las cinco de la tarde, mataron a Wiels de cinco tiros.

Pocos meses después, el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, visitó las islas y dijo que si querían la independencia, bastaba con que le llamaran por teléfono. Pero, se advirtió que “el gran aliado, EEUU, trataría de evitarlo” puesto que  “en ninguna otra parte del mundo hay destacados tantos soldados de Holanda como en las islas del Caribe, en especial para combatir el tráfico de drogas entre norte y sur América. Hay un gran temor de que esa mafia de la droga pueda tomar todas las islas si Holanda no continúa como responsable por ellas”.
El caso es que en 2015 se extendió el mandato de la junta hasta el 2018, pero la oposición a dicho organismo es tal que, al menos en Curazao, abarca ya los cinco partidos principales.

Mientras tanto, el “direct rule” de Turcos y Caicos, que se extendió hasta 2012, habría quedado como un episodio aislado, pero este año, en los “papeles de Panamá”, se publicaron detalles comprometedores de operaciones financieras en bancos de ultramar, incluidos los de territorios caribeños británicos. Ante eso, comenzó en Londres la discusión sobre implantar el “direct rule” en todas las posesiones caribeñas como medida cautelar.
La oposición y la defensa de la autonomía de los gobiernos caribeños han sido rápidas, por la proximidad de la experiencia de Turcos y Caicos.

Al igual que los holandeses, en Londres se plantea que no hay abuso colonial y el jurista Graham John Weeler, citó el “White Paper” de 2012, en que se afirma que “el Parlamento del Reino Unido tiene poderes ilimitados para legislar para los territorios”. Según su punto de vista, los territorios tendrían la opción de reclamar su independencia.