No es simplista ni nada corriente lo que ocurre en nuestro país con la llegada de un nuevo servicio de transportación pública conocido como Uber. Uber se ha convertido ya en un nombre genérico pues no se trata de un servicio tradicional sino en todo un concepto empresarial nuevo que facilita el uso del automóvil de uso privado para fines comerciales.

En Puerto Rico, por no existir el concepto, no existía la reglamentación que protegiera con claridad a los usuarios y al propio gobierno. Siendo Uber una compañía de enorme crecimiento económico miró el mercado de Puerto Rico y lo vió como el de un país subdesarrollado al que podía entrar sin pedir permiso, amparados solamente en los incentivos económicos que habrían de ofrecer a los “contratistas independientes” a quienes ellos habrían de favorecer. Algunos afirman que es procedimiento normal de esa empresa llegar sin permiso, formar un tremendo lío con los taxistas y con intereses particulares y en la controversia pública ganar el espacio publicitario que necesitan para ir afirmándose. Esas prácticas los han hecho inmensamente ricos.

Así llegaron a Puerto Rico. Francisco Gordo, gerente general de Uber para América Latina, anunció en San Juan que Uber iniciaría operaciones en Puerto Rico el 11 de julio. Se registraron como una compañía de responsabilidad limitada el 27 de abril por la presión pública que se ejerció. Tampoco venían a servir a la Isla sino a 8 municipios, con San Juan como centro. Sabían que no podían atender el aeropuerto y los muelles porque necesitaban los permisos de la Compañía de Turismo pero se expusieron a una multa de $250.00 a sabiendas de que les estaba vedado recoger pasajeros en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Al tratar de invadir sin autoridad para hacerlo las áreas cubiertas por los dueños de taxis surgieron confrontaciones al encararse de frente con la autoridad ejercida por la Comisión de Servicio Público.

Durante todo el jaleo con la Comisión de Servicio Público pretendiendo ignorar una reglamentación que se estaba reclamando pero que en realidad no existía, lograron lo que buscaban, primeras planas en todos los medios, que de ser pagadas les habrían costado cientos de miles de dólares. Ellos, como todo el País, saben, que la Comisión de Servicio Público es un feudo desacreditado, controlado por las compañías de taxis. Ese era el escenario donde los dueños de taxis podían librar su mejor y más ventajosa batalla. Todos sabían que en Puerto Rico existe una especie de reguerete en la administración de los servicios de transportación pública.

Uber ha estado, desde el principio, especialmente conectado con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El inusitado apoyo que ese departamento le ha provisto a Uber ha levantado sospechas en muchos lugares pues el secretario Miguel A. Torres Díaz, que dirige ese departamento, es el mismo de los escándalos de los CESCO de Carolina, con todas las connotaciones de favoritismos políticos que dejó la investigación de esa contratación. El gobierno no ha querido reconocer que dejar llegar hasta el Tribunal a la Comisión de Servicio Público y al Departamento de Obras Públicas, litigando entre sí la competencia para reglamentar a Uber en Puerto Rico solo transmite la imagen de una desorganización evidente en el manejo de la administración pública y que yo designo como reguerete.

El Tribunal, por voz de la jueza Rebecca de Léon Ríos oyó las partes en un proceso sumario de injunction preliminar y reconoció que Uber no tenía licencia para operar ni de la Comisión ni del Departamento y ordenó la paralización de las operaciones de Uber. Pero el Departamento, convenciéndonos del reguerete existente, anunció que el Departamento le acababa de conceder a Uber una licencia provisional para operar en Puerto Rico a la vez que anunciaba que pediría la reconsideración de la determinación de la Juez León Ríos. El Departamento alega que la ley 148 de 2008 le concede autoridad para reglamentar los que se conoce como Empresas de Red de Transporte (ERT). El Presidente de la Comisión de Servicio Público, Omar Negrón se mantiene firme en lo que entiende es el mandato de ley.

Resulta claro que el Departamento le ha lanzado un toallazo a Uber en vista de la determinación judicial en el injunction preliminar. El Gobernador pudo haber impedido que uno de los miembros de su gabinete soslayara la decisión judicial, lo que no hubiera podido hacer si se tratara de la Comisión de Servicio Público, que es un organismo cuasi judicial. Uber por un lado y el Departamento protegiéndolo por el otro; los dueños de taxis y la Comisión de Servicio Publico protegiéndolos por el otro; la Compañía de Turismo imponiendo a Uber su autoridad y en el centro la determinación judicial soslayada. A eso es a lo que estoy llamando un reguerete de intereses en conflicto y protección de intereses privados.

En Puerto Rico existe la impresión de que la Comisión de Servicio Público sirve mejor los intereses de los dueños de taxis que de los usuarios e igualmente ocurre con la Compañía de Turismo. Ahora, éramos muchos y…. , resulta que el Departamento está virtualmente al servicio de Uber. Todos, sin excepción, afirman que están protegiendo el interés público.

Nadie puede objetar un servicio como el que presta Uber a través del mundo, ni siquiera el esquema organizativo mediante el cual presta actualmente ese servicio. Pero ese servicio hay que reglamentarlo. Así eran los taxis de antaño cuando cada dueño guiaba su propio taxi y se consideraba dueño de su medio de producción, pero eso dejo de ser así hace muchos años. Uber es ahora un híbrido, a mi juicio socialmente útil, por lo que las objeciones a Uber surgen por su increíble arrogancia empresarial dictada por su enorme fuerza económica. Si llegan a dominar el mercado llenarán de opresión su relación con sus famosos contratistas independientes.

Pero por sobre todo lo anterior este cuadro lo que ejemplifica es la debilidad de nuestro gobierno para transmitir coherencia y voluntad para proteger realmente sus leyes y los intereses de sus ciudadanos. Hace mucho tiempo que la protección de los usuarios demandaban que se aclarara que solamente una agencia determinaría la reglamentación para evitar el abuso que tantas veces se realiza contra usuarios indefensos. Esa agencia no puede ser la Comisión de Servicio Público que cada cuatro años cae vícitima de los cambios de gobierno y menos aún de un Departamento de Transportación dependiente de los caprichos de un gobernante de turno. La politiquería ha destruido una esencial obligación del Estado, como lo es el garantizar que la gente de a pie pueda moverse en vehículos públicos que no abusen de ellos y atropellen. Los que pueden tener su propio vehículo no suelen preocuparse por estos temas, incluyendo la burocracia gubernamental.