WASHINGTON – Bajo presión de Latinoamérica, el Comité de Descolonización volverá hoy a expresar que ha llegado el momento de que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) retome jurisdicción del caso político de Puerto Rico.

En esta ocasión, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y San Vicente -y las Granadinas- pueden sumarse como coautores de la resolución de Cuba y Venezuela a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico, la cual debe aprobarse esta misma tarde.

Desde hace tres décadas, el Comité de Descolonización de las Naciones retomó el debate sobre el caso político puertorriqueño, a pesar de que la Asamblea General de la ONU, en 1953, excluyó a Puerto Rico del listado de territorios sin gobierno propio.

La resolución que se llevará a votación hoy recuerda que los gobiernos estadounidenses de Barack Obama y George W. Bush han reconocido la subordinación política de Puerto Rico en los informes sometidos por sus grupos interagenciales sobre la Isla.

El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, confió en que la resolución se apruebe por unanimidad, después de que más de 20 grupos políticos, cívicos, religiosos y pro derechos humanos le pidan acción al Comité.

Martín prevé además que se hará un especial énfasis en las ponencias a los reclamos de liberación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera y al debate actual en la Isla sobre la posible convocatoria a un nuevo proceso de status.

Héctor Pesquera, portavoz del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), sostuvo que la presión sigue para que la Asamblea General de la ONU vuelva a debatir el caso político puertorriqueño, pero reconoció que su sesión de este año –en septiembre– debe estar dedicada a la situación del pueblo de Palestina y a la del Sahara Occidental.

La sesión de hoy tiene lugar una semana después de la visita de cuatro horas a San Juan del presidente Obama, quien ha indicado que se requerirá un “mandato claro” de los puertorriqueños en torno al status para lograr impulsar en el Congreso una legislación.

Los grupos pro derechos civiles y políticos coincidirán en levantar asuntos como los reclamos de liberación de López Rivera, las denuncias por la vigencia en Puerto Rico de las normas federales a favor de la pena de muerte y defenderán el voto de los puertorriqueños en Estados Unidos en cualquier proceso de libre determinación de la Isla.

En su ponencia, el portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, Eduardo Villanueva Muñoz, hace referencia a las denuncias de brutalidad policial en contra del gobierno de Luis Fortuño, pero sobre todo a la decisión de la Comisión Federal de Libertad Bajo Palabra de rechazar la excarcelación de López Rivera, quien lleva 30 años como prisionero político debido a sus vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

“Este Comité debe exigir en su resolución que se excarcele a Oscar López a la brevedad posible. Ello propiciará que la política de Estados Unidos sobre derechos humanos y su accionar en la colonia que mantienen en Puerto Rico sea consistente con los reclamos que le hacen a otros países del mundo en el tema de los derechos universales de todos los seres humanos”, señala Villanueva Muñoz.

“La aplicación de la pena de muerte en nuestro País dramatiza la sujeción del pueblo de Puerto Rico a una dominación foránea que afecta el más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida”, indica en su ponencia, por su parte, Edgardo Román Espada, representante de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.