Todo indica que el anuncio de la privatización de la AEE fue otra de las muchas decisiones que la administración de Ricardo Rosselló ha tomado por impulso, como un acto de improvisación.

¿Puede venderse una empresa en quiebra? Claro, es algo que se ve casi todos los días en las sesiones del Tribunal de Quiebras que opera desde el Viejo San Juan. Y aunque el procedimiento en el que se dilucida la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), nace de la ley llamada PROMESA, en su forma y contenido es similar al del código federal de quiebras. Nada impide, por tanto, que la AEE se venda completa o en pedazos.

Los deudores, ya fueren individuos o corporaciones, van al tribunal de quiebras buscando “protección” frente a sus acreedores. Incapaz de pagar a todos, el deudor de ordinario se enfrenta al acoso de sus acreedores que buscan cobrar sus acreencias mediante presiones judiciales y extrajudiciales. Al presentarse una “petición de quiebra” se produce, por mandato de la ley, la paralización automática de toda acción o gestión de cobro contra el deudor, las que a partir de la petición tendrán que hacerse dentro del proceso judicial. El peticionario respira aliviado porque ya no tendrá a los acreedores pisándole los talones

Esa “protección”, claro está, tiene implicaciones muy serias para el deudor que la invoca. Una vez acude al tribunal todos sus bienes están sujetos al albedrío de la corte que al final decidirá lo que sucederá con éstos. Existen criterios especificados en el código para establecer cuál de los acreedores cobra primero y en qué proporción, pero las decisiones serán del tribunal, no del deudor.

En un proceso de quiebra corporativa siempre hay dos posibles desenlaces: reorganización o liquidación. En la primera la entidad corporativa subsiste y sigue operando, aunque reestructurada de manera distinta. En esos casos, el tribunal finalmente decide a quién se le paga, cuánto y cómo se harán los pagos, para permitir que el negocio pueda seguir en funciones.

La liquidación por otro lado, como sugiere su nombre, supone la venta de todos los activos del deudor y la distribución de lo que se obtenga entre los acreedores de acuerdo con un orden preestablecido. En muchas liquidaciones sólo terminan cobrando los llamados acreedores “asegurados”, que son los tienen alguna garantía inscrita (i.e. hipoteca) respaldando su acreencia. El dueño del negocio, por su parte, no sólo se quedará con las manos vacías sino que perderá todo lo que una vez invirtió.

Desde el verano de 2017 la AEE está bajo la “protección” del procedimiento de quiebra establecido en la ley PROMESA. Estaba realmente en quiebra desde hacía tiempo y se enfrentaba a la amenaza de múltiples pleitos de cobro de dinero, pero el código federal –el único que existía y puede existir– le vedaba acceso a sus procedimientos. Como se recordará, la administración de Alejandro García Padilla trató de llenar ese vacío aprobando una ley de quiebra “criolla”, a la que podían acogerse las corporaciones públicas puertorriqueñas, pero el Tribunal Federal la declaró inconstitucional. Luego, con la aprobación de PROMESA se creó un procedimiento controlado por los federales y, tras autorizarlo la Junta de Control Fiscal, la AEE se acogió al mismo.

La pasada semana el gobernador Ricardo Rosselló, en un mensaje televisivo previamente muy promocionado, anunció que había “decidido” “ordenar” la privatización de la AEE. Junto a la privatización de la AEE, anunció que el “producto” de esa venta iría a engrosar las arcas de los planes de retiro de los empleados públicos, las que actualmente están vacías.

¿Podía el gobernador puertorriqueño hacer ese anuncio o, planteado de otra forma, tiene algún efecto real esa “orden” disponiendo la privatización? Como sucede con todo deudor que invoca la “protección” de un procedimiento de quiebra, lo que ocurrirá con los activos y pasivos de la AEE es decisión exclusiva del tribunal que entiende en el caso y de nadie más. Desde que se acude al tribunal el único curso disponible para el “dueño” del negocio quebrado es hacerle pedidos al tribunal mediante mociones escritas. Eso quiere decir que el gobernador no tiene autoridad para ordenar ni disponer nada. Sólo puede hacer lo que los abogados llaman una petición “rogada” ante la corte solicitándole que emita alguna orden.

La decisión de vender o no los activos de la AEE será del tribunal y esa posible acción siempre estuvo sobre el tapete desde que la corporación pública se acogió al procedimiento de quiebra. Y el primer objetivo de la venta de los activos de un quebrado será pagarle a sus acreedores. Cuando la ciudad de Detroit se acogió a la quiebra todos sus activos fueron evaluados para la venta incluyendo la muy valiosa colección de arte del instituto o museo público. La venta en subasta de la colección se impidió gracias a que miles de personas y entidades de todo Estados Unidos aportaron más de $800 millones para pagar a los acreedores de la ciudad.

Antes del anuncio de Rosselló era muy probable que los activos de la AEE se vendieran. Ahora la probabilidad es mayor porque el propio deudor, en lugar de exigir que la entidad fuera reorganizada y mantenida operando, ha solicitado su liquidación. Más que una buena estrategia legal dentro del proceso judicial, parece un acto suicida que sólo resultará en beneficio de los acreedores. En todo proceso de liquidación conducido en tribunal de quiebras el producto de la venta va en primer lugar a pagarle a los acreedores. No creo que haya existido nunca una liquidación de una empresa en quiebra donde los dueños de la entidad liquidada hayan recibido algún beneficio de la liquidación. Si ese fuera el caso entonces había más haberes que deudas y no era necesario de buscar la protección de la quiebra.

Todo indica que el anuncio de la privatización de la AEE fue otra de las muchas decisiones que la administración de Ricardo Rosselló ha tomado por impulso, como un acto de improvisación. Ante la indignación generalizada que existe en el país por el pobre desempeño de la Autoridad y del Gobierno en el proceso de recuperación post huracán, el anuncio buscaba un titular de impacto. El efecto que en realidad tendrá será hacer aún más difícil el procedimiento de quiebra judicial, mejorando la posición de los acreedores y lastimando el interés público.

(Claridad)