Si existe  una situación indignante y merecedora del mayor rechazo y del legítimo derecho de los pueblos de utilizar todos los medios posibles para erradicarla, ésta es el estado colonial de una Nación a quien la potencia colonial, contra todo sentido histórico, [...]

razón jurídica y criterio político, le niega el derecho a la Autodeterminación, la Soberanía y la Independencia de la que gozan las demás Naciones y Estados de la Comunidad Internacional.

Y es que la condición colonial constituye, más allá de los preciocismos jurídicos de los leguleyos del colonialismo, un estado de esclavismo colectivo, de servidumbre forzada  y opresión nacional,  que rebaja la condición social, política y cultural de los colonizados y califica a los colonialistas como una fuerza perversa e ilegal a la que, en ninguna circunstancias ni por ningún título, es posible reconocerle la legitimidad de su poder opresor; dado que tal poder es, de suyo, ilegal e ilegítimo, desde el punto de vista del Derecho Internacional y la voluntad expresada de los Estados integrantes de la Comunidad Internacional, y por no haber sido consentido sino impuesto por la fuerza de las armas y mantenido a partir del control político, la asimilación cultural y la preservación de un orden económico, social y cultural diseñado y desarrollado para perpetuar el injusto e inadmisible orden colonial.

En el caso de Puerto Rico, no existía, ni existen ni podrán existir jamás, razones para ser parte de una nación culturalmente anglosajona, diferenciada en su origen histórico, su lengua, religión y costumbres y físicamente separada del Estado imperial colonialista que la hizo suya  y  le ha impuesto durante 113 años, su poder colonial, negándose a retirar  las instituciones represivas, gubernativas y judiciales  del territorio colonizado para permitir que, el pueblo libre de Puerto Rico, a partir de sus actuales instituciones políticas del cuestionado ‘Estado Libre Asociado’ y con el apoyo de las instituciones de la ONU y los gobiernos de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe,  inicie el proceso de construcción de un verdadero Estado Democrático, Republicano de Derecho y Justicia, que afirme la identidad y dignidad  del pueblo puertoriqueño en el concierto de las Naciones del planeta.

Con más de un siglo de resistencia, resoluciones favorables de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 29 decisiones afirmativas del Comité Especial Sobre la Descolonización de Puerto Rico y del Movimiento de Países No Alineados, el caso de la situación colonial de Puerto Rico se mantiene en un estancamiento político y jurídico, el cual favorece a la potencia imperial colonialista usamerricana y sus agentes internos, al fortalecer su esquema de dominación colonial,  reforzar la dependencia económica  del país y proseguir la estrategia deliberada de emigración-asimilación de la población boricua que hoy, en su propio territorio, es menor a la que se encuentra en el territorio de los Estados Unidos de América.

En este proceso de resistencia es esencial avanzar en la deslegalización y deslegitimación de la situación colonial de Puerto Rico, para lo cual parece conveniente y necesario que los Estados Miembros del Comité de Descolonización de la ONU y de su Comité Especial de Descolonización de Puerto Rico, acuerden presentar  ante Tribunal Internacional de Justicia, con sede en la Haya, una Opinión Consultiva, sobre  la ilegalidad del actual status colonial de Puerto Rico, a la luz de la Carta de las Naciones Unidas, sus instrumentos internacionales sobre descolonización y las Resoluciones de su Asamblea General y otros órganos y  sobre la definición del mecanismo jurídico y político idóneo para el desarrollo del proceso de descolonización; procedimiento que, aún cuando el gobierno colonial-imperialista de los Estados Unidos lo rechace por haberle retirado el reconocimiento a ese Tribunal (Nicaragua vs USA. 1984), permitirá avanzar a las fuerzas no anexionistas , en la búsqueda de una fórmula que permita alcanzar la proclamación de la  independencia boricua  y la fundación de la República de Puerto Rico.

Para ello, existen suficientes títulos, instrumentos jurídicos y sentencias de tribunales de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  que sostienen, más allá de toda duda razonable, que el pueblo de Puerto Rico es una Nación,  que su territorio y población no es parte de los Estados Unidos de América, que sus instituciones políticas y jurídicas son autónomas, que en razón de ello, sus ciudadanos no votan para la elección del presidente y los parlamentarios de los Estados Unidos de América y que, el movimiento deportivo mundial le reconoce su condición de país con derechos  y obligaciones independientes de la potencia colonial.

Con tales presupuestos y una estrategia jurídica diseñada para deslegalizar y deslegitimar el status colonial actual y una voluntad política de amplitud, concertación y unidad nacional, será más posible, alcanzar el objetivo histórico de una Puerto Rico soberano e  independiente, unido a los demás pueblos de América Latina y el Caribe.