La precaria situación de Puerto Rico es un ejemplo flagrante del fracaso de las políticas coloniales. El pueblo de Puerto Rico ha vivido y vive en una situación de imposición antidemocrática y de una profunda injusticia, que coarta sus posibilidades de desarrollo económico, social y humano para sus nacionales.

Reunión del Buró de Coordinación

MOVIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS

28 de febrero de 2018 – Naciones Unidas – Nueva York

Intervención de Olga I. Sanabria Dávila en representación del

Sr. Presidente, Viceministro Samuel Moncada

Embajadoras y Embajadores

Delegadas y delegados todos:

A nombre del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico agradezco la oportunidad de dirigirme a esta reunión del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados. La descolonización ha sido pilar de los principios del Movimiento desde sus inicios cuando también comenzó su apoyo a la descolonización de Puerto Rico. Los pueblos de decenas de países al presente miembros plenos del Movimiento y de Naciones Unidas vinieron ante los No Alineados para recabar apoyo a sus luchas por la descolonización al igual que sigue haciendo Puerto Rico cuyas fuerzas a favor de la descolonización y la independencia no hemos cejado en continuar con la presentación de nuestro caso desde hace más de cinco décadas.

En el momento actual de capitalismo salvaje que vivimos todos, la descolonización y la independencia nacional son fundamentales para que los pueblos puedan aspirar a realizar sus mayores anhelos. Al igual, para ser parte de los esfuerzos por salvar el planeta, los pueblos deben contar con el ejercicio de su soberanía e independencia. Los países antes sometidos al colonialismo, como ese sistema mutila estos anhelos.

La precaria situación de Puerto Rico es un ejemplo flagrante del fracaso de las políticas coloniales. El pueblo de Puerto Rico ha vivido y vive en una situación de imposición antidemocrática y de una profunda injusticia, que coarta sus posibilidades de desarrollo económico, social y humano para sus nacionales. Al presente, su lucha tiene las vertientes de la reconstrucción luego del azote de dos huracanes en septiembre de 2017, la vertiente de la lucha por la descolonización e independencia ahora frente a una Junta de Control Fiscal impuesta por Estados Unidos, y enfrenta el capitalismo salvaje.

El huracán María de categorٕía 5 fue el más devastador en azotar a Puerto Rico en cien años. Dos semanas antes había azotado el huracán Irma aunque menos directamente. Hay fuentes que calculan en más de mil las personas muertas a consecuencia del huracán María y de la escasez de servicios que ocasionó. Los datos de los daños materiales fueron divulgados ampliamente con estimados que llegaron hasta los 90 mil de millones de dólares. Al igual que en los pueblos hermanos del Caribe, en Puerto Rico sufrimos la interrupción por semanas y meses de la actividad económica, financiera, comercial y del sector de servicios. Los servicios de energía eléctrica, agua potable y comunicación digital colapsaron en un 100% en los días que siguieron el huracán.

Ante vastos sectores de la opinión pública y los medios de prensa en Estados Unidos y el mundo el huracán María reveló en toda su crudeza la ya precaria situación económica y fiscal de la principal colonia en el mundo y la pobreza descarnada que arropa a nuestra población. Al presente, a cinco meses del paso por Puerto Rico de los huracanes Irma y María, todavía aproximadamente 350,000 residencias están sin servicio eléctrico, las telecomunicaciones aún enfrentan gran inestabilidad, y las operaciones gubernamentales y de negocios aún confrontan grandes limitaciones. Miles de familias y comunidades no tienen acceso a agua potable, especialmente en las zonas rurales y costeras pobres; en las montañas, en los pueblos de la costa este y sureste del país, y en las islas municipio de Vieques y Culebra que aún dependen de la ayuda caritativa que las organizaciones comunitarias y voluntarios les brindan para satisfacer sus más básicas necesidades.

En todo Puerto Rico cientos de iniciativas de todo tipo: limpieza y reapertura de vías de acceso, actividades de control y prevención de enfermedades y cuidado de la salud física y mental, programas de vivienda sostenible, restauración agroecológica, sistemas de purificación de agua, restauración de líneas eléctricas, instalaciones de energía solar, preservación forestal y de los cuerpos de agua, reciclaje y disposición adecuada de desperdicios, e iniciativas de educación, arte y entretenimiento para las comunidades son parte del vasto mundo de solidaridad que nuestra gente comparte entre sí, a la vez que crece la conciencia de que es absolutamente necesario arreciar la lucha para que Puerto Rico rompa con las amarras de la dependencia.  Ésa es la mejor, más urgente y duradera lección que nos ha dejado el huracán María.

A pesar de los supuestos paquetes de ayuda aprobados por el gobierno de Estados Unidos, las prestaciones autorizadas para Puerto Rico están llegando a cuentagotas. La lentitud en el restablecimiento de servicios esenciales, la situación general, el aumento en el desempleo y la falta de oportunidades han acelerado la ola migratoria de puertorriqueños hacia EEUU, fenómeno que viene creciendo desde el 2010 y que este año podría alcanzar la cifra de 500,000 personas desplazadas desde la Isla hacia diferentes puntos de la metrópoli.

Durante los pasados once años, Puerto Rico había estado descendiendo a una profunda depresión económica que se precipitó luego que el Congreso de EEUU eliminó la ley que otorgaba incentivos especiales a industrias y empresas estadounidenses que establecían operaciones en Puerto Rico.

A partir de ese momento, la depresión económica entró en una nueva etapa de endeudamiento público que culminó en una declaración de insolvencia por parte del gobierno colonial de la Isla ante un tribunal de Estados Unidos, temprano en 2017. La deuda acumulada por Puerto Rico hasta ese momento era de aproximadamente $72 mil millones de dólares, que el gobierno de la Isla expresó que no puede asumir.

Por esta situación ya desde 2016, el país está bajo el mandato de una Junta de Control Fiscal, otra vertiente de la lucha actual de Puerto Rico. En pleno siglo XXI, la relación colonial entre EEUU y Puerto Rico recrudecíó y entró en una nueva etapa. Es la etapa de la crisis en todos los órdenes, del endeudamiento masivo y de una nueva estructura de mando colonial, con amplio poder sobre el presupuesto y los gastos de las agencias y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. Además, pagadas sus funciones sobre el gobierno colonial electo con un presupuesto que aporta el erario público de Puerto Rico y que desde el nombramiento de la Junta ha ascendido a 80 millones de dólares para 2018. Los salarios combinados de los dos principales oficiales de la Junta, su directora ejecutiva y su oficial de revitalización económica, suman un millón de dólares anuales de los contribuyentes al erario de Puerto Rico, algo realmente escandaloso.

En cuanto al desempeño de la Junta y su efectividad para resolver los grandes problemas de Puerto Rico, los cuestionamientos, informados ampliamente en la prensa del país incluyendo en un editorial de El Nuevo Día, vienen de representantes de todo el espectro político de Puerto Rico, incluyendo su Comisionada Residente en Washington.

Por otro lado, también es de notar que en el año 2016 las tres ramas del gobierno de Estados Unidos por fin dijeron la verdad: el Congreso de ese país retiene los poderes plenarios sobre Puerto Rico. No hay gobierno propio de Puerto Rico. Valiéndose de ello, es que en 2016 el Congreso de Estados Unidos impuso la Junta de Control Fiscal que ahora manda en Puerto Rico por encima del menguado gobierno electo. No obstante, al presente todo ello ha evidenciado lo ilusorio del movimiento anexionista a pesar de su retórica.

Esta situación de recrudecimiento de la realidad colonial de Puerto Rico, ahora más que nunca amerita la posición inequívoca del Movimiento de Países No Alineados y la comunidad internacional a favor de la descolonización de Puerto Rico de conformidad con el Derecho Internacional y la resolución 1514(XV) de 1960.

La forja del pueblo de Puerto Rico como nación data de hace más de quinientos años, mientras la lucha de independencia del pueblo de Puerto Rico, unida estrechamente como estuvo con la lucha de Cuba, data desde antes del momento en que por primera vez nos expresamos como pueblo rebelde hace más de siglo y medio en la gesta del Grito de Lares en 1868.

Estamos orgullosos de nuestra lucha por la independencia cuyos triunfos incluyen haber mantenido nuestro vernáculo español y nuestra identidad cultural latinoamericana y caribeña, la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques, la excarcelación de nuestros presos y presas políticos, incluyendo recientemente a Oscar López Rivera, y nuestra soberanía deportiva entre otros. Hemos detenido proyectos dañinos al ambiente que hubieran afectado la posibilidad de desarrollo de un Puerto Rico independiente. Todo ello evidencia nuestra capacidad de resistencia. Ninguno de estos logros ha sido sin la ardua lucha del pueblo de Puerto Rico.

Muchas gracias a todas y todos.

Meeting of the Coordination Bureau

MOVEMENT OF NON ALIGNED COUNTRIES

28 February 2018

Statement by Olga I. Sanabria Dávila in representation of

THE NATIONAL HOSTOS MOVEMENT FOR THE INDEPENDENCE

OF PUERTO RICO

Mr. President, Vice Minister Samuel Moncada

Ambassadors

Delegates:

In the name of the National Hostos Movement for the Independence of Puerto Rico I express our gratitude for the opportunity to address this meeting of the Movement of Non Aligned Countries. Decolonization has been a pillar of the principles of the Movement since its origins when it also began its support of the decolonization of Puerto Rico. The peoples of dozens of countries that are now full members of the Movement and of the United Nations came before the No Aligned Movement to garner support for their decolonization struggles as Puerto Rico continues to do. For more than five decades Puerto Rico’s pro decolonization and independence forces have not hesitated in their presentation of our case.

At the present time of savage capitalism that we all live, decolonization and national independence are fundamental so that the peoples may fulfill their loftiest ideals. They are also fundamental in order to participate in the efforts to save the planet. The former colonies are aware that the colonial system mutilates these ideals.

Puerto Rico’s precarious situation is a flagrant example of the failure of colonial policies. The people of Puerto Rico have lived and continue to live in a situation of anti- democratic dictates and grave injustice which thwarts the possibilities for the economic, social and human development of its nationals. At present, its struggle is for reconstruction after the assault of two hurricanes in September 2017, for decolonization and independence now under a Federal Fiscal Control Board imposed by the United States, and we face savage capitalism.

Category 5 hurricane Maria was the most devastating to hit Puerto Rico in the last 100 years. Puerto Rico was also hit by hurricane Irma two weeks before although indirectly. Some sources calculate at 1,000 (one thousand) the loss of live as a result of hurricane Maria and the scarcity of services it provoked. Data on the material loss was broadly publicized with estimates as high as $90 billion. As happened to brotherly peoples of the Caribbean, in Puerto Rico we suffered for weeks and months the interruption of the functioning of economic, financial, commercial and services sectors. Energy, running water and digital communications were totally collapsed during the days that followed the hurricane.

Broad public opinion sectors and the U.S. press and the world were crudely informed by hurricane Maria of the precarious economic and fiscal situation facing the world’s main colony and the merciless poverty that engulfs our populace. At present, five months after the hurricanes hit Puerto Rico approximately 300,000 (three hundred thousand) residences remain without electricity, while telecommunications remain unstable and government and business operations face many limitations. Thousands of families and communities do not have access to potable water, especially in the poor rural and coastal areas, in the mountains, in the east and southeast parts of the country, and in the islands of Vieques and Culebra where they continue to depend on the charitable work of community organizations and volunteers who offer help to satisfy their most basic needs.

Throughout all Puerto Rico hundreds of diverse initiatives have flourished: clean-up and reopening of roads and pathways; plague control, disease prevention and multiple health care services; sustainable housing repairs; agricultural restoration; water filtering techniques and equipment; repair of electrical lines; solar energy initiatives; forest, waterways and beaches clean up and restoration; recycling and adequate garbage disposal activities, and educational, artistic and entertainment activities are all part of the vast warehouse of free initiatives and services that our families have been sharing among themselves, their neighbors and communities, while strengthening their bonds of solidarity and mutual support, and deepening their conscience about the absolute need to free Puerto Rico from the moorings of dependency. That is the best, most urgent and lasting lesson gained from this collective experience.

Despite the supposed aid packages allotted by the U.S. Government, aid authorized for Puerto Rico has arrived drop by drop. The sluggishness in re-establishing essential services, the situation in general, the increase in unemployment and the lack of opportunity has caused a massive wave of Puerto Rican migration to the U.S., a trend that was growing since 2010 and which could reach 500,000 persons displaced from the island to the metropolis this year.

During the last eleven years, Puerto Rico had been descending into a profound economic depression after the U.S. Congress struck down the law that provided special incentives for U.S. industries and companies that established themselves in Puerto Rico.

From that moment, the economic depression entered a new stage of public debt which led the colonial government to declare bankruptcy in a U.S. court in early 2017. At the time Puerto Rico’s debt had reached approximately $72 billion which the colonial government said it could not pay.

Due to this situation, since 2016 the country had been under the mandate of a Fiscal Control Board, another aspect of Puerto Rico’s present struggle. In the midst of the XXI century, the colonial relationship between the U.S. and Puerto Rico was intensified and entered a new state. This is the stage of massive indebtedness and a new structure for colonial rule which has broad power over the budget and expenditures of the Puerto Rican government’s agencies and public corporations. Further, the functions of the Board over the elected colonial government are paid by the treasury of Puerto Rico. The budget of the Fiscal Control Board since its appointment has risen to $80 million in 2018. The combined salaries of its executive director and economic revitalization official come to $1,000,000 paid for by the Puerto Rican treasury. This is really scandalous.

Regarding the Board’s work and effectiveness in solving Puerto Rico’s serious problems, the doubts have been broadly reported in Puerto Rico’s media including in an editorial published in El Nuevo Dia. The doubts have been expressed by representatives of the whole political spectrum of Puerto Rico, including its Resident Commissioner in Washington.

It should also be noted that during 2016 the three branches of the U.S. Government finally expressed the truth: the Congress of that country retains plenary powers over Puerto Rico. There is no self-government in Puerto Rico. It was based on this, that in 2016 the U.S. Congress imposed a Fiscal Control Board on Puerto Rico which now rules over its watered down elected government. Nonetheless, despite its rhetoric, this has bought to the forefront the unrealistic illusions of the pro-annexation movement.

Because of the intensification of the Puerto Rico’s colonial reality, now more than ever it is necessary that the Movement of Non-Aligned Countries and the international community maintain their unequivocal position in support of the decolonization of Puerto Rico in conformity with International Law and U.N. General Assembly resolution 1514 of 1960.

The Puerto Rican people have developed as a nation over 500 years, while the struggle for Independence, linked as it was with the struggle of Cuba, dates to before the moment when our people first expressed itself in rebellion in the Lares uprising of 1868.

We are proud of our struggle for independence whose triumphs include having saved our Spanish vernacular and our Latin American and Caribbean identity, the withdrawal of the U.S. Navy from Vieques, the release of our political prisoners, including the recent release of Oscar Lopez Rivera, and our sports sovereignty, among others. We have also put a stop to projects that would have damages out environment to the extent of affecting Puerto Rico´s development under independence. Again, this is evidence of our capacity for resistance. None of these triumphs would have been won without the arduous struggle of the people of Puerto Rico.

I thank you all very much.

Comité de Puerto Rico en las Naciones Unidas

P.O. Box 194886 San Juan, Puerto Rico 00919-1953, Tel. 787-360-0457

Comité de Descolonización ONU examinará tema de Puerto Rico, 18 de junio de 2018

Boletín ¡Puerto Rico al día!

Febrero - marzo de 2018, San Juan – olgasdavila@gmail.com

Puerto Rico de pie… a pesar de la recuperación a cuentagotas

Al presente, a cinco meses del paso por Puerto Rico de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, todavía 350,000 residencias están sin servicio eléctrico, y miles de familias y comunidades no tienen acceso a agua potable. Las telecomunicaciones, en manos de empresas privadas, aún enfrentan gran inestabilidad y constantes interrupciones, y las operaciones gubernamentales y de negocios aún confrontan grandes limitaciones. Lo peor son las miles de familias, sobre todo en las zonas rurales y costeras pobres; en las montañas, en los pueblos de la costa este y sureste del país, y en las islas municipio de Vieques y Culebra, que aún dependen de la ayuda caritativa que las organizaciones comunitarias y demás voluntarios les brindan para satisfacer sus necesidades básicas de refugio,  comida, ropa, energía, agua potable y cuidados de salud, en medio de la devastación en que aún viven.

No obstante, cientos de comunidades y miles de voluntarios y voluntarias, a lo largo y ancho de Puerto Rico, se han movilizado desde el primer día para posibilitar una recuperación sostenible en contraste a la respuesta de los gobiernos de Puerto Rico y EEUU, la cual ha sido lenta, desarticulada e ineficiente, y constantemente bloqueada por controversias políticas e interminables trabas burocráticas que se han convertido en una pesadilla para nuestra gente más necesitada. La tradición de resistencia del pueblo de Puerto Rico, nutrida por la centenaria lucha por la independencia nacional y los derechos de nuestro pueblo, se ha manifestado plenamente tras el paso del huracán.

Cientos de iniciativas de todo tipo: limpieza y reapertura de vías de acceso, actividades de control y prevención de enfermedades y cuidado de la salud física y mental, programas de vivienda sostenible, restauración agroecológica, sistemas de purificación de agua, restauración de líneas eléctricas, instalaciones de energía solar, preservación forestal y de los cuerpos de agua, reciclaje y disposición adecuada de desperdicios, iniciativas de educación, arte y entretenimiento para las comunidades son parte del vasto mundo de servicios gratuitos que nuestra gente en Puerto Rico comparte entre sí, a la vez que crecen los lazos de solidaridad entre unos y otros, y la conciencia de que es absolutamente necesario arreciar la lucha para que Puerto Rico rompa con las amarras de la dependencia.  Ésa es la mejor, más urgente y duradera lección que nos ha dejado el huracán María, y a la que se le dará seguimiento con gran fuerza durante esta nueva etapa del camino de nuestro pueblo.

La realidad de Puerto Rico al desnudo

El ciclón categoría 5 vino a dramatizar, ante vastos sectores de la opinión pública y los medios de prensa en Estados Unidos (EEUU) y el mundo la ya precaria situación económica y fiscal de la principal colonia de EEUU en el mundo. Puerto Rico había estado descendiendo a una profunda depresión económica durante los pasados once años, que se precipitó luego que el Congreso de EEUU eliminó la ley que otorgaba incentivos especiales a industrias y empresas estadounidenses que establecían operaciones en Puerto Rico.

A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa de desestabilización de la economía de la Isla, y un patrón creciente de endeudamiento público que culminó en una declaración de insolvencia por parte del gobierno colonial de la Isla ante un tribunal de Estados Unidos, temprano en 2017. La deuda odiosa acumulada por Puerto Rico hasta ese momento era de aproximadamente $72,000 millones, impagables por el gobierno.

Ya desde 2016, el país estaba bajo el mandato de una Junta de Control Fiscal que fue creada mediante legislación por el Congreso de EEUU, con la encomienda de enderezar las finanzas de su colonia y asegurar el pago de la deuda a los acreedores, principalmente los poderosos conglomerados financieros de EEUU. En pleno siglo XXI, la relación colonial entre EEUU y Puerto Rico recrudecía y entraba en una nueva etapa.

La era de la crisis en todos los órdenes, del endeudamiento masivo y de una nueva estructura de mando colonial, con amplio poder sobre el presupuesto y los gastos de las agencias y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico e impuesta desde Washington, era la realidad de Puerto Rico a la llegada de María, el peor huracán en azotar la Isla desde hace cien años. Un diario de amplia circulación, El Vocero, informó el 30 de noviembre de 2017 que un estudio de la Universidad de Puerto Rico reveló que la pobreza en el país aumentará de 44.3% antes del huracán María, a 52.3%.

Ahora, a cinco meses de su paso, la situación es aún peor. El fenómeno no solo reveló el deterioro y debilidad de la infraestructura eléctrica, de agua, de carreteras y de telecomunicaciones en la Isla, sino también cómo el déficit de efectivo en las arcas públicas y la lentitud de la respuesta del gobierno colonial y, sobre todo, del gobierno metropolitano de EEUU, profundizarían la emergencia y amplificarían la crisis, ocasionando un enorme disloque en todo los órdenes de la vida de nuestro pueblo.

El  huracán María ha revelado, en toda su crudeza, la pobreza descarnada que arropa a nuestra población a 120 años desde que las Fuerzas Armadas de EEUU invadieron y ocuparon nuestra tierra,  hasta nuestros días. La precaria situación de Puerto Rico, una nación caribeña y latinoamericana invadida y ocupada por la principal potencia del mundo, es un ejemplo flagrante del fracaso de las políticas coloniales y de cómo el colonialismo mutila el potencial de los pueblos, en aras de los intereses del poder colonial. Puerto Rico ha vivido y vive en una situación de imposición antidemocrática y de una profunda injusticia, que coarta sus posibilidades de desarrollo económico, social y humano para sus nacionales, forzando a una buena parte de estos al exilio, y dejándolos a todos en una condición de vida inferior e indigna.

Aunque aún no se tienen las cifras exactas, un reportaje realizado por una cadena de noticias estadounidense, calcula en más de mil las personas muertas a consecuencia del huracán y de la escasez de servicios que ocasionó. Más de 100,000 residencias familiares fueron total o parcialmente destruidas.  Y el daño a carreteras, puentes, edificios públicos, escuelas, hospitales y centros de salud, locales comerciales e industriales fueron estimados en miles de millones de dólares, a causa de los fuertes vientos e intensas lluvias, que provocaron graves inundaciones. Puerto Rico sufrió la interrupción por semanas y meses de la actividad económica, financiera, comercial y del sector de servicios en la Isla. Colapsaron los servicios de energía eléctrica, agua potable y comunicación digital en un 100%.

Por otro lado, la lentitud en el restablecimiento de servicios esenciales, el cierre de industrias y comercios que han disparado el desempleo de la población y la falta de oportunidades de empleos nuevos, han acelerado la ola migratoria de puertorriqueños hacia EEUU, fenómeno que viene creciendo desde el 2010 y que este año podría alcanzar la cifra de 500,000 personas desplazadas desde la Isla hacia diferentes puntos de la metrópoli.

Ante la situación desesperada en que aún viven miles de familias puertorriqueñas, la respuesta del gobierno de Estados Unidos hacia nuestro pueblo ha sido discriminatoria e insuficiente. La respuesta rápida y el ritmo acelerado al que se han recuperado los estados de Texas y Florida de Estados Unidos, afectados por desastres de gran magnitud en 2017, contrastan marcadamente con el ritmo y alcance de la recuperación de Puerto Rico. A pesar de los supuestos paquetes de ayuda aprobados por el gobierno de Estados Unidos,  nuestra gente necesitada sigue viviendo en las mismas condiciones míseras en que los dejó el huracán. Las prestaciones autorizadas para Puerto Rico por el gobierno de EEUU están llegando a cuentagotas.

Crece descontento con Junta de Control Fiscal impuesta a Puerto Rico por el gob. EU

El descontento con el funcionamiento de la Junta de Control Fiscal (JCF) está creciendo en Puerto Rico. El Nuevo Día, principal diario de Puerto Rico – el cual apoyó la creación del organismo por el Congreso de Estados Unidos y le dio la bienvenida – recientemente editorializó cuestionando el desempeño y logros del organismo federal a dieciocho meses de su llegada a la Isla. Además, un artículo bajo la firma de su corresponsal en Washington José A. Delgado informa que líderes de los tres partidos inscritos denunciaron la aparente intención de la Junta de Control Fiscal de aumentarse en $20 millones el presupuesto para el próximo año fiscal, según los datos incluidos en el proyecto de presupuesto federal. Se ha cuestionado públicamente si el organismo se ha convertido en una carga económica muy pesada para nuestro pueblo, en lugar de concentrarse en cumplir la función que le fue asignada de dirigir la rehabilitación fiscal de Puerto Rico.

Por otro lado, en su edición del 8 al 15 de febrero de 2018, el semanario independentista Claridad, publicó un editorial bajo el título La Junta bajo la lupa, en el cual resume su posición en torno a la agenda de la JCF en Puerto Rico: “El desempeño de la Junta ha sido más simbólico que real, desplegando todo un operativo de rituales vacíos y ceremoniales que hasta ahora no han aportado nada positivo a la solución de los enormes problemas que confronta Puerto Rico…”. Los cuestionamientos a la Junta incluyen además, a la Comisionada Residente en Washington, Jennifer González.

Desde su implantación y llegada a Puerto Rico, la JCF ha tenido gastos exorbitantes que pagan los puertorriqueños(as) con sus contribuciones al erario público de Puerto Rico. Durante sus primeros seis meses de operaciones (junio a diciembre de 2016) el gobierno de Puerto Rico le traspasó 31 millones de dólares USA de las deprimidas arcas públicas. Para el año 2017 el costo de la JCF a Puerto Rico fue de 60 millones de dólares USA, y se les trasladó la asignación completa desde el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, incluso luego del paso del huracán María cuando la situación del País se tornó tan precaria.

Los salarios de los dos principales oficiales de la JCF son escandalosos en un país pobre como Puerto Rico. La directora ejecutiva, Natalie Jaresko recibe un salario de 625, 000.00 de dólares USA anuales, un salario más alto que el del presidente de Estados Unidos y el de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, entre otros altos mandatarios de alcance mundial. Por su parte, el oficial de Revitalización Económica de la Junta, Noel Zamot, recibe un salario anual de 375,000.00 de dólares USA. Entre ambos reciben 1 millón de dólares USA anual de los contribuyentes al erario de Puerto Rico.

Para 2018 y sin que hubiera una discusión pública en Puerto Rico sobre dicho asunto, en el presupuesto de este año recién firmado por el presidente Trump, aparece la cantidad de $80 millones como costo de la JCF, un aumento de $20 millones de un año al otro, también a costa del presupuesto de Puerto Rico, en este momento particularmente crítico. El documento indica que la administración federal está obligada a precisar cómo se proyecta la distribución de fondos para ese organismo, impuesto por la ley Promesa adoptada por el Congreso de EU.

Committee for Puerto Rico at the United Nations

P.O. Box 194886 San Juan, Puerto Rico 00919-1953, Tel. 787-360-0457

Puerto Rico update!

February-March 2018, olgasdavila@gmail.com

Puerto Rico item at the UN Decolonization Committee, 18 June 2018

After Hurricane María, Puerto Rico rebuilds amidst slow official efforts

At present, five months after hurricanes Irma and María hit Puerto Rico, there are still 350,000 households without electric power, many thousands without potable water, and privately run telecommunications services still face signal instability and frequent interruptions. Government and private business operations are still confronting significant difficulties. Facing the worst are the thousands of families, mainly those in the mountainous region and impoverished coastal towns, as well as those in the island municipalities of Vieques and Culebra, who are still receiving the charitable aid that individuals and community organizations provide to satisfy such basic needs as food, shelter, clothing, energy, potable water and health care, in the midst of the devastation.

Hundreds of diverse initiatives have flourished: clean-up and reopening of roads and pathways; plague control, disease prevention and multiple health care services; sustainable housing repairs; agricultural restoration; water filtering techniques and equipment; repair of electrical lines; solar energy initiatives; forest, waterways and beaches clean up and restoration; recycling and adequate garbage disposal activities, and educational, artistic and entertainment activities are all part of the vast warehouse of free initiatives and services that our families have been sharing among themselves, their neighbors and communities, while strengthening their bonds of solidarity and mutual support, and deepening their conscience about the absolute need to free Puerto Rico from the moorings of dependency. That is the best, most urgent and lasting lesson gained from this collective experience, one that will be amplified and pursued upon in these next steps of our people´s path to freedom.

The response of the Puerto Rico and U.S. governments has been slow, disjointed, inefficient, and callously subjected to Washington´s political games and endless bureaucratic trappings, a nightmare for our neediest. In short, the U.S. response to the people of Puerto Rico has been insufficient and discriminatory. The pace and agility of the recovery in the areas of Texas and Florida that suffered natural disasters of great magnitude this year, sharply contrast with the slowness of action and reach in regards to Puerto Rico. Additionally, the slow rhythm of the recovery of essential services and the closing of many businesses for lack of electric power have been an accelerator to migration, which has been growing since 2010, but since the strike of hurricane María may bring this latest migration to an estimated 500,000 persons leaving the Island for different locations in the US.

Puerto Rico’s stark reality unveiled

After hurricane, María official recovery efforts in Puerto Rico advance at a drop by drop pace. The category 5 hurricane dramatized to vast sectors of public opinion, to the media in the United States and to the world the already precarious fiscal and economic situation of this main colony of the U.S. Puerto Rico had been descending into a deep economic depression over the last 11 years, which worsened after the U.S. Congress struck down the law that gave special incentives to certain U.S. industries and businesses for their operations on the Island.

That was the onset of Puerto Rico´s most recent bout with economic instability, which has given way to an enormous public debt that culminated in a declaration of insolvency by the Government of Puerto Rico before a U.S. Judge early in 2017. At that time, Puerto Rico´s public debt amounted to $72 billion, which the government of the Island stated it could not pay.

Since 2016, Puerto Rico had already been under the rule of a Fiscal Control Board (FCB), created by law by the US Congress and entrusted with the task of fixing Puerto Rico´s fiscal problems and ensuring the payment of the debt to its creditors, mainly powerful financial conglomerates from the US mainland. In the midst of the 21^st. century, the colonial relationship between the US and Puerto Rico has entered a new and intensified phase, with the imposition of a FCB with extraordinary powers to reign and regulate budgets, expenditures and allocations in Puerto Rico´s government agencies and public corporations.

The scenario of an all-encompassing fiscal and economic crisis, a massive public debt, and a new colonial power structure put in place by Washington was the reality of Puerto Rico when hurricane María struck, the worst natural disaster to affect the Island in a hundred years.

Now, five months later, the situation is even worse. The hurricane not only revealed the decay and weakness of our power, water, roads and telecommunications infrastructure, but also the constraints and cash shortage in the Puerto Rico government coffers. The slow recovery effort, on the part of both the Puerto Rico and the US governments, would deepen the emergency, amplify the problems and erase any semblance of normalcy in everyday life. On 30 November 2017, a daily newspaper in Puerto Rico, El Vocero, reported that a University of Puerto Rico report revealed that the poverty level in Puerto Rico, 44.3% before the hurricane, would now increase to 52.3%.

Hurricane María has displayed, in all its crudeness, the shameful poverty in which so many of our people live, one hundred and twenty years after the US Armed Forces invaded and occupied our land, which is still occupied to these days. The precarious situation of our country, a Caribbean and Latin American nation invaded and occupied for more than a century by the greatest super power on earth, is a flagrant example of the ills and failures of colonial policies, and the brutal ways in which colonialism mutilates the potential of the people it overtakes to benefit the interests of the colonial power. Puerto Rico is the subject of an antidemocratic imposition and a blatant injustice, one that constrains its possibilities for the full economic, social and human development of its nationals, forcing a huge number of them into exile, and having them all live in inferior and unworthy conditions.

Even though there are no accurate official numbers, a broadcast by a major news organization in the US calculated that the hurricane and the lack of basic services that ensued had caused over 1,000 deaths in Puerto Rico. Over 100,000 homes were totally or partially destroyed. And the damage to roads, bridges, government facilities, schools, hospitals and health facilities, and commercial and industrial properties are estimated in billions of dollars, due to the powerful winds and flooding that impeded economic, financial, service and commercial activities on the Island for weeks and months.  The power, water and digital communications infrastructure collapsed 100% in the hurricane´s aftermath.

In contrast, our people´s tradition of resistance, nurtured by our centenary struggle for independence and the rights of our people, has become plentiful in the hurricane´s aftermath. Hundreds of communities and thousands of volunteers have mobilized tirelessly to make a sustainable recovery possible.

Even though the US government has officially authorized aid funds for Puerto Rico, our neediest people are still living in the miserable conditions in which the hurricane left them. Said authorized aid is reaching Puerto Rico drop by drop.

Growing discontent with the Fiscal Control Board

Discontent with the actions and performance of the Fiscal Control Board (FCB) is growing in Puerto Rico. Aside from the independence movement, which has denounced the entity´s imposed and colonial character, there are important sectors in Puerto Rico that are now worried and unhappy with the actions and omissions of the FCB.

El Nuevo Día, a major daily newspaper in Puerto Rico, which supported the intervention of the US Congress in Puerto Rico´s fiscal crisis and favored the creation of the FCB, recently published an editorial questioning the entity´s performance and achievements in the 18 months that it has operated on the Island. Spokespersons for the Government of Puerto Rico, as well as from the opposition parties, have also expressed their frustration with the FCB. They question whether the entity has become too much of a burden for the people of Puerto Rico. There is a sense that the FCB has fallen short in their objective to advance the Island´s fiscal recovery.

Another newspaper, the pro-independence weekly Claridad, in its 8-15 February edition, also published a critical editorial under the title “The Board under scrutiny” which summarizes its editorial board position on the agenda of the fiscal entity in our country. “The Board´s performance has been more symbolic than real. It has displayed an all-out operation of empty and mainly ceremonial rituals that have not, up to this point, rendered any positive results for Puerto Rico´s huge problems.  Those questioning the Junta include Puerto Rico’s Resident Commissioner in Washington, Jennifer González.

Since its creation and arrival in Puerto Rico, the FCB has had their exorbitant expenses entirely paid by Puerto Rico´s taxpayers. During their first six months of operations (June to December 2016), the Puerto Rico Department of the Treasury transferred $31 million to the FCB. In 2017, the expenses of the FCB amounted to $60 million, and again, Puerto Rico´s Treasury complied, even after hurricane María struck the Island and the money was needed, among other things, for emergency relief.

The salaries of the FCB´s two main officers are outrageous for a poor and insolvent country like ours. The Executive Director, Natalie Jaresko, has a yearly salary of $625,000.00, higher than that of the President of the United States or the President of the International Monetary Fund, among other world figures.  Its Economic Revitalization Officer, Noel Zamot, has a salary of $375,000.00. Between the two of them they get $1 million annually from Puerto Rico´s taxpayers.

In the federal budget just signed by President Donald Trump for fiscal year 2018, there is an $80 million allocation projected for the FCB, a $20 million increase from that of 2017, for which the Puerto Rico Treasury Department would have to identify and allocate funds, in the midst of this critical juncture. There were no public hearings or consultations conducted on this matter. Although the Fiscal Control Board’s budget is paid by the government of Puerto Rico, the document indicates that the federal government is called upon to indicate the projected distribution of the Board’s funds.