Recientemente se ha estado comentando la posibilidad de un paro general. Para algunos la situación parece darse en el aire y casi aleatoriamente. La realidad es que esto responde a la actual consideración de un proyecto de ley cuyo fin es declarar una emergencia fiscal. El título del proyecto un poco disimula su contenido, dando la impresión de que no hace más que buscar la seguridad económica del país.

La bautizada Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Proyecto 1922 de la Cámara en efecto busca la seguridad económica, pero una seguridad económica muy particular. Lo que la legislación propone es la condena de los trabajadores públicos, para solidificar el dominio de los bonistas sobre la Isla. Es precisamente por esto que hoy escuchamos hablar de un paro general.

En ese sentido la Universidad de Puerto Rico no se salva del tijerazo, lo cual es preocupante dada la importancia universitaria al presente. En tiempos de crisis económica es imperativa la inversión en la educación superior pública, pues ésta produce soluciones y respuestas a los problemas sociales a través del análisis, el debate y la investigación. Parte de ello comprende la ampliación en el acceso a la educación hacia los sectores trabajadores y desaventajados económicamente. Hacer lo contrario sería algo así como limitar la cantidad de médicos en medio de una pandemia. Precisamente eso es lo que trata de hacer el Proyecto de la Cámara 1922.

Esta medida propone una serie de recortes en general. Como parte de ellos está la reducción en los horarios de servicios, cancelación de estos y revisión tarifaria a los proveedores de los mismos. La motivación radica en el mandato de reducir en un 10% los gastos de las corporaciones públicas, agencias y otras instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que son expuestos en la pieza legislativa. En ese sentido se abren paso toda una serie de medidas dirigidas a los trabajadores, las cuales no solamente ponen una sobrecarga a las labores que ya realizan, sino que atentan contra distintos beneficios que han conllevado generaciones de sacrificio. Aquí cabe mencionar la congelación en aumentos a todo tipo de bonificaciones, la congelación de aumentos de sueldo, la imposibilidad de liquidar en efectivo licencias por días de enfermedad y vacaciones en exceso, la congelación de plazas tanto transitorias como de carrera y la no negociación de cláusulas económicas en los convenios. Estos ejemplos muestran a grandes rasgos lo que se busca imponer a nuestros servidores públicos. Sin embargo es pertinente que el lector lo vea por sí mismo en la ley, particularmente en sus artículos 9, 11 y 12.

No todas estas disposiciones aplican directamente a la Universidad, pues el proyecto menciona que ésta no se considera como parte del gobierno central. Sin embargo, su efecto sobre la institución es evidente y preocupante. Las medidas señaladas afectan el bolsillo de los trabajadores públicos en una sociedad donde el costo de vida va en aumento. No es necesario ser científico de cohetes espaciales para saber que el escenario perfilado para los trabajadores del gobierno limita sus posibilidades económicas para que sus hijos entren y permanezcan en la universidad del pueblo de Puerto Rico. Igualmente, una reducción en la matrícula no solo afecta las arcas universitarias, sino que también reduce la producción de capital humano. Pero ésta no es la única forma en que se trastoca nuestra universidad.

El proyecto cameral plantea con respecto a la Universidad de Puerto Rico que el subsidio gubernamental, es decir el dinero otorgado a la UPR, será equivalente al del año 2013-2014 hasta el 2017 que es cuando la ley dejaría de ser vigente. Esto choca con la Ley 2 de 1966 y la fórmula del 9.6% del Fondo General bajo la que es financiada gran parte de la Universidad. La razón es matemáticamente elemental, de aprobarse este proyecto habrá más dinero en el Fondo General debido a los recortes y ahorros, por lo que el 9.6% de este fondo supondría una cantidad mayor de ingresos a la institución académica. La congelación de la aportación gubernamental significaría recibir menos de lo que corresponde hasta que culmine la vigencia de la ley. Aquí hay que incluir que la congelación de plazas se extiende a la UPR, pues el proyecto dispone que aplica a todas las corporaciones que reciben financiamiento del Fondo General.

No es necesario dar más rodeos, la propia exposición de motivos del Proyecto 1922 expresa que la Universidad de Puerto Rico se impacta con esta pieza legislativa. Hay que tener claro que si bien se propone esta iniciativa hasta 2017, el gobernador puede solicitar su extensión hasta 2020. Es decir que cabe la posibilidad de que la UPR se mantenga hasta dicho año con la misma cantidad de dinero que durante 2013-2014. Pero los estudiantes llevan sus consciencias tranquilas.

A través del Frente Estudiantil por una Educación Pública Accesible y de Calidad (FEEPAC) se han hecho los señalamientos pertinentes y con vasta evidencia. Por falta de propuestas el estudiantado no peca. Alternativas como asumir las tutorías del Departamento de Educación que se encuentran en manos privadas, el cobro de deuda, recortes presupuestarios a nivel administrativos, entre otras han sido parte de las recomendaciones.

Ante este proyecto hay dos vías, o se está del lado del pueblo o se está con los grandes intereses. El gobierno actual propone más de lo mismo, austeridad y pleitesía a los bonistas. Frente a ello es nuestro momento de tirarnos a la calle, fomentar el diálogo de ideas, plantear soluciones y poner por encima a los que se fajan por Puerto Rico. Esos son los estudiantes, trabajadores y todo aquel dispuesto a tirarse a la calle. Sin Universidad para el pueblo no hay pueblo. Por ello hay que aprender del pasado y asumir la responsabilidad. Desde la amplitud, con la diversidad a encaminar el País.