Hasta el momento de redactar esta nota, la gobernadora Wanda Vázquez Garced no ha reaccionado a una solicitud de reunión por parte de los grupos que reclaman el cese de la operación de la planta de carbón AES y el depósito de sus cenizas en la isla.

Desde que la planta de quema de carbón AES en Guayama inició operaciones en el 2002, se calcula que el pueblo de Puerto Rico le ha pagado la cantidad de $2 mil 600 millones. Para el 2027, ya le habrá pagado $ 4 mil millones, a costa de que estos rieguen cenizas por toda la isla, contaminen pozos de agua y provoquen enfermedades y muertes.

El dato fue divulgado por el activista y portavoz del grupo Resistencia Contra las cenizas de Carbón (RCC) Víctor Alvarado, junto a activistas de otros grupos ambientales. Tanto el RCC, la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, el Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas, la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur Este, el Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida y Toabajeños en Defensa del Ambiente esperan por que la gobernadora Wanda Vázquez Garced les conteste una carta enviada el 15 de agosto, en la cual le solicitan una reunión. Entre los asuntos presentados para su atención están el cierre inmediato de la planta y que se retire y se renuncie a la negociación de contratos nuevos entre AES y el Gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF), incluyendo las conversaciones con la nueva empresa de AES, Influence, hasta que se concluya una investigación de los crímenes contra el ambiente y la salud pública. La carta subraya que esta investigación le fue solicitada al Departamento de Justicia, mientras ella era la Secretaria.

Pero la indiferencia a estos reclamos no parece emanar solo del Gobierno de Puerto Rico, el cual permite que la isla tenga una montaña de cenizas de carbón al descubierto, más grande que en todo Estados Unidos y sus territorios. Los activistas contra las cenizas han denunciado que la administración del presidente Donald Trump ha demostrado otra vez su conducta inconsciente e insensible por los residentes de Puerto Rico, ya que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) propuso cambios a la regla federal para levantar las restricciones sobre los desechos tóxicos de las cenizas de carbón. Entre los cambios que ha propuesto la EPA está el que los residuos de cenizas se puedan depositar sin barreras en cualquier lugar cerca de hogares, hospitales, escuelas y pozos de agua potable.

Además de denunciar que intereses económicos poderosos de AES amenazan con dejar el sur de Puerto Rico, los activistas también revelaron que la EPA se niega a celebrar una vista pública en la isla y a la traducción de sus documentos. Los grupos en cuestión, representados por Earth Justice, le cursaron una carta en el mes de julio al director de EPA solicitándole una vista pública en Guayama sobre la nueva regla y una segunda carta solicitando la traducción de los documentos que contienen los cambios. La EPA nunca contestó estas peticiones y en su lugar se propone llevar a cabo una vista pública el dos de octubre en Washington, D.C.