La desregulación del mercado, un alza en las tarifas y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) serán los resultados de la reforma energética que impulsan tanto el Presidente del Senado como varios proyectos de la Cámara de Representantes. La advertencia la lanzó la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE (AEAJ-AEE), en conferencia de prensa.

La Alianza precisó que el Proyecto Sustitutivo (PS 1457 y 1618) aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada no reducirá el costo de energía a los consumidores y lo mismo sucede con la propuesta de reforma que impulsó el presidente del Senado, licenciado Eduardo Bhatia, la cual fue aprobada en una cerrada votación hace una semana.

Por el contrario, ambos proyectos, afirmó la Alianza, buscan desregular el mercado energético del país y de esa manera, viabilizar el camino a la privatización.

“Hemos reiterado nuestra oposición a cualquier medida que atente contra el carácter público de la AEE. Creemos en la transformación e insistimos que para bajar el costo de la luz, lograr mayor eficiencia y salvaguardar los derechos de los consumidores, no hay que crear un nuevo organismo cuyas facultades ya existen y se ejercen en su Junta de Directores. Al hacerlo estaríamos añadiendo procesos burocráticos con las consecuencias económicas que eso implica”, dijo Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (UTIER), y portavoz de la Alianza.

Según la Alianza, el proyecto sustitutivo de la Cámara propone la creación de la Comisión Reguladora de Utilidades Públicas de Puerto Rico, mientras el Senado promueve una Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía de Puerto Rico. En ambos casos, advirtió Figueroa Jaramillo, ninguna de estas propuestas es cónsona con la política pública que ha establecido la administración de García Padilla y que reafirma la oposición a cualquier medida que privatice la AEE o liberalice el mercado de generación de energía. La Alianza lanzó la advertencia al gobernador Alejandro García Padilla de los riesgos del proyecto de la Cámara, los cuales se “conjugan ahora con las intenciones del presidente senatorial Eduardo Bhatia”.

Los líderes de la Alianza reiteraron sus posturas de que los proyectos de Cámara y Senado fomentarán la libre competencia de la generación de energía y se presentan como medidas “salvadoras” colmadas de promesas inalcanzables.

“Algunos legisladores, como Bhatia, Aníbal José Torres y Ramón Luis Nieves, se han convertido en voceros de un discurso populista que promete, falsamente, bajar el costo de la electricidad. Ninguno le dice al pueblo cómo se bajará la luz y le hacen creer que con la supuesta reforma energética lo harán. Ninguno de los proyectos presentados en la Legislatura puede bajar la luz porque no son más que una reforma que oculta las intenciones de privatización de la AEE mediante un plan para desregular el mercado y crear una Comisión o Junta Reguladora independiente que no logrará ni bajar la luz, ni proteger al consumidor”, señaló Evans Castro, presidente de la Unión de Empleados Profesionales de la AEE.

Al reafirmar su postura, la Alianza expuso que el proyecto sustitutivo aprobado por la Cámara (P de la C 1457 y 1618) propone la creación de una Comisión Reguladora de Utilidades Públicas, en cuyo Artículo 17 (d) dispone que; “dentro de los tres (3) años, a partir de la vigencia de esta Ley, la Comisión iniciará un procedimiento para determinar si la AEE retiene el dominio de mercado sobre la totalidad o parte de los mercados de energía. Si la Comisión determina que la AEE no mantiene dominio de mercado en cualquier línea de negocios, ésta podrá abstenerse (“forbear”) de reglamentar a la AEE”.

En el caso del proyecto que impulsa el Presidente del Senado (P del S 837), la propuesta de crear una Comisión Reguladora y Fiscalizadora de Energía operará como un organismo independiente con autoridad para regular la libre competencia y privatizar las operaciones de la AEE. En su Artículo 5 el proyecto lee: “La Comisión tendrá los siguientes poderes y deberes: (1) Establecer, desarrollar y asegurar la cabal implantación de la política pública energética del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; (2) Promover y asegurar la libre competencia, en igualdad de condiciones, entre los proveedores de servicios de energía, de haber más de uno; (8) Establecer, fijar y aprobar las tarifas que le cobren el o los proveedores de servicios de energía a sus clientes o consumidores”.

La comisión propuesta por el Presidente del Senado le costará al Fondo General (FG) $5 millones al año, y le delega todo el poder de regulación energética y formulación de la política pública a un cuerpo que sólo tendrá tres miembros y a quienes se les remunerará a razón de $105,000 anuales. “Estos comisionados, que no representarán el interés publico, no están aptos para resolver una controversia a favor del consumidor”, denunció la Alianza. Hace unas semanas, los representantes del pueblo en la Junta de Gobierno de la AEE, Agustín Irizarry y Juan Rosario, junto a miembros de la Alianza Energética (AE), hicieron estos mismos señalamientos.

Los empleados activos y jubilados de la AEE llamaron la atención a que los proyectos de Cámara y Senado repiten la misma receta fracasada en otros estados de Estados Unidos, donde, amparados en el discurso de bajar la luz, se legisló para desregular la generación de energía y con ello aumentaron las tarifas en lugar de bajar. Al igual que Irizarry y Rosario, hicieron referencia a ejemplos de desregulación energética y libre competencia ensayados hace unos años en el estado de California que, contrario a lo propuesto, derivaron en un aumento en el costo de la factura del consumidor. Esa misma experiencia se ha repetido en muchos estados con resultados negativos para los abonados.

“Una cosa tenemos clara, las empresas de energía están detrás de la ganancia, no del bien común ni el interés público. Si le cedemos el mercado de generación, como insiste Bhatia y de la misma manera en que lo aprobó la Cámara, perdemos todos. La generación es un negocio lucrativo que debe permanecer en manos del Estado. Sin embargo, el proyecto de la Cámara, por ejemplo, se contradice porque por un lado promueve la libre competencia y la desregulación y, por otro, reconoce que el servicio eléctrico es un bien esencial que se proveerá sin ánimo de lucro. ¿Cómo se explica esta afirmación legal con el contenido del proyecto de ley?”, cuestionó Figueroa Jaramillo.

Los representantes de la Alianza alertaron, a su vez, que la creación de cualesquiera de las comisiones propuestas, a tenor con las funciones que les atribuyen las medidas legislativas, tienen visos de inconstitucionalidad porque menoscaban las obligaciones contractuales.

La AEAJ-AEE y la Alianza Energética, a la que pertenece, propulsan el que para reducir los costos en la factura de la luz se debe aumentar la eficiencia de la AEE; procurar mayor transparencia en la operación de la corporación pública y atender las quejas de los consumidores, y que, por ende, no es necesario crear una entidad externa ni mucho menos liberalizar el mercado de generación. Al igual que los activistas Rosario e Irizarry, reclaman la necesidad de que la AEE inicie un modelo de gobernanza pública democrática –despolitizado– mediante la instauración de una Junta de Directores con representación efectiva de todos los sectores concernidos en el tema de la energía, sus costos y el buen funcionamiento de la agencia.

Coinciden además en que el cuerpo directivo de la AEE debe estar conformado por una junta de nueve miembros, dos en representación de los consumidores, dos designados por el Gobernador y cinco entre sectores cooperativista, industrial, sindical, pequeños comerciantes y gremios de economistas seleccionados por sus pares, tal como fue presentado hace meses en el P del S 499.

Para bajar el costo de la luz, los líderes gremiales de la AEE presentaron alternativas de ahorro y eficiencia que alegan ascienden hasta $843 millones y que representarían una reducción en la factura del abonado de 20 por ciento, reflejado en un ahorro de $43 mensual o $499 anual por cliente.

“Lograr esa reducción sólo requiere la buena intención legislativa y la voluntad de la alta gerencia de la AEE para eliminar y reducir los subsidios de todo tipo que se le han impuesto a la corporación, reducir gastos operacionales, renegociar contratos de energía y aumentar la eficiencia en el cobro de cuentas morosas”, concluyeron los portavoces sindicales.