Desde la declaración histórica del 17 de diciembre de 2014, Washington ha anunciado algunas medidas destinadas a suavizar el estado de sitio económico que pesa sobre Cuba. Pero el camino es todavía largo.

El 16 de enero de 2015 entraron en vigor las medidas de flexibilización que anunció Estados Unidos en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales iniciado por los Presidentes Barack Obama y Raúl Castro. Aunque no ponen término a las sanciones económicas, constituyen una señal positiva y confirman la voluntad de Washington de acabar con una política anacrónica, cruel e ineficiente. Dicha política constituye efectivamente el principal obstáculo al desarrollo de la isla, afecta a las categorías más vulnerables de la población cubana y suscita la condena unánime de la comunidad internacional.[1]

La primera medida concierne las posibilidades de viajar a Cuba. Aunque los ciudadanos estadounidenses todavía no están autorizados a viajar a la isla como turistas ordinarios –mientras pueden ir a China, Vietnam o Corea del Norte-, Washington ha decidido facilitar las estancias en el marco de 12 categorías específicas autorizadas por la ley (visitas familiares, oficiales, periodísticas, científicas, educativas, religiosas, culturales, humanitarias, profesionales, etc.). Así, en este marco, las agencias de viajes y compañías aéreas estadounidenses ya pueden ofrecer sus servicios sin requerir una licencia específica por parte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, Departamento del Tesoro). Por otra parte, los ciudadanos autorizados a viajar a Cuba pueden ahora usar sus tarjetas de crédito en la isla, sin límites de importe. También están autorizados a llevar hasta 10 000 dólares y traer hasta 400 dólares de productos cubanos, entre ellos 100 dólares de tabaco y alcohol[2].

Con respecto a las remesas a Cuba ahora es posible mandar hasta 2.000 dólares mensuales, en vez de los 500 dólares permitidos anteriormente. No obstante, según la ley estadounidense, los altos funcionarios del Gobierno y los miembros del Partido Comunista no pueden beneficiarse de la ayuda familiar procedente de Estados Unidos. Max Lesnik, director de la revista La Nueva Réplica de Miami, critica esta restricción: “Durante años acusaron al gobierno de La Habana de dividir a la familia cubana por razones políticas e ideológicas. Ahora bien, hoy resulta que es la política estadounidense la que separa a las familias de modo arbitrario impidiendo que un cubano de Miami brinde apoyo a su madre en La Habana so pretexto que es militante del Partido Comunista o miembro del Gobierno”.[3]

Por otra parte, los ciudadanos estadounidenses pueden también brindar apoyo financiero a los cubanos en el marco de proyectos humanitarios y de desarrollo del comercio privado, sin límite de importe.[4]

En el campo de las telecomunicaciones, las empresas estadounidenses podrán exportar su tecnología a Cuba en el marco de licencias concedidas por el Departamento de Comercio. Así, los cubanos podrán adquirir computadoras, software, teléfonos celulares, televisores, etc. en Estados Unidos. El sector privado cubano también podrá comprar material de construcción y equipos agrícolas. No obstante, las empresas nacionales no tendrán esta posibilidad. Del mismo modo será posible exportar a Estados Unidos algunas mercancías producidas por el sector privado cubano. Sin embargo, dado que la inmensa mayoría de la producción de bienes y servicios procede de empresas estatales, el impacto de estas medidas resulta muy limitado.[5]

En el campo financiero, las empresas estadounidenses, comercialmente vinculadas a Cuba, pueden ahora abrir una cuenta en una institución financiera de la isla. Finalmente Washington anunció la suspensión de un aspecto de la ley Torricelli de 1992 que prohibía a todo barco extranjero que entrara en un puerto cubano viajar a Estados Unidos en los siguientes seis meses.[6]

Además de estas medidas, el 21 de enero de 2015 Washington mandó a una importante delegación a Cuba encabezada por Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para los Asuntos Hemisféricos, con el fin de entablar las primeras conversaciones con vistas a restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Se trata de la más importante visita oficial en treinta años.[7]

El margen de maniobra de Barack Obama

En su discurso en el Congreso, el presidente Obama exhortó a los parlamentarios a que levantaran las sanciones económicas contra Cuba. “En lo que se refiere a Cuba ponemos fin a una política que superó su fecha de caducidad hace mucho tiempo. Cuando lo que hacemos no funciona durante cincuenta años es tiempo de adoptar un nuevo enfoque”, declaró. “Nuestro cambio de política respecto a Cuba puede poner término a un legado de desconfianza en  nuestro hemisferio […] y este año el Congreso debe poner fin al embargo, concluyó Obama.[8]

Es verdad que desde la adopción de la ley Helms-Burton en 1996, sólo el Congreso está habilitado para abrogar las distintas leyes sobre las sanciones económicas y permitir así el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales normales con Cuba. No obstante, Barack Obama dispone de numerosas prerrogativas ejecutivas como presidente de Estados Unidos para flexibilizar considerablemente el estado de sitio económico impuesto al pueblo cubano, creando licencias específicas.

Por ejemplo en 2000, en virtud de sus facultades ejecutivas, Bill Clinton autorizó la venta de materias primas alimenticias a Cuba, aunque las condiciones impuestas son drásticas (pago por adelantado, en otra moneda que el dólar, sin posibilidad de crédito, etc.). Del mismo modo, en septiembre de 2009 el Presidente Obama puso fin a las restricciones a las visitas familiares que impuso George W. Bush en 2004 a la comunidad cubana de Estados Unidos (un solo viaje de 14 días cada tres años y únicamente para visitar a familiares directos) y favoreció los viajes a los ciudadanos estadounidenses en el marco de misiones bien definidas (12 categorías).

Fue también en ese marco en el que la Casa Blanca anunció una flexibilización de las restricciones en diciembre de 2014, efectiva desde enero de 2015. Según Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos del ministerio de Relaciones Exteriores cubano, encargada de las negociaciones bilaterales con Washington, “el presidente Obama tiene prerrogativas ilimitadas para vaciar el bloqueo de su contenido fundamental”.[9]

Así, en virtud de sus poderes, Barack Obama puede perfectamente autorizar el comercio bilateral entre Cuba y Estados Unidos y permitir a las empresas de ambos lados del estrecho de la Florida establecer relaciones normales. No hace falta ningún acuerdo por parte del Congreso. En efecto, sólo las filiales de las empresas estadounidenses establecidas en el exterior no pueden comerciar con la Isla del Caribe sin un acuerdo parlamentario, por la Ley Torricelli de 1992.

Obama también puede permitir que Cuba adquiera en el mercado mundial productos que tienen más del 10% de componentes estadounidenses. En la actualidad cualquier producto de Francia, Japón, Brasil o China que tenga más del 10% de componentes estadounidenses no puede venderse a Cuba. Por ejemplo, La Habana tiene enormes dificultades para renovar su flota aeronáutica, pues la inmensa mayoría de los aviones vendidos en el mercado mundial tienen más componentes fabricados en Estados Unidos.

El presidente también podría autorizar la importación de productos fabricados en el mundo con materias primas cubanas. Hoy es imposible. Así, si la empresa alemana Mercedes desea exportar sus vehículos a Estados Unidos tiene que demostrar al Departamento del Tesoro que no contienen ni un solo gramo de níquel cubano. Del mismo modo, si Danone quiere vender sus productos en el primer mercado mundial debe demostrar a Washington que no contienen ni un solo gramo de azúcar cubano. Estas limitaciones constituyen un serio obstáculo al desarrollo del comercio de Cuba con el resto del mundo.

Del mismo modo la Casa Blanca podría consentir a la venta a crédito de productos no alimenticios a Cuba. En efecto, si la Ley de Reforma a las Sanciones Económicas de 2000 hace posible la venta de materias primas alimenticias a Cuba, prohíbe en cambio la concesión de crédito para facilitar este tipo de transacción. Obama podría aprobar el uso del pago diferido para los sectores no alimenticios.

Por otra parte, Obama podría también acceder a que la Isla del Caribe usase el dólar en sus transacciones comerciales y financieras con el resto del mundo. En efecto, Cuba se ve obligada a realizar malabarismos monetarios en el campo del comercio internacional y tiene que soportar el costo sustancial de las operaciones de cambio en sus relaciones con otras naciones del mundo. Lo que tiene un impacto financiero importante en un pequeño país del Tercer Mundo con recursos limitados.

Así, como se puede ver, el presidente Obama dispone de todas las prerrogativas necesarias para vaciar de su sustancia las sanciones económicas contra Cuba y llevar al Congreso a acabar definitivamente con una política de otro tiempo.

[1] The White House, «Fact Sheet: Charting a New Course on Cuba», 17 de diciembre

[2] Ibid.

[3] Entrevista telefónica del 15 de febrero de 2015.

[4] The White House, «Fact Sheet: Charting a New Course on Cuba», op. cit.

[5] The White House, «Fact Sheet: Charting a New Course on Cuba», op. cit.

[6] The White House, «Fact Sheet: Charting a New Course on Cuba», op. cit.

[7] Agence France Presse, “Estados Unidos y Cuba reanudarán diálogo el 27 de febrero en Washington”, 17 de febrero de 2015.

[8] Jim Avila &Meghan Keneally, «President Asks Congress to Lift the Embargo Against Cuba», ABC News, 20 de enero de 2015. http://abcnews.go.com/Politics/president-congress-lift-embargo-cuba-sources/story?id=28358404 (sitio consultado el 15 de febrero de 2015).

[9] Cristina Escobar, «La relación de Cuba y Estados Unidos: una entrevista a Josefina Vidal», Cuba Hoy, 2 de febrero de 2015. https://www.youtube.com/watch?v=C4IhP2pUOCg (sitio consultado el 15 de febrero de 2015).

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Acercamiento Cuba-Estados Unidos: Perspectivas y obstáculos (Parte II y final)

Salim Lamrani

En el proceso de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos quedan muchos obstáculos que superar.

Además de las sanciones económicas quedan otros obstáculos que superar en el camino del restablecimiento de relaciones diplomáticas normales

y apaciguadas. Primero, Estados Unidos debe quitar Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. En efecto, la administración Reagan ubicó a Cuba en esta categoría por su apoyo a los movimientos revolucionarios e independentistas en América Latina y en el mundo. Hoy Washington justifica el mantenimiento de Cuba en dicha lista por la presencia de unos miembros de la organización separatista vasca ETA y de la guerrilla colombiana de las FARC en Cuba que se encuentran en la isla… a petición expresa de los gobiernos español y colombiano.

Washington lo reconoce claramente en su informe: “El Gobierno de Cuba apoyó y auspició negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Colombia con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre ambas partes”. Estados Unidos reconoce que “no hay información de que el Gobierno cubano haya suministrado armamento o dado entrenamiento paramilitar a grupos terroristas” y admite que “los miembros de ETA residentes en Cuba fueron reubicados con la cooperación del Gobierno español”. Washington justifica también la inclusión de Cuba en la lista de los países terroristas a causa de la presencia en la isla de refugiados políticos buscados por la justicia estadounidense desde los años 1970 y 1980. Ahora bien, ninguna de esas personas ha sido acusada jamás de terrorismo.[1]

Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) rechazaron unánimemente la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, asestando un serio revés a Washington. En una declaración publicada el 7 de mayo de 2014 la CELAC expresó “su total oposición a la elaboración de listas unilaterales que acusan a algunos estados de supuestamente apoyar y copatrocinar el terrorismo e insta al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin a esta práctica” que suscita “la reprobación” de “la comunidad internacional y de la opinión pública de Estados Unidos”.[2].

En efecto, el establecimiento de tal lista se basa únicamente en consideraciones políticas. Conviene recordar que Washington mantuvo a Nelson Mandela, héroe de la lucha contra el apartheid, presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999 y Premio Nobel de la Paz, en la lista de las personas involucradas en el terrorismo internacional hasta 2008. En cambio las monarquías petroleras del Medio Oriente aliadas de Estados Unidos e implicadas en el financiamiento del terrorismo internacional, particularmente del DAESH, no forman parte de la lista del Departamento de Estado.

Cuba exige también la abrogación de la Ley de Ajuste cubano que adoptó el Congreso en 1966. Esta legislación, única en el mundo, estipula que todo cubano que emigre a Estados Unidos desde el 1 de enero de 1959, legal o ilegalmente, pacíficamente o por la violencia, consigue automáticamente al cabo de un año y un día el estatus de residente permanente. Por eso no hay ningún cubano en situación ilegal en el territorio estadounidense. Esta ley constituye una formidable herramienta de incitación a la emigración ilegal y permite a Estados Unidos arrebatar a Cuba su capital humano. Al mismo tiempo Washington limita el número de visas concedidos cada año a 20.000, lo que alimenta así la peligrosa y lucrativa industria criminal de la emigración ilegal.

En lo relativo a la problemática migratoria, La Habana pide también la abrogación de la política gubernamental “Pies secos/pies mojados” que se adoptó a principios de los años 1990. Esa ley estipula que todo cubano candidato a la emigración interceptado en plena mar por las autoridades estadounidenses es automáticamente devuelto a Cuba. En cambio si llega a pisar tierra se beneficia de la Ley de Ajuste Cubano.

Guantánamo, que Estados Unidos ocupa ilegalmente desde 1902, constituye también un punto de fricción. En efecto, tras la intervención estadounidense de 1898 en la Guerra de Independencia de Cuba, Washington impuso la integración de la enmienda Platt en la nueva Constitución so pena de mantener indefinidamente la ocupación militar de la isla. Este apéndice legislativo, que hacía de Cuba un protectorado sin verdadera soberanía, estipulaba, entre otros asuntos, que Cuba tenía que arrendar a Estados Unidos un parte de su territorio por una duración de 99 años renovables indefinidamente… a partir del momento en que uno de los dos campos estuviera favorable a ello. Tras la abrogación de la enmienda Platt en 1934 se mantuvo la base naval de Guantánamo por la irrisoria suma de 4.000 dólares anuales. Desde el 1 de enero de 1959 el Gobierno cubano se niega a percibir la retribución anual y exige la devolución del territorio. Hasta hoy Washington rechaza toda idea de retirarse de Guantánamo.

El financiamiento de la oposición interna constituye también un tema de discordia entre Washington y La Habana. Ilegal según el Derecho Internacional, la legislación cubana y cualquier código penal del mundo, el apoyo a la disidencia cubana con el objetivo de derrocar el orden establecido ha sido uno de los principales pilares de la política exterior estadounidense respecto a la Isla desde 1959. Aunque esta política fue clandestina de 1959 a 1991 se volvió pública y reivindicada desde la adopción de la Ley Torricelli de 1992. En efecto, el artículo 1705 de dicha legislación estipula que se dedica un presupuesto al financiamiento de una oposición interna en Cuba. Se ratificó esta disposición en la Ley Helms-Burton de 1996 (artículo 109) y en los dos informes de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre de 2004 y 2006. Hoy Washington dedica como promedio 20 millones de dólares anuales a conseguir un “cambio de régimen” en Cuba, en flagrante violación del Derecho Internacional. Además los diplomáticos estadounidenses destinados en La Habana brindan regularmente apoyo material, logístico y financiero a los grupos de disidentes, mofándose de la Convención de Viena.

La Habana reclama también el fin de las transmisiones radiales y televisivas de Radio y TV Martí, respectivamente creadas en 1983 y 1990 por el gobierno federal, con el objetivo de incitar a la población a sublevarse contra el poder. Sus programas se destinan exclusivamente a Cuba y se difunden violando la legislación internacional sobre las telecomunicaciones, interfiriendo con las ondas cubanas.

Las autoridades de la isla exigen por fin que desaparezcan los grupúsculos violentos implicados en el terrorismo contra Cuba. Conviene recordar que el pueblo cubano fue víctima entre 1959 y 1997 de cerca de 7.000 atentados terroristas, organizados desde Estados Unidos, que costaron la vida a 3.478 personas e infligieron secuelas permanentes a otras 2.099, sin hablar de los innumerables daños materiales.

Luis Posada Carriles es un caso emblemático. Expolicía bajo la dictadura de Fulgencio Batista, antiguo agente de la CIA que participó en la invasión de Bahía de Cochinos, Posada Carriles es el autor intelectual de más de un centenar de asesinatos. Es particularmente responsable del primer acto de terrorismo aéreo del continente americano con el atentado contra el avión civil de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976 que costó la vida a 73 personas, entre ellas todo el equipo juvenil de esgrima que acababa de ganar los Juegos Panamericanos. Posada Carriles es también responsable de la ola terrorista que golpeó la industria turística cubana en 1997, que causó decenas de víctimas y costó la vida a Fabio di Celmo, un turista italiano.[3]

No hay la menor duda en cuanto a la culpabilidad de Luis Posada Carriles. No hace falta prestar atención a las acusaciones procedentes de La Habana. En efecto, los informes del FBI y de la CIA son explícitos al respecto: “Posada y Bosch orquestaron el atentado con bomba contra el avión”.[4] Del mismo modo, en su autobiografía Los caminos del guerrero reivindica abiertamente su trayectoria terrorista. Por otra parte, el 12 de julio de 1998 Posada Carriles concedió una entrevista al New York Times en la cual se jactaba de ser la persona que había cometido el mayor número de actos terroristas contra Cuba, reivindicando la paternidad intelectual de los atentados de 1997. Según él, el turista italiano “se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. [5] Hoy Luis Posada Carriles vive tranquilamente en Miami y Estados Unidos se niega a juzgarlo por sus crímenes.

Mientras no se resuelvan estas cuestiones, a saber, levantamiento de las sanciones económicas, retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, abrogación de la Ley de Ajuste Cubano, devolución de la base naval de Guantánamo, fin del financiamiento de la oposición cubana y enjuiciamiento de Luis Posada Carriles, será difícil esperar una plena normalización de las relaciones bilaterales. Excepto el levantamiento de las sanciones económicas Washington no parece dispuesto, por ahora, a realizar cambios sustanciales en estos campos.

Por su parte Cuba ha expresado su disposición a discutir sobre las eventuales compensaciones para las propiedades estadounidenses nacionalizadas en los años 1960, de acuerdo con lo que manda el Derecho Internacional. Pero las autoridades de La Habana también han declarado que, en paralelo a esas negociaciones, deberá abrirse un diálogo sobre el costo causado por las sanciones económicas y la política de agresión contra la isla desde 1959, con las inevitables indemnizaciones.

En el diferendo histórico que opone Cuba a Estados Unidos conviene recordar una verdad poco considerada por les medios informativos. En este conflicto asimétrico hay un agresor –Washington– y una víctima –el pueblo de Cuba-. En efecto, al contrario que Estados Unidos, Cuba no ocupa ilegalmente y por la fuerza una parte del territorio estadounidense, no impone sanciones económicas a su vecino, jamás ha invadido Estados Unidos (Bahía de Cochinos) y nunca ha amenazado al pueblo estadounidense con una desintegración nuclear (crisis de los misiles). Por otra parte, La Habana no pide un cambio de régimen en Estados Unidos, no emite transmisiones ilegales y no financia a una oposición interna con el fin de derrocar el orden establecido.

Existe una condición previa indispensable para la normalización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones: Estados Unidos debe renunciar a su objetivo estratégico de “cambio de régimen” y aceptar la realidad de una Cuba soberana e independiente. Todo intento de intromisión en los asuntos internos de la isla está condenado al fracaso pues La Habana no está dispuesta a negociar su sistema político o su modelo de sociedad, competencia exclusiva del pueblo cubano. Las únicas relaciones viables entre Cuba y Estados Unidos serán las que se cimienten en torno a tres principios fundamentales: la igualdad soberana, la reciprocidad y la no injerencia.

[1] U.S. Department of State, «State Sponsors of Terrorism», abril de 2014. http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm (sitio consultado el 9 de mayo de 2014).

[2] Communauté des Etats latino-américains et caribéens, «Déclaration de la CELAC à propos de l’inclusion de Cuba dans la liste des Etats promoteurs du terrorisme», 7 de mayo de 2014. http://www.granma.cu/idiomas/frances/notre-amerique/8mayo-celac.html (sitio consultado el 9 de mayo de 2014).

[3] Salim Lamrani, Cuba, ce que les médias ne vous diront jamais, Paris, Estrella, 2009, p. 135-154.

[4] Federal Bureau of Investigation, « Suspected Bombing of Cubana Airlines DC-8 Near barbados, West Indies, October 6, 1976 », 7 octobre 1976, Luis Posada Carriles, the Declassified Record, The National Security Archive, George Washington University. http://www.gwu.edu/ nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB153/19761008.pdf (sitio consultado el 3 de junio de 2013).

[5] Ann Louise Bardach & Larry Rohter, « Key Cuba Foe Claims Exiles’ Backing », New York Times, 12 de julio de 1998.

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba, the Media, and the Challenge of Impartiality, New York, Monthly Review Press, 2014, con un prólogo de Eduardo Galeano.

Fuente: La pupila insomne