La crisis general en que se debate el sistema capitalista y, en particular, su epicentro imperial, los Estados Unidos, convierte a los pueblos y países coloniales en victimas principales de sus fórmulas  draconianas  de superación de

la crisis, por cuanto acrecienta la explotación del trabajo, reduce la planta laboral, incrementa las tarifas de los servicios y los impuestos, mientras reduce las contribuciones para financiar los presupuestos fiscales necesarios para mantener el gasto publico social y, en especial, la atención de los sectores sociales especialmente vulnerables.

Esta fórmula colonialista de contención de la crisis del Capital esta siendo aplicada por los Estados Unidos en el Estado de Puerto Rico, lo cual ha llevado a proyectar la reducción de hasta 30.000 puestos de trabajo en la Administración Pública, la reducción de los presupuestos de salud, educación y asistencia social y el incremento de los impuestos y derechos; decisiones que han empobrecido a miles de hogares boricuas y  aumentado la mendicidad, la violencia social y del comercio de la droga, como estrategia de sobrevivencia de cientos de miles de jóvenes desempleados y sin futuro.

La victima más emblemática y dolorosa de esta política adelantada por el gobierno federal de los Estados Unidos contra del Estado de Puerto Rico,  es la Ilustre Universidad de Puerto Rico, baluarte de la resistencia cultural y política de la juventud y los intelectuales borincanos contra la ocupación y colonización impuesta, desde hace más de 100 años, por los Estados Unidos de América.

Contra la Universidad de Puerto Rico, el gobierno colonialista de los Estados Unidos y sus agentes del gobierno anexionista de Fortuño, han lanzado una ofensiva dirigida a la privatizarla mediante el aumento descomunal de las matrículas, con el objetivo estratégico, no solo de reducir los aportes del Estado de Puerto Rico para garantizar el Derecho a la Educación de los sectores populares sino, especialmente, para limitar las posibilidades de ingreso de los hijos del pueblo, por cuanto ven en ellos, la nueva generación borincana, que bajo el ejemplo de Hostos, Albizu Campos, Lolita Lebrón y Filberto Ojeda,  se convertirán en la nueva generación que ha de sostener la lucha indeclinable del pueblo de Puerto Rico por la Soberanía y la Independencia.

Pese al aparato represivo del Estado de Puerto Rico y al apoyo de las agencias de inteligencia del gobierno federal de los Estados Unidos, el movimiento de los trabajadores al servicio del Estado y, especialmente, el combativo gremio de los electricistas, junto a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, ya han cumplido un (1) año de lucha contra los despidos masivos, las privatizaciones del patrimonio del pueblo de  Puerto Rico y el aumento  de la matrícula universitaria, convirtiéndose tales luchas, en manifestaciones de resistencia contra el régimen colonial, por cuanto cada vez se hace más evidente  para la Nación Puertoriqueña que las actuales circunstancias del país son inseparables del régimen colonial a que han sido sometido y que la única manera de superarlo es mediante la lucha por la soberanía y la Independencia.

Los pueblos de América Latina, que regaron con sangre su sagrada tierra para liberarse de la opresión colonial española en el siglo XIX,  tienen conciencia de la importancia de sostener la defensa de los  principios de Autodeterminación de los Pueblos y  No Intromisión en los Asuntos Internos de los Estados, pero en los casos de los pueblos y países sometidos a situación colonial, conforme a la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, tales principios no pueden ni deben ser observados en el caso del hermano pueblo del Estado Puerto Rico, por cuanto el régimen colonial impuesto por los Estados Unidos de América constituye un estado de opresión que viola flagrante y continuamente los derechos de los pueblos sometidos a tan oprobiosa situación, careciendo de legalidad y legitimidad el Poder Colonial que ejerce sobre un pueblo que, conforme a la Ley Internacional, tiene todo los atributos para ejercer  plenamente su Soberanía y Autodeterminación.

En esos términos, todos los Estados, pueblos y naciones de América Latina, no solo tienen el Derecho sino la obligación ética y política, de apoyar las luchas reivindicativas y anticolonialistas  del pueblo del Estado de Puerto Rico y promover todo lo que sea necesario para aliviar las difíciles condiciones de vida impuestas por el gobierno colonialista de los Estados Unidos y el actual gobierno anexionista del Estado de Puerto Rico, reivindicando además, el Derecho Inalienable e Imprescriptible de la Nación  Puertoriqueña de fundar un Estado plenamente Soberano e Independiente y unirse a la Comunidad de Naciones Hermanas de América Latina.