"Las potencias extranjeras que se han beneficiado de nuestras tierras, nuestros recursos y nuestros hombres y mujeres tienen una deuda que no podrán repagar en 118 años".

PONENCIA DE LCDA. WILMA E. REVERÓN COLLAZO
ANTE EL SEMINARIO REGIONAL DEL PACÍFICO
DEL COMITÉ ESPECIAL DE DESCOLONIZACIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Managua, Nicaragua
31 de mayo- 2 de junio 2016

Título: La crisis fiscal como impedimento al ejercicio de libre determinación e independencia en los territorios que aún no han alcanzado su independencia.

En el 2015 tuve la oportunidad de presentar una ponencia sobre ¨La deuda pública como impedimento al ejercicio de libre determinación e independencia en los territorios que aún no han alcanzado su independencia. En esta ocasión pasamos de la teoría a la realidad de dicha propuesta.

El Congreso de Estados Unidos de Norteamérica (en adelante EEUU), tiene presentado ante el Comité de Recursos Naturales el proyecto de la Cámara de Representantes llamado PROMESA HR 5278. Las siglas que contienen toda la ironía del mismo, se refieren al nombre ¨Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act¨. Este proyecto de ley es la respuesta de EEUU ante la crisis fiscal creada en Puerto Rico por una deuda impagable, que como les informé en la ponencia pasada, la deuda en el 2013 ya alcanzaba el 93% del producto nacional bruto.

Lo primero que deben conocer de este proyecto, es que aunque el objetivo inmediato es aplicarlo en Puerto Rico, el mismo contiene en sus definiciones que el término territorio incluye a Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y la Islas Vírgenes Estadounidenses. Esto se encuentra en las definiciones porque el proyecto de ley contempla su posible aplicación a todos los territorios estadounidenses. La diferencia es que en Puerto Rico la Junta será de imposición inmediata mientras que para los demás territorios se impondrá una Junta si la legislatura de un territorio lo solicita mediante resolución y el gobernador del territorio la firma. Los territorios del Pacífico son un objetivo futuro de esta llamada ¨PROMESA¨.

Como primer asunto a destacar en esta legislación es que la misma tiene como base la Cláusula Territorial de la Constitución de EEUU en su Artículo IV sección 3. No solo el Congreso de EEUU está invocando el poder territorial bajo su Constitución para disponer sobre Puerto Rico y demás territorios bajo hegemonía estadounidense, sino que el Ejecutivo de EEUU ha invocado el poder territorial sobre Puerto Rico afirmando que la soberanía de Puerto Rico es del Congreso de EEUU y que lo representado a la ONU en 1953 de que Puerto Rico había alcanzado atributos de gobierno propio no cambió en nada el poder soberano de EEUU sobre Puerto Rico. Cito de una columna que escribiera para el diario El Nuevo Día en reacción a lo dicho por el ejecutivo estadounidense en el caso de Sánchez Valle vs. Commonwealth of Puerto Rico:

¨En el alegato del Procurador General de EUA Donald B. Verrilli el Gobierno de EUA se atribuye un poder territorial ilegal, violatorio de los derechos humanos del Pueblo de Puerto Rico que es el único y verdadero soberano de Puerto Rico. No hay alegatos de jurista que pueda dar al traste con esa sencilla verdad.

El problema fundamental con el análisis de Verrilli es que parte del poder de EUA para adquirir territorios. Es como si no hubiera pasado nada desde el 1898 en términos del poder que tiene un país para adquirir por guerra, conquista o cesión, territorios pertenecientes a otros pueblos. Es como si en el 1960 la ONU no hubiera adoptado por unanimidad, EUA incluido, la Resolución 1514 (XV) donde dice en su párrafo dispositivo primero:

¨1. La sujeción de pueblos al dominio extranjero, su dominación y explotación constituye la negación de derechos humanos fundamentales, es contrario a la Carta de la ONU y constituye un impedimento a la promoción de la paz y la cooperación internacional.¨

Mientras el Gobierno de Puerto Rico en su alegato se atasca en la discusión sobre si en el 1952 Puerto Rico adquirió un estatus soberano o no, el Gobierno de EUA le responde aferrándose a su poder territorial sobre Puerto Rico. Este es un debate entre un sordo que dice escuchar algo distinto de lo que se le dice y un ciego que no ve su posición indefendible bajo el derecho internacional actual.

Asimismo la carta enviada por el Gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla, al Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, se limita a un lamento borincano, sin ejercer la prerrogativa que le confiere la misma nefasta Resolución 748 (VIII) de solicitar a la ONU que atienda el reclamo del Pueblo de Puerto Rico de la modificación de su relación colonial con EUA, según evidenciado en el voto de noviembre de 2012 donde un 54% del pueblo repudió la relación colonial territorial. El párrafo 9 de la 748 (VIII) abre la puerta para ¨tomar debidamente en cuenta la voluntad de  los pueblos de Puerto Rico y de los Estados Unidos tanto en el desarrollo de sus relaciones conforme al estatus jurídico actual como en la eventualidad de que cualquiera de las partes en la asociación concertada de común acuerdo desee modificar los términos de esta asociación.¨ Una acción significativa de parte del Gobierno de Puerto Rico, hubiera sido el exigir que, según reiteradamente ha solicitado el Comité de Descolonización, se incluya el caso de Puerto Rico en la agenda de la Asamblea General de la ONU.¨

Resulta inaceptable que a las alturas del 2016 estemos aún luchando por alcanzar la meta de la descolonización del mundo y vayamos ya por una Tercera Década de Descolonización. Pero en gran parte la causa de este estancamiento, aun cuando ha habidos avances y logros importantes en esa dirección, es que la ONU continúa dándole legitimidad y validez a los títulos territoriales de las mal llamadas ¨potencias administradoras¨. Lo he dicho anteriormente en estos seminarios y lo repito una vez más: no existen títulos territoriales legales después del 1960 y el propósito de la 1514 (XV) fue uno de emancipar a los pueblos y abolir el colonialismo en todas sus manifestaciones. Lo único que deben ¨administrar¨ las potencias es su salida del territorio, la transferencia  de poderes y las reparaciones por los daños infligidos durante los años de dominio colonial, como lo hiciera Reino Unido con los Mau Mau en Kenya o como lo hiciera Italia con Libia.

La legislación que se propuso en la Cámara de Representantes de EEUU persigue un objetivo primordial: garantizar el pago de la deuda pública a los bonistas de Wall Street y a los fondos buitres. Para ello la propuesta Junta contará con lo que bajo el imperio español se conocía como poderes omnímodos y bajo el imperio británico se conoce como Direct Rule. Es una vuelta al pasado de los imperios de los siglos 16 al 20.

La Junta estará compuesta de 7 miembros todos nombrados por el Presidente de EEUU. Seis de ellos serán escogidos de listas suministradas por los líderes de mayoría y minoría en Cámara y Senado del Congreso de EEUU y uno por elección libre del Presidente de EEUU.  Solo un miembro de la Junta deberá tener residencia o negocios sitos en Puerto Rico. Podrán sesionar en sesiones ejecutivas cerradas al publico. Tendrán su oficina en el territorio que contará con personal pagado de los fondos del territorio y nombrarán a su única y exclusiva discreción a un Director Ejecutivo y Coordinador de Revitalización. La frase ¨sole discretion¨ o discreción única se repite a lo largo de las 148 páginas del proyecto de ley.

Una vez aprobada la ley con respecto a un territorio, el gobierno del territorio estará impedido de aprobar ley alguna o tomar decisión fiscal alguna en el periodo que transcurra desde la probación de la ley y el nombramiento e instalación de la Junta.

La Junta podrá: celebrar vistas, sentarse y actuar en cualquier tiempo y lugar, tomar testimonios, recibir evidencia,  tomar juramentos, obtener data oficial de cualquier entidad federal o territorial, obtener información de acreedores, tendrá poder de citación (Subpoena power), ejecutar prohibición de huelgas y cierres (lock out) de empleados públicos. Los acuerdos financieros anteriores a la aprobación de la ley a los que haya llegado el gobierno del territorio tendrán que cumplir con las especificaciones de la Junta, o sea, que tendrá aplicación retroactiva.

Será delito castigable con cárcel el que un empleado del gobierno no coopere con, o provea información falsa  a, o no denuncie fraudes, a la Junta.

La ley provee inmunidad absoluta  a los miembros de la Junta por sus actuaciones y decisiones. La jurisdicción sobre cualquier demanda contra la Junta será exclusiva de las Cortes de Distrito de EEUU en el territorio, en el caso de la islas del pacifico que no tienen Corte Federal, será de la Corte de Distrito en Hawaii.

La certificación que haga la Junta de los planes  fiscales y presupuestos  del territorio no podrá ser revisada por ninguna corte, ni estatal ni federal. La Junta gozará de autonomía absoluta y tendrá poderes por encima de las tres ramas del gobierno.

El gobernador del territorio no puede presentar presupuesto a la legislatura si el mismo no ha sido aprobado por la Junta. Si la Junta entendiera que el presupuesto propuesto está en violación al plan fiscal, el gobernador tendrá la oportunidad  de corregir el mismo, pero si no lo no corrige a satisfacción de la Junta, ésta preparará el presupuesto. La legislatura también tendrá que someter para aprobación de la Junta cualquier presupuesto que prepare, así como cualquier ley que apruebe dentro de los 7 días de su aprobación. La Junta tendrá el poder de reducir cualquier partida del presupuesto aprobado por el territorio siempre que no sea la destinada a pagar la deuda, así como reducir el pago de las pensiones a los retirados.

La Junta tendrá además poderes sobre decisiones de proyectos de infraestructura que estarán exentos de los procedimientos regulares y se crearán procedimientos expeditos, todo ello poniendo en riesgo los recursos naturales y el medio ambiente de Puerto Rico e ignorando la participación ciudadana en la toma de decisiones al respecto.

La Junta contempla además la exención de Puerto Rico de la aplicación del salario mínimo federal para los jóvenes entre los 20 a los 25 años.

Como objetivo central del proyecto de ley, la Junta tendrá la palabra final en cuanto a cualquier decisión de reestructuración, refinanciamiento, quita o impago de la deuda.

La Junta existirá por lo menos por cuatro años fiscales en que el gobierno del territorio haya logrado estabilizar sus finanzas y ganar nuevamente acceso a los mercados financieros, o sea, esté nuevamente en posición de adquirir mas deuda.

Para añadir injuria a agravio, el proyecto de ley especifica que el Gobierno de Estados Unidos no será responsable por el pago de las deudas por bonos emitidos en el territorio.

Señores y señoras del Comité de Descolonización, mi pueblo se enfrenta a días de terrible incertidumbre. La desesperanza ha calado hondo en el ánimo del pueblo. La Junta promete que se despidan más empelados públicos, se reduzcan los servicios sociales para pagar la deuda, se continúen cerrando escuelas, quitando servicios de educación especial a nuestros niños, reduciendo las humildes pensiones de los empleados de gobierno que trabajaron toda una vida en el servicio público confiando en la seguridad de un retiro digno. Se ha comprobado que por cada empleado público despedido se pierden tres empleos en el sector privado. Los puertorriqueños siguen emigrando en masa a EEUU. Estos emigrantes son los que tienen los niveles más altos de educación o de destrezas técnicas y ocupacionales. En el país se quedan los envejecientes, las mujeres jefas de familias con niños y con poca escolaridad. Sobre el 50% de nuestros niños viven bajo los niveles de pobreza.

¿Cómo puede este Comité ayudar? El pueblo de Puerto Rico, al igual que el de Guam, las islas Marianas del Norte, la Samoa Americana y la Islas Vírgenes Estadounidenses, necesitan saber que un ejercicio de verdadera autodeterminación va a contar con el apoyo económico necesario para la transición hacia al independencia y de las instituciones internacionales. Hemos recabado de este Comité que se cree el fondo de reparaciones por el colonialismo y que se exija la aportación de las llamadas potencia administradoras. Este reclamo debe ser llevado por este Comité ante la Asamblea General de la ONU y a esos efectos debe adoptar una resolución sobre el tema de las compensaciones y reparaciones por el daño causado por el colonialsmo. Sin dinero no hay posibilidad de emancipación plena. Las potencias extranjeras que se han beneficiado de nuestras tierras, nuestros recursos y nuestros hombres y mujeres tienen una deuda que no podrán repagar en 118 años.