SAN JUAN, Puerto Rico, 13 de enero de 2011 (NCM) – Al cumplirse nueve meses del imparable alzamiento estudiantil, que ya ha cobrado un saldo de enfrentamientos y el Gobierno ha combatido con restricciones crecientes a los derechos civiles, el panorama se complica al surgir información conflictiva sobre la posibilidad de que el país sea desposeído de un tesoro millonario guardado por generaciones.

Se trata de un tesoro que incluye los inmuebles –excepto tierras de labranza- así como bienes muebles, efectivo, joyas, instrumentos de inversión y, en suma todo tipo de caudal, de las personas fallecidas sin dejar herederos desde 1930 y que la ley destina a la Universidad de Puerto Rico, pero que ahora el propio Gobierno ha hecho arreglos para que pueda ser sometido a pública subasta.

Mientras tanto, la atención pública se concentra más en las incidencias –a veces violentas- como el disturbio de esta semana, que según las autoridades universitarias dejó pérdidas por tres mil dólares cuando jóvenes encapuchados rompieron cristales y cometieron otros desmanes durante una marcha que retó la prohibición de actividades masivas de libertad de expresión en el Recinto de Río Piedras de la UPR. Al día siguiente, la Policía nacional que ocupa el campus arrestó violentamente diez estudiantes por visitar salones de clases y hacer propaganda a favor de la huelga con permiso de los profesores, aunque luego de estar horas encarcelados, los fiscales se negaron a presentarles denuncias.

La huelga ha tenido una efectividad del 90 por ciento en Río Piedras desde que se reanudó el semestre el martes pasado y se ha extendido a los recintos de Cayey y Carolina, pero hasta ahora el Gobierno rechaza negociar con el Comité de Representación Estudiantil, que ha propuesto alternativas para proveer rentas que superan varias veces los 40 millones de dólares que se espera recaudar con los aumentos decretados a los costos de matrícula.

El Gobierno insiste en que el alzamiento estudiantil es en realidad promovido con intenciones políticas desestabilizadoras. Por la huelga que duró 62 días en la primavera pasada, la jefatura de la UPR tuvo que revocar la reducción de las exenciones de matrícula para estudiantes aventajados, atletas, músicos y los hijos de trabajadores del sistema universitario, además de que no pudo implantar el alza general en agosto.

La insistencia en implantar los aumentos provocó la reanudación de la huelga en diciembre, que ha logrado apoyos notables de otros sectores sociales, sindicales, políticos y de la Iglesia.

Los diálogos de finales de diciembre y principios de enero no produjeron resultados, más allá de fijar el desacuerdo. En ese ambiente en que no se discuten las propuestas para aumentar los fondos que el Estado asigna, mucho menos se habla del tesoro acumulado y mantenido lejos del escrutinio público.

El paradero de todo ese caudal resulta difícil de precisar y una fuente vinculada a la jefatura de la Universidad indicó que tuvo acceso al inventario en 2005 y 2009 y aseguró que, en en el lapso de apenas cuatro años había desaparecido de los documentos cerca del 90 por ciento de los bienes listados. Sea por un problema sencillo de los sistemas de archivo o por cualquier otro motivo, el asunto reviste ahora una importancia radical ya que ante la reducción sistemática de los fondos públicos asignados para la operación de la UPR, la jefatura firmó un contrato para un empréstito de 100 millones de dólares con el Banco Gubernamental de Fomento en el que se autoriza a la institución financiera a gestionar la subasta de las “propiedades susceptibles de venderse” por cualquier incumplimiento.

Ante las preguntas de NCM Noticias sobre el polémico contrato, el Presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, dijo que se trataba de “unas propiedades” relacionadas con “herencias” dejadas a la institución y que había algunas fincas y casas. Pero, ni él ni miembros de la Junta de Síndicos pudieron decir a cuánto ascendía el monto aunque dejaron clara su opinión de que, de todas formas, son bienes que probablemente lo mejor era venderlos.

Fue después de trascender la información sobre el referido contrato que un abogado se comunicó para avisar de la investigación que se lleva a cabo para tratar de determinar el paradero de las propiedades que han debido ser transferidas a la UPR por este concepto. La pesquisa intenta establecer no sólo el monto de las propiedades que forman parte del caudal sino el nivel de cumplimiento por parte de las instituciones del Estado en gestionar las referidas herencias.

El tesoro de la UPR, una de las aportaciones históricas del gobierno anexionista que por aquellos años tenía entre sus figuras cimeras al prócer Rafael Martínez Nadal, convirtió a Puerto Rico en un país que para garantizar el futuro de su educación superior decidió destinar a ello la garantía de todos los bienes para los que no hubiese herederos particulares. De hecho, ese caudal fue una de las bases materiales para que al aprobarse la constitución autonómica de 1952 Puerto Rico pudiera establecer la educación como el quinto derecho civil.

Pero el nuevo gobierno anexionista, dirigido por el Gobernador Luis Fortuño, plantea que la educación universitaria pública no es un derecho sino un privilegio y justifica así tanto la reducción sistemática de los fondos para la UPR, como la imposición de los nuevos cargos que han detonado el alzamiento estudiantil. Como medida para consolidar su nuevo concepto del “privilegio de estudiar en la Universidad de Puerto Rico”, el Secretario de Estado, Kenneth Maclintock, defiende el nuevo sistema de becas, que permitirá al Gobierno escoger a los estudiantes pobres a los que se otorgue una aportación para que puedan cubrir los nuevos costos.

Luego de varias reuniones fallidas de diálogo con portavoces estudiantiles, Mclintock reconoció que el nuevo incremento –denominado cuota de estabilización- ha sido una idea “negativa” por lo que nadie quiere admitir su paternidad, pero insistió en que viabiliza la implantación de la nueva política pública que asegura es de justicia social.