La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) del Recinto de Río Piedras denunció los arrestos de estudiantes que entregaban propaganda de forma pacífica y adjudica responsabilidades por el clima de violencia en la UPR.

La APPU-Río Piedras denuncia los arrestos de 10 estudiantes que distribuían en algunos salones información sobre los motivos de la huelga y la onerosa cuota impuesta. Esta gestión se estaba llevando a cabo de forma pacífica y solicitando permiso de los profesores que accedieron sin problema. Fue la Unidad de Arrestos Especiales de la Policía la que, después de recibir una alegada llamada, procedió al arresto de diez estudiantes en los pasillos de la Facultad de Humanidades, amparándose en la interpretación del reglamento universitario que alegadamente son acciones que "interrumpen clases", aunque el Comandante de Área, Sergio Rubín estableció que los estudiantes violentaban el artículo 90 por obstrucción a la justicia.

Información que hemos recibido apunta a que los docentes visitados en sus salones autorizaron la entrada de los estudiantes y que transcurrió el proceso de forma ordenada. Al estudiante Guillermo Morejón lo lanzaron por las escaleras y luego lo arrestaron. Cabe señalar que esta mañana los estudiantes se reunieron para discutir las estrategias de hoy y determinaron que no harían manifestaciones, y que sólo llevarían un mensaje escrito a los estudiantes que entraran al recinto de forma ordenada y pacífica.Los estudiantes arrestados reciben trato diferenciado al de delincuentes comunes, impidiendo que sus familias los vean o sus abogados. Esta situación confirma que los estudiantes y los universitarios, al considerárseles como disidentes políticos se les trata como presos políticos.

Estos hechos son parte de un ambiente militarizado y antiuniversitario, de intolerancia inclusive a formas de protesta y divulgación  pacífica. Estamos bajo un estado de sitio legalizado y autorizado dentro del campus. El recinto está bajo una ley marcial no declarada pero es evidente en la presencia de diversas fuerzas del Estado con el fin de coartar la libre expresión, el derecho a la protesta,  como si se tratase de un estado de emergencia nacional el campus universitario. Este clima de tensión y criminalización del disenso es contrario al ambiente académico que debe prevalecer en cualquier institución universitaria, y pone en riesgo a los docentes que laboran, los estudiantes que asisten a clases y a los trabajadores universitarios en general.

La APPU ya se expresó sobre los sucesos violentos de ayer en otro comunicado, pero igualmente planteamos que el discurso del Presidente alude a la "crisis presupuestaria" inducida a la UPR como una enfermedad, simplifica el alza en costo de estudios y la cuota de $800 como medicinas para el cuerpo enfermo de la UPR sin que logren ser transparentes en su ejercicio de las finanzas, es un discurso mundial bastante gastado, hueco, que insulta la inteligencia del pueblo. Esta visión miope de los administradores universitarios, obsesionados con el poder, nos pone en riesgo a todos: disentir no es estar enfermo, socavar las finanzas de la principal institución pública superior del país no es una gripe y las manifestaciones de los universitarios, no son sino la reacción a una violencia estructural contra la Universidad y desde la cúpula de la Administración para facilitar la supresión del proyecto cultural y de nación que ésta representa.

Hemos sido testigos de la espiral de violencia que crece peligrosamente en el país y que crea un desasosiego, una sensación de que no hay salida al conflicto, de que la intransigencia de este gobierno no tiene límites y parecen abortarse las soluciones o propuestas de los ciudadanos, de los estudiantes, de los universitarios, que son las verdaderas alternativas a la violencia. El diálogo necesita convertirse en acciones a corto y largo plazo que es garantizar un presupuesto recurrente a la UPR. El país se hunde en una violencia ciega y brutal, pero las fuerzas represivas del Estado se concentran en reprimir a los que levantan su voz y acciones ciudadanas contra políticas gubernamentales dictadas por bufetes que controlan la UPR a $500 la hora donde laboró el Gobernador, los empresarios con serios conflictos de intereses que actúan como mafias corporativas, y entes externos a la academia quienes redactan una Reforma Universitaria a espaldas de los universitarios. Condenamos la violencia estructural que caracteriza este gobierno y sus políticas, sus efectos en la UPR y en las familias de los estudiantes, de todos los trabajadores universitarios y del resto del país. Repudiamos el estado de sitio universitario y responsablizamos a los Administradores universitarios, a la Junta de Síndicos, a la Rectora de Río Piedras, a Figueroa Sancha y al Gobernador Fortuno por la violencia económica que es la causa principal de las otras violencias.

Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)
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