“Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”, le dijo el ex-Presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica a Luis Almagro en 2014, luego de que éste hiciera notoria gala de su agresividad contra el gobierno constitucional de Venezuela y de su alineamiento con la política más agresiva e injerencista de EEUU en América Latina.

No se equivocó; su excanciller y actual Secretario General de la OEA; culminó en estos días con una patética puesta en escena en la mera frontera entre Colombia y Venezuela y con declaraciones propiciantes de una potencial intervención armada contra el país caribeño, ganándose el repudio internacional y la desmentida de la gran mayoría de los gobiernos de los países integrantes de la OEA.

Almagro viajó a Cúcuta, Colombia, y en el puente Simón Bolívar, fronterizo con Venezuela, rodeado de un puñado de emigrados opositores al gobierno de Maduro, afirmó que no debía descartarse una intervención militar en Venezuela ante la crisis social y política que vive ese país. “Las acciones diplomáticas están en primer lugar, pero no se pueden descartar otras”, dijo.

Dadas las anteriores declaraciones del Presidente Trump, la reunión de militares golpistas de Venezuela con funcionarios de EEUU y la propia declaración de Francisco Santos, embajador Colombiano en ese país, alentando una guerra de su Colombia con Venezuela, todos entendieron lo que verdaderamente esas declaraciones quisieron decir: Si el gobierno venezolano no se aviene a los dictados de EEUU podrá organizarse una intervención armada.

Es la primera vez, en la controvertida historia de la OEA, que un Secretario General, en vez de buscar la unión y fomentar la resolución diplomática de las contradicciones entre los estados miembros fomenta la guerra.

Sin embargo las lamentables declaraciones de Almagro no se quedaron ahí. “Definitivamente el régimen de Nicolás Maduro está perpetrando crímenes de lesa humanidad contra su población, está incurriendo en violaciones de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, está impulsando un éxodo inducido”, dijo.

Para concluir: “La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto, la comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado, la afecta a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado”.

Es indudable, que su fanatismo no le permitió interpretar el contexto de sus palabras dichas en la frontera con Venezuela desde Colombia, el primer productor mundial de cocaína, justamente en las regiones fronterizas con Ecuador y Venezuela.

Días después, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), informó que durante 2017, la superficie cultivada con coca aumentó en Colombia un 17% pasando de 146 mil a 171 mil hectáreas, estimaciones algo menores a la de la Oficina de la Casa Blanca para las Políticas Nacionales de Control de Drogas (ONDCP), que estima que Colombia pasó de tener 188.000 hectáreas en 2016 a 209.000 en 2017.

Simultáneamente, el New York Times estimó que el 40% de los integrantes de las FARC desmovilizados por los acuerdos de paz han retomado las armas incorporándose al Cartel del Golfo y otras organizaciones delictivas que operan en Colombia. El fracaso en la disminución de los cultivos de coca se da no obstante el Plan Colombia que permitió la intervención de la DEA y las fuerzas armadas norteamericanas en el terreno. En cuanto a la vuelta de los guerrilleros a la violencia, el NYT lo explica por las muertes a manos de parapoliciales, la falta de oportunidades y los atropellos violentos a los campesinos por fuerzas estatales y paraestatales en el saqueo de tierras y propiedades.

Si acusar al gobierno de Nicolás Maduro por el narcotráfico en ese contexto resultó inverosímil, rasgarse las vestiduras por la “expulsión de población” de Venezuela no puede serlo menos. Almagro proviene de un país que no registra aumento de población intercensal entre 2004 y 2011, además de que un 10% de su población reside permanentemente en el exterior. Por otra parte, hasta 2015, según la Organización Mundial de Inmigraciones (OIM), 1 millón de colombianos residían en Venezuela y sólo 46.654 venezolanos en Colombia.

Cerca de 2,3 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años, según informó la ONU, que atribuyó las causas a la falta de alimentos y medicinas, sin embargo, la revista FORBES afirma que sólo unos 100 mil venezolanos emigraron a Colombia en los últimos 2 años. Por su parte, Venezuela estima que 5 millones de colombianos y sus descendientes viven en Venezuela. Entonces, hay un problema migratorio, pero es común a América Latina y al mundo.

Tan descabelladas resultaron las declaraciones del desprestigiado Secretario de la OEA, que el propio Grupo Lima de países latinoamericanos, constituido a instancia de Estados Unidos para atacar a Venezuela, tuvo que salir con una declaración formal desmintiendo a Almagro y desligándose de su tono belicista. No obstante mucho más claro fue Evo Morales, presidente de Bolivia: “Así confirma que dejó de ser Secretario General de la OEA para convertirse en un agente civil del golpismo de Donald Trump. Atentar contra Venezuela es atentar contra América Latina”, declaró.

Sin embargo, una vez alertado Almagro de la repulsa internacional a sus declaraciones quiso bajar el tono arruinándola mas, “¿Fue conforme a Derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de la no intervención? ¿Fue conforme al Derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención?. No. Es completamente inmoral negar a futuro ese derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta”.

Es la nueva Doctrina Almagro, si los Estados Unidos o el Secretario de la OEA, creen que a futuro un gobierno latinoamericano que no les gusta puede derivar en el Khmer Rojo entonces, preventivamente, hay que invadirlo y derrocarlo.

Se entiende que después de estas últimas declaraciones miembros del Frente Amplio uruguayo hayan pedido su expulsión y que su propio gobierno afirmara que no lo volvería a elegir en la OEA.

(Agencia Timón)