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Mensaje de la Red en Defensa de la Humanidad-Cuba ante la COP 21, París 2015 PDF Imprimir Correo
Escrito por Red en Defensa de la Humanidad   
Jueves, 19 de Noviembre de 2015 16:16

cop21-2015

Han pasado tres años desde que se realizara en junio 2012, la Cumbre de los Pueblos paralela a la de Naciones Unidas conocida como Rio+20. En aquel momento la Red en Defensa de la Humanidad hizo un llamado a los movimientos sociales, a líderes sociales en general, gobiernos, y a todas las personas de buena voluntad a movilizarse en contra del modelo suicida que se ha impuesto al mundo, y que nos deja como única alternativa la extinción de la especie humana.



 

 

“La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. (…) Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. (…) Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño.” Fidel Castro, Río de Janeiro, 1992.



Han pasado tres años desde que se realizara en junio 2012, la Cumbre de los Pueblos paralela a la de Naciones Unidas conocida como Rio+20. En aquel momento la Red en Defensa de la Humanidad hizo un llamado a los movimientos sociales, a líderes sociales en general, gobiernos, y a todas las personas de buena voluntad a movilizarse en contra del modelo suicida que se ha impuesto al mundo, y que nos deja como única alternativa la extinción de la especie humana.

Hoy, a las puertas de la COP 21, París 2015, donde se espera la firma de un nuevo acuerdo climático, no existen motivos para estar satisfechos, pues nada nos induce a pensar que habrá consenso en adoptar las verdaderas soluciones que reclama la gravedad del momento. Cabe retomar la consigna abrazada en Copenhague: No cambiemos el clima ¡Cambiemos el sistema! Si no enfrentamos las verdaderas causas de la catástrofe, no podremos evitarla.

En la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, celebrada en Tiquipaya, Bolivia, del 10 al 12 de octubre de este año, los allí presentes adoptaron la decisión de retomar por su vigencia, y así quedó recogido en la Declaración Final, el mensaje que la Red En defensa de humanidad hiciera en junio de 2012 a la Cumbre de Río+20 y exigir, por todos los medios a nuestro alcance, ante el sistema de organismos internacionales de las Naciones Unidas:

1. Refutar la pretensión de las nuevas tesis planteadas en torno a la “economía verde”. Rechazar este concepto y cualquier otra forma de explotación por parte del poder transnacional y exigir un abordaje multisectorial y multidimensional del enfrentamiento a la crisis.

2. Condenar la privatización de los recursos naturales y toda forma de mercantilización de la naturaleza. Reconocer y valorar la concepción integral de la vida de las culturas originarias y de los principios de solidaridad, igualdad, complementariedad y reciprocidad en que se basan alternativas como el Buen Vivir y otras, para la relación armónica con la naturaleza y la supervivencia de la especie humana.

3. Reconocer la urgencia de colocar la defensa de los derechos de nuestra especie y de la naturaleza como eje central de las negociaciones e instrumentos normativos internacionales en detrimento de los derechos del capital. Desde esa perspectiva, reconocer la necesidad de un tribunal penal sobre el ambiente.

4. Que se condenen las guerras, las políticas imperiales y la carrera armamentista como las mayores agresiones al medio ambiente y a la preservación de la especie humana, tanto por sus consecuencias directas como por los gastos incalculables que provocan. Estos recursos bien podrían utilizarse para solventar los principales retos sociales y medioambientales que enfrenta la humanidad. Que se denuncie el carácter suicida de los arsenales nucleares y se demande su eliminación y prohibición absoluta.

5. Que las autoridades públicas asuman como obligación principal aplicar un enfoque basado en los derechos de sustentabilidad, bienestar y progreso de la sociedad, y se reivindique la responsabilidad inexcusable de los gobiernos de proporcionar servicios esenciales para la vida a la totalidad de los ciudadanos. Que cambien radicalmente los indicadores de desarrollo y progreso para que tengan en cuenta los costos ambientales, la equidad social y el desarrollo humano.

6. Que se reconozca como imprescindible la transformación de los patrones de producción, consumo y distribución del ingreso. La búsqueda de acumulación creciente de ganancias y la orientación de la producción en función de la demanda solvente y no de la necesidad social, propia del sistema capitalista, no puede, ni podrá nunca, generar igualdad, eliminar la pobreza, ni garantizar un desarrollo armónico con la conservación del medio ambiente. La urgencia real de migrar hacia tecnologías no contaminantes no puede reducir los análisis a aspectos meramente tecnológicos.

7. Que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconocido en la Declaración de Río, se traduzca en reales mecanismos de financiación, flexibilidades y políticas de acceso a la tecnología y el conocimiento para los países más necesitados y en obligaciones ineludibles para los países industrializados.

8. Denunciar el cínico “discurso limpio” de las potencias del Norte que intentan hoy inculpar a los países del Sur mientras ocultan su responsabilidad histórica y presente en el atraso de las tecnologías de esos países y en la deformación de sus economías y favorecen las operaciones “sucias” de las transnacionales en el Sur. Las marcas y patentes “verdes” deben ser denunciadas como un renovado y peligroso mecanismo de reafirmación de la dominación hacia todos los países tecnológicamente dependientes.

9. Que la Cumbre se pronuncie por la imprescindible evaluación precautoria de las tecnologías según sus impactos sociales y ambientales. Debe gestarse con urgencia una Convención mundial para el control de tecnologías nuevas y emergentes, basada en el principio de precaución y la evaluación participativa.

10. Denunciar la llamada obsolescencia programada y que se favorezcan las tecnologías que atiendan a la máxima vida útil de los productos, beneficien la estandarización, la reparación, el reciclaje y un mínimo de desechos, de manera que se satisfagan las necesidades humanas con el menor costo ambiental.

11. Condenar el control del comercio mundial por las transnacionales y el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la imposición de acuerdos que legitiman la desigualdad y la exclusión e impiden el ejercicio de políticas públicas soberanas. Promover acciones concretas para lograr un intercambio comercial más justo, y en armonía con los requerimientos medioambientales.

12. Acordar medidas concretas para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos y la especulación en los mercados de productos básicos, como medio indispensable para combatir el hambre y la pobreza.

13. Denunciar la compra masiva de tierras en países del Sur por parte de potencias extranjeras y multinacionales para explotar sus recursos naturales o dedicarlos a proyectos que comprometen el medio ambiente o el equilibrio de sus ecosistemas.

14. Promover un convenio marco para la responsabilidad ambiental y social de las empresas y legislaciones nacionales que condenen prácticas nocivas y abusivas de las mismas, teniendo en cuenta el carácter transnacional de sus operaciones

15. Promover acciones de control sobre la publicidad comercial, la incitación al consumo desmedido y la creación de falsas necesidades, sobre todo los dirigidos a la infancia y la juventud, y establecer en cambio políticas de impulso a la publicidad de bien público, que constituya fuente de información y prácticas sustentables.

16. Que se realice un firme pronunciamiento en favor de orientar la educación y la ciencia en beneficio del desarrollo humano y no en función del mercado, basada en una nueva ética del consumo que, sin sacrificar lo esencial de las satisfacciones materiales, rechace los productos fruto de prácticas ecológicamente agresivas o del trabajo esclavo y de otras formas de explotación.

17. Promover la revisión y modificación del sistema de propiedad intelectual vigente, a la luz de las negociaciones medioambientales, la agenda de lucha contra el cambio climático y los derechos humanos, de modo que pueda facilitarse la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a ellos.

18. Exigir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como organización del sistema de Naciones Unidas, que enfrente la urgente necesidad de un cambio de paradigma en torno a la investigación científica internacional y el conocimiento, de manera que, dejando a un lado los mecanismos de mercado, fomente la necesaria colaboración, la investigación coordinada y la difusión y aplicación de sus resultados a gran escala. Que se implementen por esta organización los mecanismos necesarios para propiciar en el menor tiempo posible una transición energética efectiva y las medidas de mitigación del cambio climático.

19. Que se promueva una reevaluación integral del sistema de gobernanza ambiental existente, que ha demostrado ser incapaz de frenar la catástrofe ecológica, y se sienten las bases de uno nuevo, inclusivo, auténticamente democrático y participativo, que se dirija a las causas profundas de la crisis, y sea capaz de promover soluciones reales a estos problemas para las actuales y futuras generaciones. Generar un nuevo Contrato Social en nuestros países y a escala internacional.

Las elecciones en Catalunya y el voto independentista

Alejandro Torres Rivera

3 de octubre de 2015

Catalunya es un territorio localizado dentro del Estado español el cual ocupa una superficie de 32 mil kilómetros cuadrados. Limita en la porción Norte con Francia y el Principado de Andorra; al Sur con la Comunidad de Valencia; al Este con el mar Mediterráneo; y al Oeste con Aragón. Catalunya cuenta con una población que excede los siete millones y medio de personas lo que equivale al 16% de la población del Estado español. Catalunya también es considerada por muchos la más importante de las comunidades autónomas de España teniendo el 25% de sus exportaciones y el 19% del PIB.

En sus primeros proyectos dirigidos a alcanzar su autogobierno en el siglo 20, se encuentran el de la Mancomunidad de Catalunya entre 1913 y 1923; la restauración de la Generalidat de Catalunya y la aprobación de su Estatuto de Autonomía durante la Segunda República (el cual fue abolido dentro del marco del fin de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista); la restauración de la autonomía en 1979 bajo la Constitución española de 1978; y más adelante, su desarrollo dentro del marco de las modificaciones hechas a la misma.

Desde la caída del franquismo y la llegada de la democracia representativa a España en 1978, el movimiento independentista en Catalunya se ha ido fortaleciendo. Para la mayoría de los catalanes, no existe división conceptual alguna en reconocer que Catalunya es una nación diferenciada del resto del Estado español. De hecho, así lo ha definido su Parlamento en su relación actual con el gobierno central al proponerlo expresamente como parte de las disposiciones del Estatuto de Autonomía vigente. Si bien dicho Estatuto fue modificado por el Congreso de Diputados de España, su Preámbulo quedó sin modificar. Su artículo segundo reconoce la condición nacional de Catalunya.

Desde hace varios años se ha ido impulsando por importantes sectores del pueblo catalán la realización de una consulta mediante la cual se determine, dentro del marco del derecho a la libre determinación, el reclamo de la independencia de Catalunya respecto al resto del Estado español. En la municipalidad de Areyns de Munt, los candidatos de Unidad Popular sometieron en 2009 una petición para que se efectuara una consulta no vinculante en torno a la independencia de Catalunya, la cual se efectuó el 13 de septiembre de dicho año. Con la participación de un 41% de los electores elegibles, un 96.2% se pronunció en favor de un estado independiente, democrático y social, integrado a la Unión Europea. Encuestas posteriores realizadas entre los residentes catalanes, también le dieron una posibilidad a la independencia.

Algunos de los que profesan la propuesta independentista han impulsado también la unión de distintas regiones que consideran catalanas, a saber: la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Rosellón en Francia, la Franja de Poniente en Aragón, el Carche en la comarca de Murcia, y Alguer, localizada en la Isla de Cerdeña (hoy parte de Italia).

Dentro de España, se ha desarrollado el debate en torno a la legalidad de una consulta de libre determinación para Catalunya. Si bien tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español y otros partidos políticos de centro, derecha e izquierda se han expresado en contra de la secesión catalana planteando su ilegalidad bajo la actual Constitución, el gobierno catalán ha continuado impulsando el derecho de los catalanes a decidir si quieren o no la independencia. Indican los opositores a la secesión que una consulta de tal naturaleza no puede provenir del gobierno catalán sino tendría que ser producto de legislación por las Cortes. Para ello, claro está, sería necesario enmendar previamente la Constitución del país conforme a los procedimientos establecidos en ella, toda vez que bajo dicha Constitución, España es una nación única e indivisible.

El 23 de enero de 2013 el parlamento catalán aprobó con 85 votos a favor, 41 votos en contra, 2 abstenciones y 5 parlamentarios que se negaron a votar, una ¨Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Catalunya¨. En ella afirmaron que ¨el pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.¨ En consecuencia, proclamaron ¨el derecho de los ciudadanos de Catalunya a decidir su futuro político colectivo.¨ Esta Declaración fue dejada en suspenso por el Tribunal Constitucional de España al considerarla ¨un acto de poder constituyente¨ y ¨un desafío abierto contra la Constitución.¨ A pesar de ello, los catalanes no desistieron de su propósito favoreciendo en encuestas avaladas por más de un 71% de los encuestados, que se llevara a cabo un proceso de consulta a los catalanes sobre su relación política futura con el Estado español.

Debe destacarse que entre los dos polos políticos—independencia o continuidad de la actual relación con el Estado español—una tercera vía ha ido ganando terreno.

En la edición del periódico español El País de 3 de noviembre de 2013, por ejemplo, se indicaba que el 31% de los encuestados apoyaba una ¨tercera vía¨: que Catalunya continuara siendo parte del Estado español, pero con ¨nuevas y blindadas competencias en exclusiva¨. Concretamente el resultado en aquel momento fue el siguiente: 31% a favor de la independencia completa; 17% a favor de mantener la presente relación política y 40% a favor de la tercera vía. Ahora bien, la encuesta también reflejaba que entre la independencia y la continuación del actual régimen, la independencia sería la preferencia del electorado.

Quizás un elemento que empujaba entonces a esa tercera vía lo constituía la advertencia hecha por miembros de la Comunidad Europea al gobierno de la Generalitat de que en un escenario de secesión independentista, la Unión Europea no reconocería la integración de una Catalunya independiente a la misma. Pesa tanto en los catalanes su deseo de permanecer vinculados a la Unión Europea, que la sola posibilidad de que tal situación ocurra, de optar por una independencia total del Estado español, la opción independentista se reduce en un 6%, permitiendo así que el NO a la secesión ganara una consulta entre los catalanes.

En las elecciones regionales llevadas a cabo el pasado domingo en Catalunya, elecciones anticipadas luego de estar reclamando el gobierno una consulta plebiscitaria sobre la autodeterminación de Catalunya, el gobierno catalán dirigido por Artur Mas, le pretendió imprimir la naturaleza de consulta plebiscitaria sin que así fuera, es decir constituyó una consulta de facto y no de jure. Mediante la misma se le presentó a los catalanes la opción de que con su voto por ¨Junt pel Sí¨, expresaran su posición respecto a la independencia. El resultado fue que el ¨Junt pel Sí¨ (Junte del Sí), obtuvo 62 de los 135 escaños parlamentarios. Si bien no alcanzó la suma de 68 escaños, necesaria para formar gobierno solos, junto a otra agrupación independentista, ¨Catalunya Si que es Pot¨, con sus 11 diputados, lograrán obtener una mayoría absoluta en el Parlamento. Esa mayoría alcanzada por ¨Junt pel Sí¨ fue seguida de manera distante por la agrupación política del centro político ¨Ciudadanos¨ con 25 escaños y por 16 escaños obtenidos por el ¨Partido Socialista Catalán¨. El ¨Partido Popular¨ de Mariano Rajoy, actual Jefe de Gobierno del Estado español, obtuvo 11 escaños; mientras la ¨Coordinadora d´Unitat Popular¨ (CUP), obtuvo los 10 escaños restantes.

La CUP alcanzó en estos comicios 335,785 votos, frente a 347,775 votos del Partido Popular y 365,666 del Partido Socialista Catalán. Como puede verse, a pesar de sólo alcanzar 10 escaños, su fuerza compara con las organizaciones que representan en Catalunya los dos principales partidos dentro del Estado español. Esta organización, la CUP, tiene una plataforma programática dentro de la cual postula la democracia directa, la nacionalización por parte del Estado de grandes empresas, el control obrero sobre la producción y la intervención de las entidades financieras que hayan recibido fondos públicos por parte de consejos de ciudadanos. A diferencia de algunas organizaciones independentistas catalanas cuyo programa es básicamente uno nacionalista, burgués y neoliberal, y en consecuencia, no plantean una renuncia o ruptura con el modo de producción capitalista, la CUP presenta un programa reivindicativo socialista tanto en su visión ideológica como económica.

En ese sentido, mientras las definiciones de ¨centro¨, ¨derecha¨ e ¨izquierda¨ dentro del drama catalán tengan referentes similares a cómo se visualizan las fuerzas políticas en Puerto Rico; lo cierto es que ese ¨centro¨, ¨derecha¨ e ¨izquierda¨ no serían tales, si se examinan desde el punto de vista de la ideología que inspira a cada una de ellas, donde todas podrían terminar siendo organizaciones de derecha, defensoras del capitalismo y el neoliberalismo, frente a la CUP, que podría ubicarse dentro de la corriente histórica del socialismo moderno.

Para Francesc Homs, uno de los directores de la campaña del ¨Junts pel Sí¨, la mayoría obtenida por la agrupación en las elecciones, ¨apunta a que esta mayoría soberanista clara y nítida a favor de la independencia de Catalunya es un hecho.¨ De hecho, Homs se expresó indicando: ¨Hemos conseguido hacer el plebiscito que no nos dejaban hacer.¨

Uno de los elementos presentes en estas elecciones ha sido el alto número de votantes que concurrió a las urnas, habiéndose contabilizado cerca del 77% de los electores, con un 22.56 % de electores abstenidos, casi 8% menos que en las elecciones anteriores.

Las reacciones desde el gobierno central ante el resultado de las elecciones en Catalunya no se han hecho esperar. El Partido Popular, que vio reducidos sus escaños de 19 a 11, con el peor resultado electoral desde 1992, a través de su Presidente y actual Jefe de Gobierno del Estado español adelantó que recurriría al uso de todos los recursos legales a su alcance para impedir la secesión de Catalunya. La oposición a tal secesión también es compartida en estos momentos por el PSOE y Podemos.

Para algunos sectores en Puerto Rico las coordenadas en el drama político catalán y el reclamo de una tercera vía, que no sea el estatus actual o la independencia, guarda pertinencia con el desarrollo en nuestro país de la propuesta de este sector que promueve, particularmente dentro del autonomismo histórico: la opción de la libre asociación.

Existen, sin embargo, elementos distintos en la realidad catalana con relación a la puertorriqueña que es importante destacar. En primer lugar, aún hoy en su relación política dentro del Estado español, la relación política de Catalunya como comunidad autónoma con el gobierno central, no es de la naturaleza colonial que vivimos nosotros. En segundo lugar, ni la comunidad catalana está sujeta a una Cláusula Territorial, ni el Estado español se arroga poderes plenarios sobre Catalunya, como es el caso de Estados Unidos sobre Puerto Rico.

A pesar de las diferencias, sin embargo, en un escenario donde dentro de los sectores que promueven el desarrollo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hacia una relación política con Estados Unidos de naturaleza no colonial y no territorial, el desarrollo y desenlace de los acontecimientos en Catalunya tiene importancia. Después de todo, el fortalecimiento de esa tercera vía en el debate catalán puede representar un referente común con el fortalecimiento de lo que en Puerto Rico hemos llamado la corriente soberanista dentro del Partido Popular Democrático, o los esfuerzos desarrollados tanto por Movimiento Unión Soberanista (MUS) como por la Alianza Libre Asociación Soberana (ALAS).

El experimento catalán, sin duda alguna, tendrá su caja de resonancia, en una dirección u otra, en otras comunidades autónomas dentro del Estado español que también propugnan por mayores poderes políticos frente al gobierno central. También podría tenerlo desde la perspectiva de la política y discusión sobre el estatus en Puerto Rico. De ahí la importancia de estar atentos a los desarrollos que se aproximan en este experimento catalán.

 

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