Antes del 20 de septiembre de 2017 el Gobierno de Puerto Rico forcejeaba por mantener algunos espacios de poder frente a la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso de Estados Unidos. No había duda entonces de que el propósito fundamental de la ley que creó ese organismo – cínicamente llamada PROMESA – busca efectivamente “controlar” las finanzas y las operaciones importantes del “gobierno territorial”, pero el gobernador Ricardo Rosselló batallaba por mantener algún nivel de relevancia.

"Delito de intrusión a la tranquilidad personal” es el título de una enmienda al Código Penal que aprobó la Cámara de Representantes el pasado lunes para regular con pena carcelaria la libertad de expresión y prensa en Puerto Rico.

El jueves, 8 de noviembre de 2017, la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en que se expresa sobre los desastres naturales catastróficos recientes en el Caribe y sus consecuencias e incluye una importante mención de Puerto Rico.

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), denuncia el impuesto de un 20% a las exportaciones a Estados Unidos de las empresas ubicadas en Puerto Rico, como la estocada final a la economía del País.