A pocos días de terminar el año 2019 y comenzar el 2020 conviene echar una mirada atrás y comentar los sucesos acontecidos e identificar sus vínculos y posibles consecuencias. El ejercicio nos lleva, inevitablemente, a situarnos en el 2016 para trazar el proceso que describe este último episodio de nuestra historia. Ese año se produjeron varios eventos de gran significado. Destacan las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que sentenciaron la deslegitimación del “estado libre asociado”. Mientras, el Congreso estadounidense, casi simultáneamente, aprobaba la Ley Promesa imponiendo una Junta de Control Fiscal (JCF) al Gobierno de Puerto Rico. Con ese telón de fondo se celebraron las elecciones generales del 2016 y más adelante, en enero de 2017, se inició la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

El nuevo gobernador apenas pudo comenzar, mucho menos pudo consolidar un equipo de gobierno. Ni siquiera logró reclutar el talento mínimo, ni contar con un liderato aceptablemente maduro. Su desenlace fue la consecuencia inevitable de lo que nunca fue. Probablemente hubiera pasado igual si las elecciones las hubiera ganado otro candidato. Cualquiera que hubiera asumido la gobernación en enero de 2017 se habría tenido que enfrentar a la enorme dificultad de administrar una estructura gubernamental sin el poder para hacerlo. La imposición de la Junta y la ley Promesa, terminaron de ocupar los pocos espacios de gobierno propio que le quedaban al “ela”.

La única ruta posible para ejercer una gestión propia de gobierno, con sentido, no importa quién hubiera sido el gobernador electo, era la confrontación política contra la JCF y por ende contra el Congreso. Esa opción Rosselló la tuvo en sus primeros (y únicos) dos años y en momentos parecía que lo haría, lo cual le hubiera colocado en otra dimensión en nuestra historia. Pero, se amilanó y en la práctica sucumbió y se sumó a las exigencias de la Junta. Emitió órdenes ejecutivas y firmó leyes muy afines a la agenda de la JCF, para finalmente quedar sometido a los planes fiscales de la Junta y a los presupuestos que esta ha impuesto.

Claramente, la gestión de la administración Rosselló colapsó una vez se sometió a los dictámenes de la JCF. De allá para acá han sido los 7 miembros de la Junta, acompañados de un séquito de bufetes y consultores bien remunerados, quienes en la práctica gobiernan y hasta administran las agencias públicas. A lo que ahora se ha sumado la sindicatura de las principales agencias de gobierno, la proliferación de “monitores” y las intervenciones frecuentes y selectivas del FBI.

En los dos años y medio de gestión de Rosselló, todo empeoró. El País no tuvo, ni tiene planes de desarrollo económico. La Junta de Control Fiscal y la ley Promesa, tampoco contemplaron el desarrollo económico de Puerto Rico. La única referencia a ese tema fue la creación del grupo de trabajo cuyo informe y resultado no obligaba ni al Congreso ni a la Junta. Tanto es así, que dicho grupo sometió su informe en diciembre de 2016 sin ninguna consecuencia, hasta hoy.

Mientras, la Junta no ha descansado en poner pie en el acelerador para pagar a los acreedores y bonistas buitres como quedó demostrado con el Plan de Ajuste de COFINA y se pretende con el de la AEE. Esa, y no otra, es la función de la Junta. De ahí que sus cartas a la administración Rosselló fueron insistentes en la exigencia de adoptar políticas de austeridad severas o draconianas (como las caracterizó el premio Nobel de economía, Stiglitz, en su visita a Puerto Rico) con el único propósito de separar el dinero para el pago generoso de la deuda. Por tanto, en ausencia de políticas de desarrollo económico la Junta de Control Fiscal, lejos de ser un instrumento para lidiar con la crisis económica y financiera de Puerto Rico, como algunos pensaron, ha devenido en el principal obstáculo. La situación económica es inédita y de extrema gravedad, y el papel de la Junta no tiene otra consecuencia que agravar la situación.

Para complicar el panorama, la realidad climática se encargó de alertarnos (de nuevo) nuestra ubicación geográfica. Los huracanes Irma y María fueron eventos naturales que desnudaron y profundizaron la diversidad de problemas que ya existían y hervían a punto de estallido. A la incapacidad institucional de una administración de gobierno, castrada por la corrupción para responder a la urgencia de la situación, se unió el desprecio y la mofa del presidente de Estados Unidos. Pero no fueron solamente las expresiones execrables de Trump, fue también, el manejo irresponsable de FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, el Congreso y demás agencias federales que han echado mano el chantaje como norma en su trato hacia Puerto Rico y para quienes cuatro mil vidas representan solo una estadística. Ahora, como si no bastara, se suma la lenta e incierta erogación de fondos para la recuperación tras los huracanes. Es claramente una actuación en bloque del gobierno permanente de Estados Unidos. Trump es simplemente un vulgar accidente.

En ese contexto, los problemas fiscales empeoran y se complican. No hay ecuación ni modelo que pueda concluir que se puede pagar la deuda de más de $100 mil millones, con una economía en contracción y con un panorama de incertidumbre. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cuál es la nueva fuente de ingresos?

Sin embargo, la sustituta de Rosselló, Wanda Vázquez Garced, parece ajena a la situación e ignora el camino desastroso de su antiguo jefe. En sus primeras declaraciones y en otras posteriores, no ha dejado de expresar su adhesión a los planes fiscales y de ajuste de deuda de la Junta. Se identifica ella misma como la persona que puede sostener una “relación” cordial y “respetuosa” con los siete procónsules, como en su momento lo hizo Ricky y ahora también repite Pedro Pierluisi.

Afortunadamente, la respuesta esperanzadora a este capítulo de nuestra historia viene de nuestra gente, de los diversos sectores que constituyen nuestro pueblo. Esta crisis sí ha tenido una respuesta social y de protesta a pesar de la campaña ideológica constante, sofisticada y abrumadora que persigue imponer la idea de que los puertorriqueños nos cruzamos de brazos. ¡Falso! Desde el 2016 las actividades de protesta y de movilización se han sucedido con distintas intensidades y dimensiones. La huelga de los universitarios en 2017, las movilizaciones masivas del Primero de Mayo, y más recientemente, el Verano de 2019, presidido por nuestra bandera nacional ¡sola! Sí, la bandera que prohibió el gobierno de Estados Unidos en el siglo pasado, la que defendieron con sangre, valor y sacrificio nuestros patriotas, fue y es hoy el símbolo de lucha de nuestra nación indómita que se levanta contra tiranos y traidores.

Es importante destacar que todo esto ha ocurrido en tan solo tres años. Incluso, durante el periodo de sufrimiento que representaron los meses posteriores al huracán María, las movilizaciones no se detuvieron. Y el desborde de coraje y energía durante los quince días del pasado mes de julio, fue el reflejo de las tensiones, abusos y frustraciones que laten ante el agotamiento y desplome de un sistema económico y político insepulto.

Si bien, queda aún por descifrar el alcance y las consecuencias del Verano del 19, podemos afirmar que aprendimos que la fuerza radica en nosotros cuando nos disponemos a ejercerla colectivamente. Aprendimos que la unión de voluntades es capaz de todo, por encima de leyes, constitución o de cualquier otra institución.

Tales acontecimientos lo interpretaron correctamente quienes dirigen las agencias federales de “seguridad” y persecución política. No esperaron, ni escatimaron en tiempo y lanzaron un operativo político, mediático y represivo, para desmontar el impacto y las consecuencias de la movilización social y la protesta.

Destaca el caso abusivo contra Nina Droz, como un intento claramente de escarmiento de la fiscalía federal. Igualmente, las leyes anti obreras aprobadas por la legislatura penepé con el propósito de amedrentar a los sindicatos. Y la persecución selectiva y abusiva del Departamento de Justicia (entonces bajo la dirección de Wanda Vázquez Garced) contra un grupo de estudiantes universitarios que participaron en la huelga de 2017 defendiendo la Universidad de Puerto Rico. Pero no les ha funcionado. Ninguna política represiva y abusiva puede persistir sin respuesta de las clases y grupos sociales afectados.

Hoy, como pocas veces en nuestra historia, se hace evidente la necesidad de mantener la respuesta colectiva y la movilización en los espacios públicos. Esa ha sido, en las pasadas décadas, la forma más efectiva para exigir nuestros derechos y reivindicaciones. Los ejemplos son muchos y recientes. La victoria de Vieques, la derrota del gasoducto (la mal llamada “vía verde” de Fortuño), la excarcelación de Oscar López Rivera, la expulsión por primera vez en nuestra historia de un gobernador electo, y tantas otras victorias ocurridas a nivel regional y local. Es decir, la práctica nos ha demostrado cuál es la ruta que nos permite trascender los espacios privados y pequeños y generar potentes movimientos que en sí mismo se convierten en expresiones de poder social.

Es sobre esa base que se hace necesario proponer y plantear la conquista indispensable de los poderes políticos conculcados por el gobierno estadounidense. No hay manera de atender y buscar los caminos que nos permitan lidiar con los problemas económicos y los desafíos que supone el desarrollo en general del País, si no se tienen los poderes para diseñar los instrumentos e implantar nuestras políticas, programas y planes.

En estos momentos, sigue en nuestra agenda como tarea primordial, rearticular las fuerzas y los sectores patrióticos y anticolonialistas para confrontar a Washington y exigir, con el apoyo de la diáspora que vive exiliada en Estados Unidos y de la comunidad internacional, la autodeterminación e independencia de nuestro pueblo.

(Tomado de Claridad)