Es hora de redoblar los esfuerzos de este Comité de Descolonización para que la Asamblea General acoja el tema de Puerto Rico como un asunto separado en su próxima agenda.

Comparecencia del Dr. Héctor Pesquera,
a nombre del
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano   
Comité Especial de Descolonización de la ONU
20 de junio de 2016

Sr. Presidente del Comité de Descolonización; embajadores y embajadoras integrantes de este Comité; delegados visitantes:

Acudimos ante este Comité en la tercera década por el fin del colonialismo, proclamada por este organismo. Debo señalar que a pesar de los esfuerzos y solidaridad del Comité de Descolonización aún persiste la colonia de Puerto Rico.

Mucho agradecemos los puertorriqueños y puertorriqueñas este foro de denuncia que nos han ofrecido durante las pasadas décadas. La comparecencia a las vistas de este Comité, al que inicialmente comparecían solo los independentistas, ya se ha convertido en un centro de comparecencia de gobernadores, legisladores, organizaciones profesionales y propulsores de las tres formulas de estatus.

Como es de conocimiento de este Comité, la situación actual de Puerto Rico es de total insolvencia, de crisis económica con repercusiones sociales incalculables.

Nuestro planteamiento histórico de que en el 1952 se engañó a la comunidad internacional con el argumento de que el Estado Libre Asociado (ELA) había generado un pacto con cierto grado de soberanía, de que Puerto Rico seguía siendo un territorio colonial bajo la soberanía del Congreso de EEUU, se ha venido a confirmar con las más recientes expresiones de las tres ramas del aparato gubernamental estadounidense. 

La Rama Legislativa, la Rama Judicial y el Poder Ejecutivo han expresado con toda claridad que los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que someternos a los dictámenes de una Junta de Control Fiscal nombrada por el Congreso de EEUU que seria un súper gobierno que estaría por encima del gobernador electo, de la Legislatura y de las leyes que existen en Puerto Rico.

El objetivo principal de esa Junta es garantizarles a los inversionistas que cobrarán su dinero por encima de cualquier otra consideración, como son los servicios de educación, salud, seguridad, vivienda y la capacidad de administrar los fondos recaudados de los contribuyentes. La emigración masiva ya está ocurriendo y apenas comienzan las manifestaciones humanitarias de esta imposición. Los candidatos a la gobernación de las tres vertientes de estatus están en contra de dicha Junta colonial por ser humillante, colonial y dictatorial.

La confesión del Congreso, del Tribunal Supremo y del Presidente Barack Obama ha sorprendido a muchos incautos. A nosotros los independentistas no nos sorprende. Más bien nos reconoce como los que siempre hemos dicho la verdad sobre la relación colonial de Estados Unidos con Puerto Rico.

La deuda del Gobierno de Puerto Rico con los bonistas es de $72,000 millones de dólares. Pero, quién le debe a quién? Inmediatamente después de la invasión de EEUU a Puerto Rico en el 1898, la moneda boricua fue devaluada en un 40%. Esto provocó la venta de terrenos agrícolas devaluados a los dueños del capital estadounidense, para la siembra de caña de azúcar y la instalación de inmensas bases militares a través de toda la isla. Luego nos impusieron la ciudadanía estadounidense para reclutar a nuestra juventud para la Primera Guerra Mundial. Desde entonces hemos sido carne de cañón del ejército invasor. En la década del 1940 unas 150,000 mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas sin su consentimiento, un acto genocida atroz que no ha sido considerado para compensación.

Las refinerías de petróleo fue otro experimento que ejecutaron en el sur de la isla, abandonado pocos años después dejando la zona plagada de desechos y de contaminación. El aparato militar de los invasores causó miles de millones de dólares en daños ambientales y a la salud de residentes en las islas de Culebra y Vieques. Se estima que reponer los daños causados por más de sesenta años de bombardeos y ejercicios militares en Vieques solamente, tendrán un costo de $100,000 millones de dólares.

Nos han obligado a transportar toda la mercancía que entra o sale de Puerto Rico hacia Estados Unidos en la marina mercante de ese país, la más cara e ineficiente del mundo. Estas Leyes de Cabotaje, que están vigentes desde el año 1917, han encarecido el costo de vida en la isla en $500 millones anuales, lo que representa $50,000 en los casi 100 años de vigencia de esta imposición colonial.

Las grandes cadenas de supermercados, megafarmacias y centros comerciales de Estados Unidos radicados en la isla se llevan $35,000 millones de dólares anuales hacia su matriz en el continente. Esta situación ha llevado a la quiebra a miles de medianos y pequeños comerciantes, agricultores y farmacias de la comunidad en la isla. Así que, ¿quién le debe a quién?

La deuda pública es impagable, la potencia administradora nos prohíbe acogernos a la Ley de Quiebra federal y acaba de declarar inconstitucional la ley de quiebras local. Las pocas prerrogativas de autonomía fiscal que muchos pensaron era un “derecho adquirido” ha sido pulverizada por el Congreso de Estados Unidos.

Como vemos, la solución al problema colonial de Puerto Rico no es un mero reclamo por cuestiones de dignidad y de principios, que ciertamente están presentes. La descolonización y el ejercicio de los poderes soberanos en manos del pueblo de Puerto Rico son una necesidad, un instrumento fundamental para poder enfrentar los graves problemas económicos, sociales y políticos que han hecho crisis en la actualidad.

Para poder enfrentar con éxito las imposiciones coloniales de Estados Unidos sobre Puerto Rico tenemos que romper la camisa de fuerza que representa el colonialismo para nuestro pueblo. Es hora de redoblar los esfuerzos de este Comité de Descolonización para que la Asamblea General acoja el tema de Puerto Rico como un asunto separado en su próxima agenda.

Es hora de exigir la inmediata liberación de Oscar López Rivera, quien acaba de cumplir 35 años de prisión por el supuesto delito de luchar por la independencia de Puerto Rico.

Es hora de recoger el fruto del trabajo realizado durante las pasadas décadas en este Comité de Descolonización, al que agradecemos en todo lo que vale su solidaridad, el haberse mantenido firmes ante las presiones de la diplomacia estadounidense en todos estos años.

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, que es el que debe ser base de cualquier consideración en la ONU de nuestro caso, Estados Unidos debe reconocer que bajo el Tratado Multilateral que es la Carta de las Naciones Unidas, que obliga constitucionalmente a dicho país, los que tenemos el derecho de libre determinación de Puerto Rico somos los ocho millones de nacionales boricuas.

Le reclamamos a este Comité Especial de Descolonización que se disponga a conseguir la inclusión del caso de Puerto Rico en la Asamblea General de la ONU, para que a la luz de los acontecimientos de los últimos 50 años, se disponga por dicha Asamblea el reexamen de nuestro caso y la aplicación del Derecho Internacional vigente.

Muchas Gracias.