La jueza Wanda Cruz Ayala determinó no causa en todos los cargos presentados durante una vista preliminar en alzada en contra siete estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), señalados por irrumpir una reunión de la Junta de Gobierno de la institución educativa en abril de 2017.

Se trata de siete estudiantes a quienes se les buscaba imponer una serie de cargos, entre los que se encontraban daño agravado, restricción a la libertad agravada, violencia e intimidación y motín. Los jóvenes son: Alexa Paola Figueroa Carrasquillo, Juan C. Collazo Vázquez, Francisco A. Santiago Cintrón, Randiel Negrón Torres, Thaliangelly Torres González y Verónica del C. Figueroa Huertas.

En ese aspecto, se sostuvo la decisión previa del juez Arnaldo Castro Callejo, quien encontró causa para juicio contra cinco de los siete jóvenes en cargos particulares. En ese momento, el Juez no determinó causa contra Figueroa Carrasquillo ni contra Collazo Vázquez.

Bajo esos parámetros, Negrón Torres, Torres González y Figueroa Huertas enfrentarán juicio por violaciones al Artículo 245 de violencia e intimidación contra la autoridad pública y por el Artículo 156A de restricción de libertad agravada mediante violencia, intimidación, fraude o engaño. Este último también pesa sobre Santiago Cintrón.

Todos, además, enfrentarán una violación menos grave al Artículo 179, que es el delito contra el derecho de reunión durante el juicio, a celebrarse desde el 13 de junio del año en curso.

Los hechos se remontan al 27 de abril de 2017, cuando un grupo de entre 30 a 60 manifestantes interrumpió una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en el edificio de la administración del Jardín Botánico de Río Piedras, a modo de protestar los recortes presupuestarios a la institución educativa, que suponían discutirse y llevar a votación. En ese entonces, la doctora Nivia Fernández Hernández fungía como presidenta interina de la universidad y a quien se le exigió —junto a los demás miembros del ente rector— que firmaran un compromiso para no efectuar las medidas de austeridad.

La vista en alzada consistió en el testimonio de Fernández Hernández, quien había testificado inicialmente durante la vista preliminar. En su recuento, la también catedrática del Recinto de Río Piedras de la UPR, relató que se dirigió a la fiscalía para rendir una declaración jurada tras la cancelación de dicha reunión.

El documento fue desmenuzado durante la vista en alzada, ya que en él, la expresidenta no ofreció detalles sobre las personas involucradas en el evento.

“Era una declaración del incidente. En ningún momento se me dio la instrucción [de identificar personas]. La forma en que hice la declaración, no describí a ninguna persona en particular”, explicó Fernández Hernández, quien identificó en solo solo a algunos de los imputados y con cierta dificultad.

De acuerdo al fiscal Ángel García Rodríguez, la declaración jurada no abordó las descripciones físicas de los imputados porque “como había prueba adicional de los videos, no cubrimos esa parte con los testigos”.

“¿Cómo de un grupo de 50 personas, porque es el número medio de todos los que se han dicho aquí, nos encontremos en el día de hoy ante un número tan reducido de imputados? Cómo fue ese proceso de selección desconocemos, pero ciertamente no fue por declaraciones de los testigos”, cuestionó, por su parte, la abogada María Soledad Sáez Matos, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

La licenciada, quien representa a la joven Figueroa Carrasquillo, aludió al informe de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) publicado hace una semana, el cual reveló que la Policía de Puerto Rico cometió actos de espionaje digital durante los días previos al 1 de mayo de 2017. De acuerdo a los hechos, ese fue el período en que se preparó la radicación de cargos contra los estudiantes, puesto que ninguno fue arrestado el día de los hechos.

Sáez Matos lamentó además que, a la misma vez que el Estado buscaba prosperar en una alzada contra los jóvenes, el Estado mismo recomendaba multas y consecuencias desproporcionadas a los delitos en una sala contigua referente a los exrectores y personal administrativo que se valieron de fondos públicos del programa CRECE 21 para costearse viajes y lujos personales.

Declara la expresidenta de la UPR

Fernández Hernández aseguró que los recortes dispuestos en el plan fiscal a ser discutido en el cónclave en cuestión fueron elaborados por su predecesora, la doctora Celeste Freytes González, por tanto, no tuvo injerencia en su contenido.

En cuanto a las protestas de ese día, Fernández Hernández confesó que minutos antes de la reunión “sentía el ambiente un poquito impaciente” y que la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno había alertado sobre la presencia de manifestantes en los predios del Jardín Botánico con intenciones de entrar a la reunión y que la seguridad del edificio estaba comprometida.

Al preguntársele sobre cómo reaccionó a esa información, Fernández Hernández recordó que ordenó el desalojo del personal administrativo. En la estructura permanecieron los miembros de seguridad interna y los participantes de la reunión que, pese a las advertencias y las preocupaciones, continuaron con la agenda predispuesta. El salón en que se daría la reunión, además, estaba resguardado por tres conjuntos de puertas de cristal, pero nadie verificó que estuvieran cerradas con seguro.

“Entraron con gritos, diciendo mi nombre, dando en los techos, en los muebles. Yo sentí temor, sentí miedo… Eran decenas de personas. Podría decir que en un momento entraron 40, 50, 60 personas”, aseguró Fernández Hernández, quien mencionó que en una ocasión llegó a pensar que iba a morir por sus palpitaciones, pero no le llamaron a los paramédicos. En su lugar, le pasaron una botella de agua.

A preguntas de los abogados sobre porqué no salió del salón, la profesora señaló que una cadena humana formada por los manifestantes le restringía su libertad, sin embargo, durante el testimonio también subrayó que al menos tres guardias de seguridad lograron llegar hasta ella y habían camarógrafos de medios noticiosos moviéndose en el lugar. Incluso, minutos después de que los manifestantes se marcharon —libre y voluntariamente, según se subrayó en sala—, Fernández Hernández ofreció declaraciones a la prensa.

Fernández Hernández formó parte de una lista de al menos 12 testigos que fueron alternados durante la vista preliminar y la alzada. Entre ellos se encontraron agentes de la Policía y la seguridad universitaria y personal del Jardín Botánico de Río Piedras, así como otros miembros de la Junta de Gobierno de la Institución.