La Comisión Estatal de Elecciones  fue creada en diciembre de 1977. Vino a sustituir el sistema que había abolido las  Juntas o Comisiones integradas por partidos para dar paso a un moderno concepto de Tribunal Electoral en el que los partidos se hacían representar por medio de procuradores, cuya función básica era proteger los intereses de las organizaciones pero sin intervenir directamente en el aspecto administrativo del proceso electoral.

El defecto capital de ese tribunal era que dependía para su existencia de los cambios electorales que producían necesariamente cambios en la asamblea  legislativa. Si los partidos se ponían de acuerdo podían eliminar la estructura, que probó ser altamente eficiente pero no simpática ni agradable para la voracidad partidaria.

El Tribunal Electoral y la estructura que creó fue una de las grandes contribuciones de Rafael Hernández Colón en 1974. Creo que fue una respuesta a la corrupción que se dio en la antigua Junta durante las elecciones de 1972, elecciones en que fui candidato al cargo de Gobernador y Roberto Sánchez Vilella fue candidato a representante a la Cámara. Lo menciono porque en algún momento posterior en que evaluábamos el resultado de esas elecciones,Don Roberto me señalaba la vergüenza ajena que sentía durante el escrutinio con la corrupción generalizada que observó mientras trataba de defender limpiamente sus votos.

Carlos Romero Barceló le dio prematura muerte a aquel sistema que apenas acreditaba su legitimidad para sustituirlo por algo cuyo fracaso era anticipable . Fue por mal manejo del proceso electoral que se instituyó el tribunal pero pareció que a los partidos les convenía más un sistema que se prestara al toma y dame en que ha caído todo el proceso electoral. Irene Garzón, en una excelente columna en El Nuevo Día ha caracterizado el sistema como uno de Hoy por Ti y Mañana por  Mí.  CLARIDAD en su edición del pasado 12 de junio publica un editorial titulado La Comisión Estatal de Elecciones:  el reino de lo intocable. El editorial reitera lo que se ha constituido en una  repulsa pública ya generalizada. El Nuevo Día ha editorializado y sus mejores plumas han ido desgranando la incompetencia del presente organismo. En términos generales  todos concluyen lo que apunta CLARIDAD certeramente: “Tanto el Gobernador como los líderes legislativos, y los políticos de los distintos partidos, hacen mutis y evitan reaccionar al reciente clamor de amplios sectores del País para reformarla y detener la injustificada sangría de fondos públicos que su operación significa”.  Antonio  Quiñones Calderón en su Historia Política de Puerto Rico considera que la creación del tribunal electoral fue “otra aportación destacable de la administración de Rafael Hernandez Colón”.

La situación ha llegado a unos niveles insoportables. El Presidente del actual organismo se ha declarado incapaz de lidiar con los problemas que le presentan en la Comisión los representantes de los tres partido políticos que se hacen representar por sus tres comisionados.  Sus expresiones se hacen en medio de la gran sorpresa que se ha llevado el País ante la decisión del Secretario de Justicia de no proseguir acciones criminales contra 18 imputados del famoso fraude de las primarias en Guaynabo porque las acciones tomadas por los Comisionados Electorales  dañaron el proceso y obstaculizaron las acciones del Departamento de Justicia.  Parece existir en este momento una situación insostenible entre el Presidente de la Comisión y los comisionados, hasta el punto de esperarse la renuncia del Presidente en cualquier momento por lo que a todas luces constituye el avasallamiento de los últimos en su insaciable actividad para copar la plena autoridad sobre la Comisión.

Cada cual tiene una sugerencia que hacer al llegar a la necesidad de recomendar cambios. Irene Garzón, a quien le reconozco una enorme experiencia en la observación de los procesos electorales sugiere elevar el sistema electoral a rango constitucional, CLARIDAD sugiere  ‘’una cirugía mayor para la que no parece haber voluntad’’. Mi experiencia me dice que no hay nada que se pueda hacer si los partidos políticos van a tener sus manos metidas en el proceso administrativo del sistema y se va a continuar con la práctica corrupta de dividirse el pastel presupuestario del sistema como si se tratara de fondos privados. De continuarse la práctica actual,  entonces cada partido que gane las elecciones nombrará a un Presidente para que haga lo que el Comisionado electoral de ese partido desee, convirtiendo el sistema en una extensión del partido con uso abundante siempre de fondos públicos porque ahí estará la Asamblea Legislativa presta a poner en las manos del sistema los fondos que digan necesitar.

Cualquier persona razonable y con un mínimo de conocimiento y experiencia sabe que el mal uso de fondos públicos constituye una manifestación de corrupción pública. Eso ocurrirá siempre si se mantiene un sistema en que los partidos, por sus comisionados,  alarguen la mano para que el gobierno subsidie más allá del fondo electoral a las corruptas maquinarias políticas, creando instrumentos imprudentes, como las Juntas de Inscripción Electoral, que son un vaciadero de fondos públicos.

Mi recomendación es sencilla: volvamos al sistema de tribunal electoral, si lo podemos elevar a nivel constitucional ello sería una enorme contribución a la estabilidad institucional. Ésa es la tendencia de todos los sistemas electorales modernos que buscan eficiencia y seguridad en el proceso. No salimos de nuestra sorpresa cuando vemos sistemas no administrados por partidos  que atienden decenas de millones de electores y producen resultados inmediatos y no controvertidos, mientras nosotros todavía no hemos podido ni siquiera ensayar  seriamente con un equipo que nos permita un escrutinio electrónico rápido y confiable.

No importa las diferencias que muchos hemos tenido y seguimos teniendo con Rafael Hernández Colón, ése fue el gobernador que en su momento propició los cambios fundamentales y necesarios. Si él todavía creyera que ese sistema se puede rescatar del modo que él lo hizo en 1974 con el Tribunal Electoral, tiene la obligación de intentar librar a este país , mediante la influencia que todavía ejerce en su partido en el poder,  pues no hay una función pública  con mayor descrédito que el actual sistema electoral.

Nadie me tiene que convencer de que nuestro sistema electoral es un pobre sistema achicado por una relación colonial que nos impide ejercer una plena democracia política. Hasta nuestro segundo candidato en importancia electoral  rige su elección por leyes federales. Además, nuestro ámbito de autoridad, reflejado en las urnas es poco menos que vergonzoso. Sin embargo, en el desarrollo de esas truncas instituciones es que vamos creando tradiciones de corrupción o de limpieza pública, y eso para mí resulta de enorme valor educativo e histórico pues aspiro a que en el futuro podamos contar con sistemas en los cuales decidamos mediante elecciones libres quiénes serán nuestros gobernantes.