El año 2016 se perfila como uno de intensa discusión sobre las relaciones jurídico-políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. La reciente posición asumida por el gobierno de Estados Unidos al comparecer ante el Tribunal Supremo de ese país expresó lo que la mayoría de los puertorriqueños damos por sentado, o sea, que la relación impuesta sobre Puerto Rico se enmarca, y está controlada, sin limitaciones, por los términos de la famosa cláusula territorial de la constitución norteamericana.

Todos sabemos que somos un territorio de los Estados Unidos desde que, al firmarse el Tratado de París, cambió el ejercicio de la soberanía de España a Estados Unidos, viniendo Puerto Rico a convertirse en una posesión, propiedad, territorio o como se le quiere denominar al dominio que se habría de ejercer según se consignó en el Artículo IX: “Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.

A ejercer ese derecho pleno Estados Unidos no ha renunciado nunca. Ni por las Órdenes Militares, ni por la Carta Orgánica Foraker, la Ley Jones, la Ley 600 de 1950, ni al suscribir la Carta del Atlántico o la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o ninguna convención internacional o comparecencia en la ONU, Estados Unidos ha renunciado a su pleno poder sobre Puerto Rico. Ellos creen que la democracia y el colonialismo son compatibles y el uso indiscriminado del poder les impide entender el asunto de otra manera.

A mi juicio el momento en que más cerca estuvo Puerto Rico de lograr algún grado de soberanía política ocurrió durante la discusión de nuestro caso colonial en la ONU en 1953 cuando se produjo una atmósfera de renuncia o revisión del poder imperial sobre nosotros. Nunca asomó sin embargo la más remota posibilidad de que se limitaría el poder del Congreso para legislar sobre Puerto Rico. Ese poder deja al arbitrio del propio Congreso que se expandan o se achiquen algunos poderes de gobierno interno pero siempre reteniendo ellos el poder de dar o quitar de manera unilateral.

Ahora, en medio de una enorme crisis económica y luego de haberse expresado nuestro electorado, por indudable mayoría, opuesto a la presente y desigual relación jurídico política; cuando se manifiesta una generalizada protesta contra prácticas comerciales injustas, como la aplicación de las leyes de cabotaje o la exclusión del poder de las agencias e instrumentalidades públicas de reclamar la protección de la quiebra en caso de graves insuficiencias económicas, el gobierno se adelanta a recordarnos que su política es restrictiva, invitando al más alto tribunal de aquel país a repudiar una interpretación que por largos períodos se consideraron como aceptable en nuestro caso. Tanto la quiebra como la doble exposición.

Aunque ciertamente tienen el fundamento de su poder territorial el mensaje es el del imperio que no está dispuesto a permitir ninguna transgresión a sus facultades soberanas. Las facultades de cuasi soberanía que ejercía Puerto Rico en los casos de doble exposición no añadían ni restaban nada al poder judicial de Estados Unidos. Si el Tribunal Supremo de allá deja las cosas como estaban antes de decidirse el caso de Sánchez, amplía nuestro ámbito de poder; si se confirma al Supremo de aquí se reduce nuestro ámbito de poder. Si la discusión es si ellos pueden hacerlo, si les asiste el derecho según ellos lo han establecido, la contestación tiene que ser claramente en la afirmativa. Son los dueños del circo con una reglamentación que les permite disponer de los territorios y de trazar mediante la reglamentación que se les antoje la política pública territorial.

Lo interesante del momento histórico que atravesamos es que tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como nosotros los anticolonialistas, los que aspiramos a una soberanía sin cortapisas, a un Puerto Rico libre y abierto al mundo, coincidimos en que la presente condición es de naturaleza territorial según ellos y colonial según el resto del mundo.

En Puerto Rico, desde la incursión de David Bernier a la política electoral, de nuevo se reinicia la discusión sobre unas aspiraciones a lograr relaciones futuras con Estados Unidos sobre bases no territoriales y no coloniales pero manteniendo el vínculo de la ciudadanía. De esas expresiones que sufren el problema de la espontaneidad, reflejo para muchos de falta de reflexión, se añade el desastre económico que sufre el país. Esa mezcla añade dudas pues el país recuerda que el PPD tiene un compromiso de convocar una Asamblea Constitucional de Estatus durante el presente cuatrienio si ciertas condiciones no se producían y hasta ahora no se han producido. Bernier será el próximo Presidente del PPD dentro de unos días y en ese carácter viene obligado y responsabilizado al cumplimiento de la oferta programática.

Contrario a lo que ha sido la historia del PPD, Bernier será su presidente pero no gobernador. Podrá sugerir pero no actuar para la acción legislativa sobre el asunto, lo que agravará la falta de credibilidad de su partido. El PPD viene hablando de la Asamblea Constitucional de Estatus desde la gobernación de Sila María Calderón, que adoptó el tema el 25 de julio de su último año en la gobernación. El compromiso más articulado lo ofreció Aníbal Acevedo Vila cuando delegó en William Miranda Marín la redacción de la propuesta programática. Pero hay un problema de fondo con las promesas del PPD relativas a la Asamblea Constitucional de Estatus como mecanismo para destrancar el problema de las relaciones políticas con Estados Unidos. El problema radica en la demanda consistente de todo el liderato de su partido cuando proclaman la necesidad de un ELA no colonial y no territorial pero a la vez insisten en la necesidad de retener la ciudadanía americana como vínculo indispensable.

Pienso que puede teóricamente existir un vínculo de ciudadanía compartida entre Estados Unidos y Puerto Rico luego de desatarse el nudo colonial. El problema reside en proclamar de antemano que la ciudadanía es un vínculo sin lo cual el nexo no territorial y no colonial no sería aceptable para los estadolibristas. Plantearlo así constituiría poco menos que un fraude pues no depende de los puertorriqueños la retención o no de esa ciudadanía. En ausencia de previas y serias consultas con Estados Unidos los anuncios suenan a carnada electoral para luego no hacer nada. Además, y de apariencia igualmente fraudulenta, sería prometer la actual llamada ciudadanía como aquello a lo que se aspira en el caso de un verdadero cambio de estatus si, como debemos presumir, se encaminan a intentar el establecimiento de un estatus de libre asociación.

No existe la ciudadanía americana en ninguna relación de libre asociación existente en la actualidad. El único territorio en fideicomiso del Pacífico que se planteó la conveniencia de retener la ciudadanía americana terminó lográndola pero con la condición de mantenerse bajo la cláusula territorial de la Constitución federal. Ese territorio ahora permanece como una colonia de Estados Unidos igual que Puerto Rico. Los otros territorios se convirtieron en estados libres asociados, con soberanía y sin ciudadanía americana. Ninguno de ellos ha manifestado interés en retornar a su situación anterior.


Fuente: Claridad