Aunque la discusión pública acaparó los potenciales impactos de la Junta de Control Fiscal en áreas como salud, educación y status político, no es menos cierto que las decisiones del nuevo ente -aún sin constituir- respecto al medio ambiente y los recursos naturales del País tendrían efectos tan o más serios que en los primeros renglones.

Ejemplo de ello es que, en virtud de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), la Junta podría imponer como política pública la venta o traspaso de áreas protegidas por su alto valor natural, a fin de obtener dinero que se destinaría al pago de la deuda.

Podría, asimismo, designar como “críticos”  proyectos energéticos o de infraestructura, cuya obtención de permisos y evaluación ambiental estarían sujetas a procesos expeditos, bajo la premisa de que su puesta en marcha redundaría en beneficio económico para el País.

Igualmente, la Junta tendría poder absoluto para derogar aquellas leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos ambientales que entienda atentan contra el crecimiento económico.

Sería también la que tendría la última palabra respecto al presupuesto de las agencias ambientales, lo que pone en riesgo o bajo evaluación la permanencia de programas o iniciativas de protección, conservación y  sustentabilidad.

“Debemos despertar este otro ángulo de las implicaciones ambientales de la Junta, que siempre ha estado ahí pero no recibió tanta atención. La Junta podría afectar severamente el medio ambiente desviando recursos para priorizar el pago de la deuda”, dijo el abogado Pedro Saadé, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico.

Titularidad

Sobre la venta o traspaso de áreas naturales protegidas, el planificador y científico ambiental, Luis Jorge Rivera Herrera, explicó que podrían ser aquellas cuya titularidad no está en manos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Mencionó, por ejemplo, que estarían “en peligro de venta” unas 800 cuerdas del Corredor Ecológico del Noreste que le pertenecen a la Compañía de Fomento Industrial y la Administración de Terrenos; áreas del caño Tiburones que son propiedad de la Autoridad de Tierras; y partes de la laguna Tortuguero que están en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras.

“Siempre y cuando haya alguien interesado en comprar, la Junta podría vender estas y muchas otras áreas”, sostuvo Rivera Herrera, quien advirtió que terrenos de alto valor agrícola podrían correr igual suerte que los de valor natural, “amenazando” la seguridad alimentaria del País.

“Si la función de la Junta es lograr pagar la deuda, hay que recordar que gran parte de las corporaciones públicas están en quiebra, deben más de lo que valen, y el único activo que les queda y podría monetizarse son los terrenos”, agregó el ganador del Premio Goldman 2016.

Rivera Herrera dijo ser consciente del “deber legal y moral” de pagar la deuda pública que va por $69,000 millones, pero insistió en que “no puede ser” a expensas del patrimonio natural y ecológico.

Procedimiento especial

Saadé, entretanto, indicó que el capítulo 5 de PROMESA es el que crea un procedimiento especial para los “proyectos críticos” energéticos o de infraestructura.

La evaluación de dichos proyectos estaría a cargo del “coordinador de revitalización”, también creado por PROMESA y que se reportaría directamente a la Junta.

Saadé advirtió que el procedimiento especial presenta “problemas de secretividad” y de acceso a la prensa, toda vez que el coordinador de revitalización no está obligado a divulgar quiénes están solicitando que un proyecto sea designado como crítico. Dicha solicitud puede provenir de una agencia o una compañía privada (proponente del proyecto).

“Lo que sí obliga la ley es a que sea público el informe del oficial (coordinador) una vez culmine su análisis a favor o en contra de si un proyecto es crítico o no. El oficial tiene un tiempo específico para recomendar o no a la Junta si se debe considerar o no un proyecto”, agregó.

PROMESA obliga a que las agencias locales desarrollen procesos expeditos para la consideración de los proyectos críticos, particularmente lo que tiene que ver con permisos y evaluación ambiental.

Saadé y Rivera Herrera coincidieron en que esta disposición es muy parecida la estructura que creó el exgobernador Luis Fortuño, cuando en 2010 decretó un estado de emergencia energética en el País. En aquel entonces, a las agencias se les dio un término de 30 días para completar la evaluación de proyectos de “energía renovable”, y fue así que la incineradora de basura propuesta para Arecibo por la compañía Energy Answers y el abortado gasoducto (Vía Verde) consiguieron sus endosos.

“Esto es otra especie de emergencia energética, y los indicios son que esto fue negociado por personas como el propio Fortuño y auspiciado con dinero de proyectos que se podrían beneficiar”, planteó Saadé.

“A la medida”

En opinión de Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, PROMESA “está hecha a la medida” para Energy Answers, pues otra de sus disposiciones es que las agencias federales que ofrecen ayudas económicas a proyectos deberán darle prioridad a aquellos que sean “críticos”. Recordó que actualmente Energy Answers tiene pendiente una solicitud de préstamo ante el Servicio de Utilidades Rurales del Departamento de Agricultura Federal.

“Los proyectos ambientales no se pueden evaluar ‘fast track’, porque a la larga no se dan o sus impactos van a traer cola. A esta ley se le ve la costura y fue hecha específicamente para la incineradora, bajo la falsa idea de que va a traer empleos y mejorar la economía”, aseveró Conty.

En términos similares se expresó el portavoz de Toabajeños en Defensa del Ambiente, Juan Camacho, tras señalar quela Junta podría designar como críticos otros proyectos, como la expansión de la autopista PR-22 desde Hatillo hasta Aguadilla y nuevos gasoductos.

Ante la realidad de los poderes absolutos de la Junta, Camacho dijo que “quedan la calle y la lucha como alternativas, no solo contra el ataque a los recursos naturales, sino también a los demás renglones”.

Rivera Herrera también llamó a la participación y activismo civil.

Fuente: El Nuevo Día