Sectores comprometidos con la educación pública del país celebraron la repentina y atropellada salida de Julia Keleher del Departamento de Educación y del Gobierno de Puerto Rico como una oportunidad para revertir el cierre de planteles escolares, el programa de escuelas charters y los vales educativos. Inmediatamente, el Gobernador Ricardo Rosselló descartó una reconsideración de tales medidas porque las mismas son decisiones de política pública que no corresponden a determinaciones del secretario/a. Señaló al respecto:

“es un compromiso que yo establecí con el pueblo y todas esas iniciativas se van a llevar a cabo con el liderato que tengamos en el Departamento de Educación porque el secretario o secretaria debe ser un instrumento de ejecución, pero la política pública la establece el gobernador”[1]

El gobernador tiene razón. La política pública la establece el Primer Ejecutivo. El secretario/a ejecuta. Por tanto, la misma continúa en vigor independientemente de la persona que sea nombrada para dirigir el Departamento de Educación.

No obstante, es importante señalar que las escuelas charter y los vales educativos impulsados por la Administración de Ricardo Rosselló no son ideas originales. En la década de 1990 propuestas similares habían sido promovidas férreamente por su padre Pedro Rosselló, entonces Gobernador de Puerto Rico. En dicha ocasión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que dichos intentos violentaban la constitución del país. Esta vez, su interpretación fue distinta.

Un elemento diferente de la política educativa que está siendo adoptada ahora es el cierre de escuelas. Esa idea, sin embargo, tampoco es del Gobernador Ricardo Rosselló. Él solo acogió la misma. En el 2015, Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe —exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI)— fueron contratados por el Gobierno de Puerto Rico durante la Administración de Alejandro García Padilla para que produjeran un informe en torno a la situación fiscal y económica del país, así como a la sostenibilidad de la deuda, pues los inversionistas ya percibían la posibilidad de impago en Puerto Rico. Krueger, una reputada economista especialista en reformas económicas para países en desarrollo, dirigió el grupo de trabajo. Como funcionaria ejecutiva del FMI, había estudiado la crisis argentina a principios de la década de 2000 y avalado políticas neoliberales de ajuste conducentes a medidas de austeridad para el pago de la deuda.[2]

El documento producido se tituló “Puerto Rico: A Way Foward” pero se conoció como Informe Krueger[3]. Fue divulgado el 29 de junio del 2015. Horas más tarde, Alejandro García Padilla anunció al país que la deuda pública era impagable[4] e, inmediatamente, las agencias de clasificación de riesgo degradaron la deuda del Gobierno de Puerto Rico limitando su acceso al mercado de bonos.[5]

El Informe Krueger realiza el siguiente diagnóstico sobre la situación económica y fiscal del país:

• los problemas de la economía insular son estructurales
• los déficits fiscales son mayores que los estimados oficiales
• la deuda pública no es sostenible sin crecimiento económico
• las políticas de austeridad serán insuficientes para pagar a bonistas y habrá que reestructurar la deuda

Las recomendaciones eran similares a las realizadas en el informe que había sido producido en el 1975 para el Gobernador Rafael Hernández Colón por el Comité para el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico.[6] James Tobin —un reconocido economista de la Universidad de Yale— presidía dicho grupo de trabajo. Limitar el gasto público, desreglamentar el mercado laboral y otorgar más incentivos a las corporaciones fueron, en términos generales, las sugerencias en aquella ocasión. Para algunos marcó el inicio de las políticas neoliberales y las medidas de austeridad en Puerto Rico.

El Informe Krueger hizo recomendaciones que comprenden tres áreas. Estas son:

• Reformas estructurales
• Ajustes fiscales y deuda
• Credibilidad institucional

Propuso reducir costos laborales, mejorar el ambiente de negocios y privatizar la producción de energía para reducir gastos y mejorar la competitividad. Sugirió, además, reestructurar la deuda pública y establecer una junta de supervisión fiscal para que observara el cumplimiento del plan de ajuste fiscal. Con respecto a los servicios educativos ofrecidos por el Departamento de Educación recomendó una reducción en los gastos de $400 millones para el 2020 y $571 millones para el 2025.

El mismo día que se publica el Informe Krueger y el país se entera que no hay ingresos para pagar la deuda, el Gobernador Alejandro García Padilla estampa su firma en la Orden Ejecutiva 22 – 2015[7] con el propósito de crear el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica y Fiscal de Puerto Rico. Inicialmente sus miembros eran:

• Víctor Suárez  (Secretario de Estado)
• César Miranda (Secretario de Justicia)
• Melba Acosta (Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento)
• Jaime Perelló (Presidente de la Cámara de Representantes)
• Eduardo Bathia (Presidente del Senado)

Ellos tenían la tarea de desarrollar el plan para ejecutar las recomendaciones del Informe Krueger. Este se tituló “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico”[8].

El “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico” señalaba algunas medidas de ajuste fiscal que ya habían sido tomadas por el gobierno. Para el Departamento de Educación indicaba que en los pasados dos años ya se habían consolidado 135 escuelas que habían producido ahorros en $110 millones. Sin embargo, para lograr el “tamaño justo” en el Departamento de Educación, proyectaba continuar con el cierre de escuelas como medida de ajuste para ahorrar $290 millones adicionales entre 2017–2020. El objetivo era alcanzar la cifra de $400 millones en el 2020, meta trazada por el Informe Krueger.

Este dato demuestra que la Administración de Alejandro García Padilla del Partido Popular Democrático (PPD) y la Administración de Ricardo Rosselló del Partido Nuevo Progresista (PNP) adoptaron políticas similares, siguiendo el programa de austeridad elaborado por Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe. El mismo era parecido al impuesto en otros países por el FMI que, además, vigilaba por su cumplimiento. En Puerto Rico, esa función la llevarían a cabo juntas creadas por las autoridades insulares[9] o metropolitanas. De hecho, la Junta de Control Fiscal (JCF) constituida a través de la Ley PROMESA por el Congreso de EEUU para que impulse medidas dirigidas a solucionar el problema de la crisis fiscal y la deuda pública del país tiene actualmente un contrato vigente con Andrew Wolfe, coautor del Informe Krueger, para que sea su asesor económico en la elaboración de los planes fiscales, provea consejo sobre reformas estructurales y “realice un análisis de sostenibilidad de la deuda al estilo FMI”.[10] En fin, diseñe políticas de austeridad.

Me parece que el Informe Krueger hace un diagnóstico certero en cuanto a la situación del país al señalar que sus problemas económicos son estructurales y que la deuda pública no es sostenible sin crecimiento económico. Sin embargo, creo que se equivoca en cuanto a las medidas que adopta como solución, pues las políticas de austeridad no impulsan el crecimiento en la producción y menos en contextos de crisis económicas.

Desde el 2006, inicio de la crisis económica en Puerto Rico, se han impuesto por distintas administraciones medidas de austeridad dirigidas a reducir gasto. Entre ellas se encuentran:

• despido de empleados públicos (2009)
• programas de renuncia voluntaria y reducción jornada laboral (2010)
• suspensión temporera de convenios colectivos y otros acuerdos contractuales (2010)
• aumentos en la edad de retiro (2013)
• reformas al sistema de pensiones (2013)
• congelación de aumentos salariales estipulados en convenios de negociación colectiva (2014)
• reducción beneficios marginales: bono navidad, liquidación licencia vacaciones-enfermedad (2014)
• reducción anual en nómina de 3%  (2013-2015)

También se han adoptado medidas dirigidas a aumentar los ingresos tales como:

• impuesto al consumo       (2006, 2015)
• impuesto petróleo       (2013, 2016)

Los efectos de esas políticas de austeridad han sido nefastos. No han causado la recuperación prometida. Cada vez que se aprueba una ley fijando nuevos impuestos, menoscabando derechos laborales o despidiendo empleados públicos, las autoridades gubernamentales señalan invariablemente que la medida es fundamental para la recuperación fiscal y económica. Pero, ¿cuáles han sido los resultados? Veamos.

Población, Producción y Trabajo en Puerto Rico, 2006-16

En la tabla superior se presentan datos para el periodo histórico 2006 – 2016. El 2016 es el último año para el cual se ofrecen cifras revisadas en el Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador. Tanto la población, la producción, la fuerza laboral como el empleo se redujeron en ese periodo histórico. Las políticas neoliberales y la austeridad no han tenido el efecto de solucionar los problemas económicos. En todo caso, han agravado la situación al precarizar el trabajo y forzar al exilio a más de 500,000 personas. Tome por ejemplo la reforma laboral del 2017, otra medida que fue recomendada por el Informe Krueger. Esta reduce protecciones de los trabajadores mientras a la misma vez redefine el tiempo de trabajo extra, reduce los días de vacaciones y extiende el periodo probatorio, entre otras modificaciones aprobadas.[11] Datos publicados en la Encuesta del Grupo Trabajador realizada por el Departamento del Trabajo señalan la reducción del empleo a tiempo completo y el aumento del trabajo a tiempo parcial[12], tendencia observada con datos de la Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico desde al menos el año 2006.[13] Como resultado, la compensación recibida por los trabajadores se ha reducido -5.50%; mientras, los ingresos generados por los propietarios han aumentado 32.53%, en plena crisis económica.

Estos indicadores evidencian que las políticas de austeridad son útiles para otros fines y grupos sociales. Tomemos el caso del Departamento de Educación, agencia de gobierno que el pasado año fiscal tuvo un presupuesto de alrededor $2,500 millones, el mayor en el país. Tras su triunfo en las elecciones del 2016, el Gobernador Ricardo Rosselló anunció el nombramiento de Julia Keleher como Secretaria de Educación. Keleher, en ese momento, tenía un contrato como consultora administrativa en esa agencia pública. Desde el año 2013 había estado ofreciendo servicios al Departamento de Educación a través de su firma, Keleher and Associates. Recibió cinco contratos con un valor agregado de $996,068 según el registro de la Oficina del Contralor. Su compensación por dirigir el departamento provenía de un contrato de consultoría firmado posteriormente con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) valorado en $250,000, la mayor remuneración en la historia del país para un Secretario de Educación. Aparentemente ese salario no era suficiente pues realizó gestiones para recibir una mayor compensación. Entre ellas se encuentra conversaciones con varios directivos de Puerto Rico Education Foundation (PREF) —una organización sin fines de lucro, de creación reciente, que recibe donativos de empresas privadas para impulsar la transformación de la educación pública del país— para que esta financiara y aumentara su remuneración a $400,000. Los directivos rechazaron esa petición.[14] No obstante, previamente, habían accedido contratar ciertos profesionales para donar sus servicios al Departamento de Educación por salarios que excedían los $200,000.[15]

De acuerdo con la prensa, Elías Sánchez Sifonte fue instrumental para que Keleher aceptara ese puesto.[16] Sánchez Sifonte había sido Secretario General del PNP y director de la campaña electoral del 2016. Pertenecía, además, al comité de transición del gobernador entrante Ricardo Rosselló y, no hacía mucho, había sido nombrado su representante en la JCF. Por realizar esas funciones no devengaba salario alguno. Por tanto, mientras era portavoz del gobierno en la institución rectora de las finanzas de Puerto Rico, continuó ejerciendo su profesión en el sector privado, de manera similar a otros miembros de la JCF. Renunció a ese cargo tras solo seis meses para dedicarse a tiempo completo a la práctica privada ofreciendo sus servicios a Wolf Popper y World Professional Group (WP Group), entre otras empresas. Wolf Popper es una oficina de abogados que tiene contratos con el Departamento de Educación desde el 2013 cuyos valores suman más de $7,500,000. Actualmente, tiene un contrato vigente por $1,185,014.[17] A su vez, la firma de consultores WP Group está inscrita en el registro de cabilderos de la Legislatura.[18] Miembros de estas dos empresas son donantes recurrentes del PNP y PPD.

Se alega que Julia Keleher creó en el Departamento de Educación una estructura paralela para que recursos externos llevaran a cabo, mediante la otorgación de contratos, funciones de empleados regulares. Entre las empresas contratadas se encuentra la oficina de abogados especializados en asuntos educativos Hogan, Harren, Babbo & Rose. De acuerdo al portal electrónico de la firma, el hermano del gobernador, Jay Rosselló, es socio de la misma. Su función es asesorar empresas vinculadas con el área de educación.[19] Además, figura como la persona contacto[20] para clientes interesados en participar de las escuelas charters que son promovidas mediante la reforma educativa que fue aprobada recientemente en Puerto Rico. Hogan, Harren, Babbo & Rose aparece identificado como socio colaborador de Keleher and Associates en el portal de la firma de consultoría que es propiedad de la exsecretaria de Educación.[21] El contrato otorgado por el Departamento de Educación a Hogna, Harren, Babbo & Rose estaba valorado en $155,000 y tuvo vigencia por cerca de seis meses expirando el 30 de junio de 2018.[22] Esta compañía había sido contratada también años antes por el Senado, presidido entonces por Eduardo Bahtia.

Una empresa que se ha beneficiado de forma significativa de la estructura paralela que aparentemente creó Julia Keleher en el Departamento de Educación es BDO. Esta es una firma que se dedica a ofrecer asesoría en contabilidad, aunque también brinda servicios en las áreas de finanzas, seguros y negocios. Desde el 2011 hasta el 2016 —bajo la Administración de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla— ella tuvo cuatro contratos con el Departamento de Educación valorados en conjunto por apenas $329,400. Durante la Administración de Ricardo Rosselló ha firmado con esa agencia seis contratos o enmiendas por $15,767,910. Si se suman los contratos con otras dependencias del Gobierno de Puerto Rico superan los $56,000,000.[23] Esa cifra es mayor a los aproximadamente $40,000,000 obtenidos en contratos por KOI[24], firma de publicidad que fue precisamente objeto de controversia en el pasado, debido a este mismo tema.

Al 18 de abril de 2019, BDO ha tenido contratos con 30 agencias del gobierno durante este cuatrienio para ofrecer servicios de contabilidad, servicios de auditorías, servicios relacionados a sistemas de información, servicios relacionados con el procesamiento de datos, servicios de peritaje, consultoría administrativa y consultoría legal, entre otros. Entre las dependencias gubernamentales que la han contratado están, además del Departamento de Educación, el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Municipio de San Juan, la Autoridad de Carreteras, el Departamento de Salud, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Universidad de Puerto Rico.

Al igual que en Wolf Popper y WP Group -donde personas vinculadas a ellas son donantes políticos como Carlos López López que ha hecho donativos al PPD y sus candidatos sobre $50,000 entre 2011 y 2019[25] y Elías Sánchez Sifontes que ha hecho lo propio con el PNP con donativos que alcanzan casi los $40,000[26]– la mayoría de los socios de BDO realizan aportaciones económicas a los partidos políticos principales. Tales donaciones alcanzan casi la cifra de $230,000.[27]

Entre los contratos firmados por BDO se encuentra uno con la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que la asesore sobre las alterativas para transformar el sistema de pensiones de esta institución educativa de manera tal que pueda implementarse su plan fiscal. El acuerdo lo firma Walter O. Alomar Jiménez, Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR quien ha hecho donativos al PNP por casi $13,000[28]; incluyendo al Gobernador Ricardo Rosselló meses previos a nombrarlo a ese organismo en mayo de 2017 y Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, días antes de ser confirmado por tal cuerpo legislativo.[29] Desde ese mismo año, su firma legal Doing Business Puerto Rico (DBPR) ha tenido contratos con varias agencias de gobierno incluyendo AAFAF y la Junta de Planificación. Este último valorado en $5,000,000[30]. Su hermano, Walter F. Alomar Jiménez, trabaja como abogado corporativo en el bufete O’Neill & Borges (lugar donde también labora Pedro Pierluisi, Comisionado Residente en la Administración Luis Fortuño) en donde ha representado diversas instituciones financieras, entre ellas, Banco Santander, Banco Popular, Oriental Bank, JP Morgan Chase y Wells Fargo y firmas de inversiones en bienes raíces como, por ejemplo, Caribbean Property Group. Esta empresa, cofundada por Barry Breeman (miembro de Sociedad 20/22[31]) es dueña de Paseo Caribe, Radisson Ambassador, Ritz Carlton San Juan, Ritz Carlton Dorado Beach[32] y de carteras adquiridas a bancos locales con préstamos morosos de propiedades cuyo valor agregado es $2,000 millones, aproximadamente. Walter F. Alomar Jiménez participó en algunas de esas transacciones.[33]

Las políticas neoliberales y austeridad impuestas por el Gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos representan mecanismos para promover el enriquecimiento de los propietarios y sus representantes. Sirven para beneficiar a pocos en detrimento de la mayoría. En su implementación existe un diseño claro. A los ejecutores de las políticas de austeridad les garantizan ingresos exorbitantes con salarios o contratos. Su tarea es operacionalizar un plan ya diseñado para menguar los recursos de la agencia que dirige y transferir al sector privado funciones que son servicios básicos y esenciales como la educación pública. Dicha transferencia se realiza generalmente impulsando medidas para desreglamentar actividades y mediante el diseño de estructuras para la otorgación de contratos a individuos y empresas como la que, según reseña la prensa del país, fuera creada por Julia Keleher en el Departamento de Educación. Aparentemente este diseño ha sido replicado en otras dependencias gubernamentales si tomamos como referencia el caso de BDO. Esos jugosos contratos, financiados con fondos públicos, son otorgados usualmente a donantes regulares de los partidos políticos principales y sus candidatos a puestos electivos, exfuncionarios gerenciales en el sector público que ahora son profesionales de las puertas giratorias, personas que están emparentados con algún miembro del gabinete del gobernador o todas las anteriores. De esta forma se crean nuevos mercados subsidiados por el gobierno para las empresas participantes lucrándose los grandes intereses, sus representantes e intermediarios.