Elementos a considerar en elecciones en Venezuela |
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Escrito por Alejandro Torres Rivera |
Lunes, 12 de Agosto de 2024 12:36 |
Contexto necesario para una adecuada interpretación y entendimiento del resultado de las recientes elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela
7 de agosto de 2024
En el año 1998 llegó a la presidencia de Venezuela el comandante Hugo Chávez Fría. Comenzó así un proceso de transformación histórica del gobierno y el pueblo venezolano, siendo uno de los primeros pasos estratégicos la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permitiera la transformación del Estado venezolano. La nueva Constitución fue ratificada soberanamente por el pueblo venezolano en 1999. Desde entonces, fueron múltiples las acciones de la oposición venezolana, con el apoyo de Estados Unidos y la complicidad de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dirigidos a desestabilizar y derrocar el orden constitucional establecido.
Tan temprano como en febrero de 2002 se desarrolló un frustrado Golpe de Estado ampliamente respaldado por dichos sectores, organizaciones y gobiernos contra el presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Superado el Golpe de Estado y de regreso a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela del presidente Hugo Chávez, el proceso político de cambio en Venezuela ha sido uno tortuoso, difícil y contradictorio.
En el país en América Latina que mayores procesos electorales se han realizado en dos décadas, cada evento ha sido cuestionado por la oposición al gobierno revolucionario como un proceso cargado, fraudulento y antidemocrático. Las pasadas elecciones del 28 de julio de 2024 no han sido la excepción, aunque la polarización en este caso sí ha sido mayor.
Para entender el contexto en el cual debemos examinar los recientes sucesos vinculados a las elecciones efectuadas en Venezuela el pasado 28 de julio, se impone la necesidad de recordar los antecedentes de las pasadas dos décadas, destacando al menos los siguientes hechos:
La Ley facultaba al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a sancionar las personas que él determinara habían sido responsables o causantes de alegados actos de violencia contra elementos de la oposición política en Venezuela. La Ley le autorizaba, además, a imponer a los responsables por tales actos, sanciones que incluían, entre otras medidas, el bloqueo de sus activos, establecer prohibiciones sobre transacciones con sus propiedades en Estados Unidos y la revocación de sus visados y otros documentos emitidos conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Al año fiscal transcurrido a partir de la aprobación de la Ley, se asignaron fondos millonarios para ser utilizados con los siguientes propósitos: (a) defender los derechos humanos en Venezuela; (b) aumentar la capacidad de la sociedad civil en dicho país; (c) apoyar los medios de comunicación independientes y procurar el acceso de éstos, sin restricciones, a la internet; (d) mejorar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas; y finalmente, (e) ayudar a la sociedad civil venezolana, a periodistas y a manifestantes que el presidente de Estados Unidos determinara habían sido víctimas de la represión por parte del gobierno venezolano.
Con tal proceder, Estados Unidos procuraba estigmatizar cualquier gestión que dichos funcionarios llevaran a cabo en el futuro contra la oposición política golpista y en la defensa y protección de los intereses del Estado venezolano.
Señaló como propósito de la convocatoria, elevar a rango constitucional las misiones creadas por la Revolución Bolivariana, a saber: (a) la Misión Vivienda, que abría paso al acceso ciudadano a la vivienda; (b) la Misión Barrio Nuevo y la Misión Tricolor, las cuales habían sido cruciales en la prestación de servicios y cuidados de salud para los sectores más frágiles de la sociedad venezolana; y (c), la Misión Alimentación, que había garantizado a la población de menos recursos económicos el acceso a la alimentación en momentos en que los sectores de la oligarquía escondían alimentos para provocar una escasez que llevara al caos; ello ante insinuaciones por parte de la Asamblea Nacional bajo control de elementos de la derecha política de que se proponían eliminar de cara al futuro tales programas.
En aquel momento el gobierno venezolano denunció al menos 11 pronunciamientos públicos y cuatro comunicados hechos por el gobierno de Estados Unidos en contra de su país; así como la campaña llevada a cabo por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, entre el 28 de febrero al 19 de abril de ese año, que incluyó cuatro sesiones extraordinarias del organismo aprobando ilegítimamente resoluciones contra Venezuela sin que hubiera el consenso de los países integrantes de la OEA. En esta maniobra del Secretario General de dicho organismo, contó a través de sus respectivas cancillerías, con la complicidad de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.
Ante el éxito obtenido por el gobierno venezolano y ante el apoyo manifiesto mayoritario de la población al proceso constituyente, se generaron nuevas manifestaciones de parte del gobierno estadounidense y de la oposición venezolana. Tras el fracaso de la violencia terrorista desatada durante el año 2017 y la pérdida de su capacidad para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el plan contra la República Bolivariana de Venezuela entró en una nueva fase. Su objetivo era acabar con la revolución bolivariana poniendo en marcha un programa de ataques directos, promovidos y dirigidos desde el exterior. Uno de los más destacados fue el fallido atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro en el marco de la conmemoración y desfile militar en ocasión del 81 Aniversario de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela. En el atentado se utilizaron dos pequeños aviones no tripulados (drones), con capacidad para transportar explosivos.
A pesar del boicot promovido por la oposición venezolana, a las 11:49 p.m. de la fecha de la elección para seleccionar los delegados que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó el voto de 8,890,300 venezolanos de un total de 19.447 millones electores inscritos, lo que representó una participación de 41.53% de los electores hábiles.
De los que sí participaron del proceso, el presidente Maduro obtuvo más de 5.8 millones de votos para un 67.84%; mientras el voto de la oposición se distribuyó entre los candidatos Henry Falcón con un 20.93% de los votos; Javier Bertucci con el 10.82% de los votos; y finalmente, Reinaldo Quijada, con 0.40% de los votos. Afirmar que el resultado no es legítimo porque la oposición no participó del proceso sería un argumento falso que no se sostiene en los hechos. Del resultado de estas elecciones lo que sí se desprende es que entre los que optaron porque su voto se contara en las urnas, el presidente Nicolás Maduro obtuvo un sólido apoyo de más de dos terceras partes de los votantes.
Ya en una noticia publicada en Bogotá por AP el 4 de julio de 2018, se indicaba que el año anterior el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido con asesores, funcionarios y presidentes de la región a puertas cerradas, habría planteado el tema de la intervención militar en Venezuela. Señalaba, además, que Trump también había expresado el 11 de agosto de 2018 que la opción militar contra Venezuela estaba planteada como una opción real.
En Puerto Rico, a través de declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló, nuestro país fue ofrecido como plataforma de intervención contra el gobierno legítimo de Venezuela. Rosselló ha señaló que la Isla sería un “centro logístico” desde donde se prepararía la transición de Venezuela hacia una democracia plena. A tales fines, indicó, que el gobierno de Puerto Rico daría el espacio para la celebración de la reunión de la llamada “Comisión de Reconstrucción de Venezuela”, bajo la dirección del opositor ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, hoy residente de España.
Al día siguiente de emitirse la Orden Ejecutiva, el gobierno de Estados Unidos enmendó una disposición sobre las prohibiciones de viajes a Venezuela estableciendo 13 excepciones a la prohibición.
Sin atenerse al fallo, los funcionarios designados por Juan Guaidó reclamaron el derecho a disponer de los depósitos en oro venezolanos consignados en el Banco de Inglaterra. La controversia llegó a los tribunales. Tras cuatro días de juicio una jueza británica dispuso mediante sentencia que “no hay bases” para reconocer un fallo de la corte venezolana que declaró inconstitucional la designación de los nombramientos hechos por Juan Guaidó a la junta directiva del Banco Central de Venezuela. Indicó que los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela eran jueces que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que sus decisiones no eran reconocidas bajo la ley británica.
Guaidó reclamó que la Junta por él designada era la representante legítima del Banco y como tal la entidad a la cual le corresponden las 32 toneladas del oro venezolano depositadas.
Para formar una idea del despojo hecho al patrimonio venezolano, el peso de una tonelada equivale a 2 mil libras. Toda vez que una libra la componen 16 onzas y cada onza de oro se cotizaba en esos momentos en los mercados internacionales en alrededor de $1,700.00, el despojo de recursos económicos contra el gobierno constitucional venezolano rondaría en algo más de un billón de dólares. Sin embargo, de acuerdo con una noticia que publica CNN el pasado 29 de julio de 2018, el monto real del valor de estas 32 toneladas sería de “$2,000 millones en oro”.
El resultado de la consulta, en la cual participaron de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral 10,554,320 electores de un total de 20.7 millones, arrojó un resultado favorable al interés de Venezuela por parte del 95% de los votantes.
El territorio Esequibo reclamado por Venezuela comprende 160 mil Km.2. En él residen aproximadamente 125 mil habitantes. Representa dos terceras partes del territorio que hoy reclama la República Cooperativa de Guyana (RCG) como su territorio. En total, la población que reclama para sí la RCG, incluyendo el territorio esequibo, alcanza 800 mil personas. Intereses económicos de empresas multinacionales extranjeras están detrás de esta controversia.
Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro ha ofrecido licencias autorizadas a través de PDVSA para la exploración de petróleo, gas y minas; ha establecido una “zona de defensa integral de la Guayana, como también ha dispuesto el establecimiento de una sede política administrativa. El territorio en disputa, además del petróleo y gas, es rico en yacimientos de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita, aluminio, manganeso y uranio. Se indica que al presente Exxon/Mobil ha identificado 46 zonas con unos 11 mil millones de barriles de petróleo, que representan el 0.6% de las reservas mundiales, particularmente en una zona de 26 mil Kms.2 frente a las costas del territorio en disputa. Producto de la explotación de minerales en la región del esequibo, la República Cooperativa de Guyana ha triplicado el PIB desde 2019. Se estima que para el año 2027 esté extrayendo 1.2 millones de barriles de petróleo por día.
La situación de tensión entre los dos países puede dar lugar al desarrollo de un conflicto mayor, particularmente en momentos en que sobre Venezuela el gobierno de Estados Unidos ha venido promoviendo un proceso desestabilizador. Un incidente de mayores proporciones en la frontera con Guyana podría llevar a una intervención en la región de parte de Estados Unidos, como también de su aliado cercano, el Reino Unido de la Gran Bretaña.
María Corina Machado fue imputada de incurrir en actos de corrupción vinculados con el intento de presidir el país por parte de Juan Guaidó, y de “traición a la Patria” por su vinculación y apoyo a las medidas económicas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos al imponer su bloqueo a empresas del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos. Junto a ella se inhabilitó otro conjunto de ciudadanos de Venezuela en sus aspiraciones electorales a puestos públicos, como es el caso de Henrique Capriles Randonski.
La reacción de los Estados Unidos no se hizo esperar anunciando que no renovaría la “Licencia General 44” al petróleo y a la minería que había concedido a Venezuela a raíz de los Acuerdos de Barbados de octubre de 2023 que planteaba elecciones con la participación de la oposición en 2024. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, su decisión se mantiene en la medida que Venezuela no permita una “apertura democrática” y se retracte del veto impuesto a la candidatura de María Corina Machado. Estados Unidos determinó, además, que las autorizaciones dadas a empresas petroleras para llevar a cabo negocios con Venezuela vencerían el 18 de abril de 2024. Previamente, había revocado la licencia que autorizaba a dicho gobierno hacer negocios con CVG Minerven (Compañía General de Minería de Venezuela), dedicada a la minería de oro.
La imposición de las medidas por parte de Estados Unidos a Venezuela, sin embargo, produjo un efecto negativo en los inventarios de petróleo de Estados Unidos. La producción de Venezuela se ha reducido de 3.2 millones de barriles diarios 400 mil en el 2020. Actualmente ronda los 800 mil barriles. Estados Unidos ha impuesto desde 2017 sanciones al petróleo venezolano.
Venezuela respondió a través de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez y de su canciller, Yván Gil, indicando que efectivo al 13 de febrero de 2024, suspendería los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, fecha en que además, quedarían sin efecto las primeras licencias con relación a transacciones con oro venezolano.
Venezuela ha catalogó las anteriores acciones por parte del gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana, así como de otras tantas que no mencionamos como injerencia en los asuntos internos su país y un chantaje al proceso revolucionario bolivariano.
Previo al 28 de julio de 2024, a nivel internacional y en la propia Venezuela se orquestó de cara a las pasadas elecciones una campaña dirigida a deslegitimar el proceso electoral. Desde mucho antes de que el mismo fuera llevado a cabo ya se establecía cual letra escrita en piedra que las ganaría la oposición. En caso de que ese no fuera éste el resultado, el discurso sería la comisión de fraude electoral por parte de las autoridades venezolanas. Se trata de un discurso ya antes repetido en elecciones previas.
Si bien el principal candidato de la oposición fue Edmundo Gonzáles Urrutia, para nadie es secreto que se trata de un alter ego de la opositora inhabilitada María Corina Machado, que es la voz fuerte de la oposición en las pasadas elecciones y es la voz predominante hoy en las movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, pesar de que existen otros candidatos de la oposición que participaron del proceso electoral. Otros candidatos opositores a Nicolás Maduro fueron Luis Eduardo Martínez (Plataforma Unitaria Democrática), Antonio Ecarri (La Nueva Venezuela), Benjamín Rausseo (CONDE), Enrique Márquez (Pacto Histórico), José Brito (Plan B), Javier Bertucci (CAMBIO), Claudio Fermín (SPV) y Daniel Ceballos (AREPA).
A raíz del resultado de las elecciones, se ha declarado por el Consejo Nacional Electoral el triunfo de Nicolás Maduro sobre su principal opositor Edmundo González Urrutia por poco más de un millón de votos, obteniendo así Maduro el favor del 52% de los votantes. Por su parte Estados Unidos, la Unión Europea y diferentes gobiernos, incluso algunos latinoamericanos, han respondido desconociendo tal resultado, mientras otros reclaman la revisión de las actas electorales y el recuento de votos en el proceso electoral del pasado 28 de julio de 2024. La oposición venezolana alega haber obtenido el 67% de los votos emitidos sobre el 30% obtenido por Nicolás Maduro.
Presidentes de países latinoamericanos como son José Ignacio (Lula) Da Silva (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) han hecho esfuerzos en la búsqueda de una solución política, consensuada, a la situación en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha dejado sentado su disposición a la revisión por parte del Tribunal Supremo de Venezuela de la totalidad de las actas electorales.
Sectores de la oposición venezolana al igual que los seguidores del presidente Maduro siguen movilizándose en las calles, en ocasiones con enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas del orden público. La posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional, al presente, se mantienen firmes en su apoyo al gobierno constitucional del presidente Maduro.
Las condiciones creadas por más de una década por sectores internos y externos al gobierno bolivariano ciertamente se están dejando sentir en estos momentos. Ningún gobierno en los pasados 20 años, quizás exceptuando el de Cuba, ha recibido tanta presión externa injerencista dirigida a su desestabilización como la que ha recibido el gobierno bolivariano de Venezuela. Por esto, a la hora de analizar la situación actual en Venezuela, tomando en consideración las responsabilidades o cuotas de responsabilidad que puedan ser atribuidas a errores en el manejo de la situación interna por parte de su Gobierno, no podemos dejar de considerar, entre otros, la secuela de eventos narrados en el presente escrito.
Los procesos revolucionarios, aún con sus imperfecciones, tienen perfecto derecho a defender sus conquistas, sobre todo cuando el proceso desestabilizador en su contra es alimentado desde el exterior con el apoyo de los sectores vinculados a estos intereses extranjeros dentro del país.
Los resultados de las pasadas elecciones en Venezuela presentan un cuadro incierto de cara al futuro. Estamos ante un país seriamente dividido, un pueblo sumamente golpeado en su economía como resultado de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, también es un “bravo pueblo” que como indica su himno que “el yugo lanzó”, para el cual el regreso a la alternancia política del pasado siglo tampoco es opción.
La salida a la actual crisis en Venezuela debe ser una de naturaleza política, consensuada entre los propios venezolanos y nunca producto o resultado de la intervención o la injerencia extranjera. La actitud que hasta ahora se percibe por parte de la oposición venezolana camina en una dirección contraria. La salida a la crisis debe ser una creativa donde los valores del proceso de transformación social, económica y política que entrañó el cambio en el país luego de 1998 se sostenga. La alternativa no puede ser promover un golpe de Estado “sangriento” como tampoco un golpe de Estado “blando”.
En la búsqueda de una solución a esta crisis política, el acompañamiento abierto en el proceso de búsqueda de opciones por parte de los presidentes de Brasil, México y Colombia; como también la mediación del propio Papa Francisco, pudiera ser un paso significativo. Cada hora en la búsqueda de soluciones cuenta.
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