El gobernador Alejandro García Padilla, sin lugar a dudas, junto a sus ayudantes, leyó correctamente la ponencia de Antonio Weiss, asesor del Secretario del Tesoro de Estados Unidos en las audiencias celebradas el día 25 de febrero del corriente año ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en Washington. Esa ponencia provocó una reacción airada del congresista Luis Gutiérrez y una reacción de acomodo y debilidad del comisionado residente Pedro Pierluissi.

La ponencia de Weiss representaba la posición del Presidente de aquel país y al examinarla en su totalidad nos mostraba la cara fea del imperialismo y del colonialismo en sus manifestaciones más crudas, cínicas y vergonzosas. Han sido tan agraviantes las propuestas de Casa Blanca, a través de Weiss, que García Padilla ha anunciado que considera participar en las audiencias del mes de junio ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. No sería ilusorio que lleve allí el planteamiento de fondo que impugne la cláusula territorial como violatoria del derecho internacional según consignado en 1960 al aprobarse por la Asamblea General la Resolución 1514 (XV). Quedó entonces consagrado el derecho de los habitantes de los territorios al ejercicio de su libre determinación y su derecho a la independencia.

Weiss, como ya lo hizo antes la representación del ejecutivo en la reciente vista en el Tribunal Supremo de ese país en el caso de Pueblo vs. Sanchez, parte del supuesto de que la cláusula territorial de su constitución les permite ignorar los derechos de libre determinación del pueblo de Puerto Rico y que aún persiste la teoría de Puerto Rico como propiedad de aquel gobierno con poderes plenarios sobre la población que habita nuestra isla amparándose en que somos ciudadanos de Estados Unidos. Weiss ignora vergonzosamente que la supuesta ciudadanía nos fue impuesta y que se trata de una semblanza de ciudadanía que sólo sirve de mampara a un imperialismo rampante, como todos los imperialismos, dirigidos a la explotación económica y la sujeción política. Ignora que su país nunca ha permitido al nuestro el ejercicio de la libre determinación política y que el ejercicio de poder que reclama está en pleno desacato a toda la normativa internacional tanto en el ámbito de la política como en el de los derechos humanos. El cinismo es tan evidente que sientan allí a un comisionado residente cuya función participativa en la gran democracia del imperio resulta algo menos que una caricatura.

¿Qué pretenden? Quieren instalar una junta que se haga cargo de poner en orden la economía y las finanzas de Puerto Rico. Como reclaman tener poderes plenarios sobre nuestro territorio y sobre nuestra gente, su ámbito de poder no tiene límites; quieren llevarse de frente la constitución aprobada por los puertorriqueños en aras de lograr que los acreedores cobren lo que ellos dicen que se les debe. No piden una auditoría previa de las deudas que se reclaman. Puerto Rico deberá pagar lo que se reclama por los bonistas. Se les ha dicho que si reclaman poderes plenarios también es compartida la responsabilidad de lo actuado pues ellos compraron bonos a sabiendas de una economía en crisis por acciones tomadas por el congreso de ese país. Gutiérrez les ha recordado que la deuda no es en una sola dirección. En el momento de arreglar cuentas tienen que venir a la mesa los innumerables daños que le han ocasionado a Puerto Rico como resultado de un poder ejercido sin consultarnos y unas acciones congresionales dirigidas siempre a satisfacer necesidades de ellos en perjuicio nuestro. Gutiérrez les recordó las leyes de cabotaje, el desastre que dejaron en Vieques y la derogación de la sección 936.

Ahora están anticipando un cierre del gobierno para mediados de año por razón de la incapacidad de este gobierno para atender sus deudas y prestar, a la vez, los servicios públicos indispensables. Ante esa emergencia el plan de Obama recomienda que se reestructure toda la deuda del gobierno y que se supervise por ley federal toda la política fiscal. Ésa es la ya famosa junta. Para reestructurar la deuda dicen que es necesario acudir a la cláusula territorial de su constitución y de ahí que el organismo encargado de atender la restructuración será también de carácter territorial por lo que no se aplicará a Puerto Rico el poder que tenía de acudir a la actual ley de quiebras federal bajo la enmienda décima de su constitución. Esa protección está reservada para los estados. Para nosotros se estará construyendo una nueva política que aplicará solo a los territorios de modo completamente unilateral. El organismo que se crea determinará sin nuestra intervención la manera de llevar a cabo la llamada reestructuración de la deuda.

Proponen una supervisión fuerte e independiente diz que para atender una historia antigua de mala administración fiscal e inadecuada transparencia financiera. Queda claro que la reestructuración y la junta de supervisión vienen juntas y son inseparables. Se asegura que ni la una ni la otra le habrá de costar un solo centavo al tesoro federal, lo que implica que Puerto Rico tendrá que asumir la totalidad de estos desembolsos. Además, si Puerto Rico desea tener algún acceso a los mecanismos de reestructuración deberá primero dar su consentimiento y aceptación a la creación de la junta propuesta. Si Puerto Rico intenta negociar con algún acreedor deberá tener la autorización de la junta. Esa junta se mantendrá hasta que Puerto Rico recobre su acceso al mercado de bonos.

Esa es la indignante propuesta de la primera potencia económica del mundo a uno de los países más explotados por las fuerzas económicas de esa primera potencia económica. Nosotros le debemos y ellos entran a nuestra casa a cobrarnos lo que ellos dicen que le debemos y de paso suplantan la autoridad que es nuestra en el orden natural de las cosas por una supuesta autoridad que se asemeja mucho a una acción terrorista de estado, dándole visos de legitimidad a lo que son claros ejercicios de fuerza bruta.

Puerto Rico está muy desorganizado, desorganizadas sus fuerzas políticas y sus fuerzas sociales. Si la cohesión necesaria se hubiera dado y pudiéramos responder unidos para terminar con el colonialismo y la explotación económica estas conductas unilaterales e injustas no podrían ponerse en vigor. Nos tratarían como han tratado a otras naciones en situaciones similares pero con capacidad para negociar sin una relación colonial de por medio. Éste sería el momento de confrontar al imperialismo y al colonialismo como los delitos internacionales que constituyen. Puerto Rico tiene derecho a vivir su vida independiente, a poder desarrollar su economía y su sociedad con sus recursos y su voluntad, y a relacionarse con el mundo. Sobre esos supuestos es que, a mi juicio debiéramos construir el proyecto de resistencia a estas embestidas norteamericanas. Si este pueblo diseñara ahora un proyecto de resistencia a esta nueva y renovada embestida colonial tendría respetables apoyos internacionales. De eso debiéramos estar hablando. Este putrefacto sistema colonial, en sus distintas vertientes, debe ser confrontado, como lo hicimos con la Marina por su continuo abuso con Vieques.

Creo que es útil y necesario que Alejandro García Padilla comparezca ante el Comité de Descolonización el próximo mes de junio. Creo que sería útil que les explicara que la Resolución 748 (XIII), permaneció en estado de coma desde su aprobación por la Asamblea General pero acaban de anunciar su defunción sustituyéndola por una política recién anunciada por el Presidente de Estados Unidos, que despojó el llamado Estado Libre Asociado de todos sus ropajes y sus ilusiones ópticas. Pero Alejandro no podrá pedir que se vuelva a la vieja semántica pues es muy posible que lo que dijo Obama también lo diga el Tribunal Supremo de Estados Unidos. No hay resurrección para el ELA. Lo que queda es la confrontación contra el colonialismo.