La masiva huelga de hambre que se sigue en la cárcel de Guantánamo, convertida desde hace años en campo de concentración, obliga a la Administración del presidente Barack Obama al cierre inmediato de ese centro de tortura física y emocional, vergüenza para Estados Unidos y página tenebrosa en la historia de los derechos humanos.

Con ese paso, el mandatario estadounidense estaría cumpliendo con una promesa que ha sostenido desde su primera campaña electoral en el 2008 hasta éste, su segundo cuatrienio. Que se sepa, o que hayan sido admitidas por las autoridades, en los últimos años han ocurrido una decena de muertes entre los prisioneros, cuyo número se estima ahora en unos 170. La mayoría de esas muertes han ocurrido por suicidio. Por otra parte, se ha denunciado que las condiciones extremas y asfixiantes del presidio, donde muchos de los confinados pasan 22 horas al día encerrados en celdas sin ventanas, han conducido a la demencia a un considerable número de ellos.

La naturaleza de los interrogatorios y el limbo legal en que se encuentran los prisioneros han sido objeto de críticas a nivel internacional y de la propios medios de prensa estadounidenses, no sólo por lo que significa el régimen de crueldad a que son sometidos los prisioneros, sino también por la presión que eso representa para el personal militar (en torno a los 500) que habita en el lugar y se ocupa de las labores de vigilancia y custodia, así como de lidiar con los constantes brotes de desesperación y rebeldía.

Esta situación, matizada ahora por la huelga de hambre emprendida por al menos 130 prisioneros, constituye una fuente de tensión para el pueblo estadounidense y, de paso, para el resto de los países que consideran indigno de cualquier nación civilizada, auspiciar ese tipo de confinamiento cuyas condiciones están reñidas con los más elementales principios de humanidad. El cierre de la cárcel de Guantánamo ha sido parte de las promesas de campaña del presidente Barack Obama, tanto en su primer cuatrienio como en el segundo. Durante un tiempo, se barajaron varias opciones, como el traslado de los confinados a las cárceles de otros países o incluso a una cárcel de Illinois, que reunía las condiciones de máxima seguridad para recibirlos.

Sin embargo, los obstáculos surgidos principalmente en el seno del Congreso y en otras instancias del Gobierno de Estados Unidos, han prolongado la situación anómala que ahora puede desembocar en masivas muertes dentro del campo. Ha trascendido que muchos de los confinados son alimentados a la fuerza. Ninguno de ellos puede recibir visitas, la correspondencia es rigurosamente inspeccionada y sólo se han permitido algunas llamadas telefónicas desde el pasado mes de marzo. Anteriormente estaban prohibidas.

Por esa cárcel de condiciones medievales han pasado varios menores de edad, y algunos de los prisioneros, arrestados arbitrariamente por grupos de cazarrecompensas pakistaníes o afganos, fueron entregados a Estados Unidos sin las debidas pruebas de que, en efecto, eran terroristas. Cálculos de instituciones como Amnistía Internacional estiman que sólo el cinco por ciento de los prisioneros había sido capturado por fuerzas estadounidenses, bajo serios indicios de que habían cometido o podían cometer actos terroristas.

La bomba de tiempo en que se ha convertido el llamado “centro de detención” de Guantánamo, donde se ignora todo tipo de convenciones internacionales, puede estallar en cualquier momento ante los ojos del mundo.

Estados Unidos tiene el deber moral de elevarse sobre el odio, el fanatismo y el miedo, y cerrar ese agujero inhumano que no lo ayuda a ser mejor que su enemigo.

Editorial de El Nuevo Día, periódico de circulación nacional e internacional representante de los intereses capitalistas.