Recientemente la Audiencia Nacional nos ha imputado el delito de financiación del terrorismo a dos compañeras y a mí. Los hechos se produjeron en 2014 y 2015 cuando, con ocasión de brutales invasiones de Gaza por ejército israelí con terribles consecuencias de muerte y destrucción, Red Roja decidió solicitar aportaciones económicas para ayudar al pueblo palestino a través de una cuenta corriente instalada en su página web. Los hechos son los mismos que relata el documental “Gaza”, que recibió el premio Goya en enero pasado [1].

El pasado mes de junio el juzgado número 6 de dicha Audiencia denegaba el sobreseimiento de nuestra causa y se incoaba Sumario Ordinario, dado que encontraba “suficientes indicios de criminalidad”. Su pronunciamiento tuvo lugar con posterioridad a la presentación por parte de nuestra defensa de un documento que acreditaba el destino final de los fondos: la reconstrucción de instalaciones sanitarias derruidas en los ataques.

El argumento de la acusación ejercida por la organización israelí con sede en Nueva York, Lawfare Project, y aceptado por la Audiencia Nacional como indicio de criminalidad, era la entrega de la primera cantidad a la dirigente palestina Leila Khaled, a su vez miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). El fundamento es que dicha organización está incluida desde 2003 en un listado europeo de organizaciones terroristas, propiciado por EE.UU a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001.

El citado listado no ha sido traspuesto a las legislaciones de cada Estado por lo que no hay ningún impedimento para que representantes de dicha organización actúen libremente en la UE. Así lo ha reconocido en 2017 la misma Audiencia Nacional, quien a través de la jueza Carmen Lamela, desestimó la denuncia de organizaciones israelíes contra la misma Leila Khaled y permitió su libre entrada en España. Esas organizaciones acusaban también al ayuntamiento de Barcelona, patrocinador de la Feria Literal en la que la dirigente palestina finalmente intervino, de los delitos de “integración en organización terrorista, colaboración con organización terrorista, apología y enaltecimiento del terrorismo, financiación de actividades terroristas, malversación de caudales públicos y prevaricación”. Todo ello, basado en la naturaleza terrorista del FPLP.

El hecho es que el FPLP es miembro fundador y parte destacada de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) reconocida desde 1974 por la Asamblea General de Naciones Unidas como “único representante legítimo del pueblo palestino” [3].

Más allá de los pormenores concretos de la causa abierta contra nosotras, el tema central que subyace en todo este asunto es la dificultad insuperable para encontrar una definición de terrorismo que cumpla el requisito jurídico primario de ser aplicable con carácter general. Innumerables interrogantes acuden a la mente. ¿Se puede considerar terrorista la resistencia contra la ocupación nazi en la II Guerra Mundial?

¿Era terrorista la lucha del pueblo vietnamita contra el invasor estadounidense?, ¿o la del Congreso Nacional Africano contra el régimen del apartheid en Sudáfrica?, ¿o la del pueblo argelino contra la ocupación francesa?

Los ejemplos históricos son casi infinitos y el intento de otorgar al vencedor o al más fuerte el derecho de decidir quién es terrorista, como pretende el Estado de Israel, contraviene el fundamente mismo del Derecho Internacional. Así lo ha reconocido en cientos de Resoluciones la Asamblea General de Naciones Unidas quien ha afirmado siempre la legitimidad de la lucha del pueblo palestino.

La causa que se sigue contra nosotras, al igual que los procedimientos judiciales abiertos contra representantes del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), persigue la criminalización de la solidaridad internacionalista con el pueblo palestino y que los crímenes cotidianos que el sionismo perpetra contra él sean silenciados e impunes.

Y se persigue, no sólo la solidaridad con el pueblo palestino, sino la solidaridad internacionalista en general, tal y como se refleja en los Autos emitidos por el Tribunal que lleva adelante nuestra imputación. Los “indicios de criminalidad” que estima en nosotras se fundamentan en la solidaridad internacionalista ejercida por Red Roja con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con el Sahara…etc (sic).

El imperialismo euro-estadounidense, a la búsqueda desesperada de materias primas baratas, multiplica las extorsiones y las agresiones, intentando disfrazarlas de intervenciones en defensa de los derechos humanos. La ayuda humanitaria, las limosnas destinadas a encubrir los horrores creados por ellos mismos o el apoyo a los refugiados que huyen de las guerras provocadas por “occidente” deben llegar a través de oenegés financiadas por sus gobiernos, sus banqueros y sus multinacionales.

[1] La valiente dedicatoria de uno de sus directores Julio Pérez del Amo al pueblo palestino al recibir el premio Goya puede verse aquí. https://www.youtube.com/watch?v=SGUilMU54dc

[2] https://www.lavanguardia.com/vida/20170511/422503605320/denuncian-al-ayuntamiento-de-barcelona-por-la-conferencia-de-una-terrorista-palestina.html

[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_de_Palestina