La AAJ Continental adopta como suya el pronunciamiento de la AAJ Rama Colombia, que lee como sigue: “ La Asociación Americana de Juristas (AAJ), Organización no Gubernamental con Estatuto Consultivo en las Naciones Unidas, entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, la concreción de mejores y más efectivas garantías de protección ante la escalada de persecución, violencia y asesinatos de personas en la ciudad de Santiago de Cali, Capital del Departamento del Valle, Colombia, expresa su más enérgico repudio y una vez más reitera su condena a estos lamentables episodios.
1. La coyuntura COVID19 detuvo la protesta social que se venía desarrollando desde el año 2019 y profundizó la desigualdad e inequidad social, la pobreza, el desempleo y la precarización golpeando a sectores más vulnerables de la población, las mujeres, la juventud, las y los trabajadores informales. El 42% de los colombianos están en pobreza y 1,5 millones de personas quedaron por debajo de línea de pobreza, perdiéndose más de 2 millones de empleos 1
2. El Gobierno no aprobó la renta básica, no protegió el empleo, la vacunación adolece de fallas protuberantes, el sistema de salud no fue fortalecido, por el contrario, con medidas gubernamentales entregó los recursos del Estado al sector financiero nacional e internacional, a los grupos económicos y presentó al Congreso de la República una reforma tributaria que precariza aún más la vida de los colombianos y una reforma a la salud donde fortalece la intermediación y la privatización
3. Por convocatoria de diferentes organizaciones de trabajadores, profesionales, docentes, grupos LGTBT, pueblos originarios, y otras formas organizativas populares desde el 28 de abril, cientos de miles de hombres y mujeres, a lo largo y ancho del país se han tomado las calles y carreteras en ciudades y municipios bajo el llamamiento “por la vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo económico de Duque y la reforma tributaria.
4. El gobierno ha reprimido la legitima protesta social consagrada en la Constitución Política de Colombia (artículos 37 y 56) que garantiza a toda parte del pueblo reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, sin que pueda ser limitado en los estados de excepción.
5. De otra parte, el Gobierno del Presidente Duque desconoce la providencia de la Corte Suprema de Justicia que tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en especial, del ESMAD, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional”, porque, para la Corte “las actuaciones de la fuerza pública, representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse …”2
6. La actuación gubernamental atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que otorga a todas las personas el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica; contradice el Pacto de San José sobre Derechos Humanos (1969), donde se consagra que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y el derecho de reunión pacífica (artículos 1 y 15) ; desconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (diciembre 2019), que ordena a los Estados actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas.
7. Según la organización Defender la Libertad, hasta el día de hoy, 30 de abril hay 105 personas heridas por el accionar de la Policía Nacional, en particular el ESMAD; 26 personas defensoras de derechos humanos han sido agredidas físicamente por la Policía; 4 personas han sido víctimas de homicidio3 presuntamente por el accionar de la Policía. Asimismo, está por establecerse la relación con las jornadas de protesta de 7 homicidios reportados en las últimas horas en Cali, 286 personas detenidas, en su mayoría bajo procedimientos arbitrarios, contrariando las disposiciones del Código de Policía y sometidas a torturas y otros tratos crueles; 8 allanamientos, los cuales fueron declarados ilegales, al igual que las capturas asociadas.4
8. Diferentes5 Senadores6 y Representantes a la Cámara, Diputados y Concejales vienen denunciando el uso desproporcionado de la fuerza policial. El Senador Gustavo Bolívar proclama: “Este es un llamado angustioso a la prensa internacional, a las ONGs internacionales, a la comunidad internacional en general, a las embajadas, por favor, denuncien que en Colombia está en curso una masacre, contra nuestros jóvenes, contra nuestros manifestantes…”7
9. El exmandatario y jefe del partido de Gobierno, Centro Democrático, Alvaro Uribe da la orden alas fuerzas militares y policiales a reprimir a sangre y fuego a los manifestantes (a quienes los denomina terroristas vandálicos) a través del su twit personal que decía: "Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico". La compañía de la red social frente a este llamamiento a la violencia indicó "para prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia, hemos pedido al dueño de la cuenta que elimine el tuit".8
En consecuencia,
LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS – AAJ RAMA COLOMBIA
1. Condena y expresa su más enérgico repudio a la persecución, violencia y asesinatos de personas en la ciudad de Santiago de Cali, Capital del Departamento del Valle, Colombia y a la orden del Expresidente de la Republica, Alvaro Uribe Vélez.
2. Insta al Gobierno Nacional a cumplir el mandato constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia, particularmente de los manifestantes para lo cual exigimos al Señor Presidente de Colombia, Iván Duque, al señor Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al Señor Ministro de Defensa, Diego Molano, al Señor Director de la Policía Nacional, General Jorge Vargas y al Señor General Luis Fernando Navarro, Comandante de las FFMM, a detener de inmediato la violencia contra el pueblo colombiano, cesar todo tipo de agresiones contra la población civil así como detenciones ilegales, sin que medie orden judicial, garantizar la realización de la movilización y la protesta social consagrada en la Constitución Política de Colombia sin perturbación alguna por parte de la fuerza pública
3. Solicita al señor Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, actuar para garantizar la integridad física de todos los manifestantes, a la Señora Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, abrir las investigaciones disciplinarias a todos los agentes del Estado comprometidos con la violación de los Derechos Humanos y a sus defensores.
4. Pide al poder judicial investigar y establecer la responsabilidad de los agentes de la Fuerza Pública involucrados en las muertes, lesiones físicas y demás graves violaciones a los derechos humanos.
5. Solicita a los organismos nacionales e internacionales responsables de la defensa de derechos humanos a investigar y a denunciar a los responsables de los hechos y asesinatos conforme a derecho.
6. Rechaza los actos vandálicos, externos al movimiento, de quienes pretenden desdibujar y confundir la legal, justa y pacífica protesta social.
7. Apoya la justa lucha del pueblo colombiano que solicita el retiro de la nefasta reforma tributaria y demás proyectos que atentan contra los derechos fundamentales.”
En apoyo a la declaración antes citada, la AAJ:
1. Llama a una campaña internacional para exigir al gobierno de Colombia respetar los derechos humanos del pueblo colombiano. 2. Invita a las organizaciones de juristas y de derechos humanos a pronunciarse en el mismo sentido. 3. Exige del gobierno de Colombia respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y los instrumentos internacionales ratificados por el país en materia de derechos humanos. 4. Llama al Secretario General de la ONU y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a ejercer sus buenos oficios para proteger el respeto y vigencia de los derechos humanos en Colombia.
Vanessa Ramos Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro Secretario General
Beinusz Szmukler , Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
AAJ RAMA COLOMBIA Luis Dussán. Presidente - Linda K. Azcarate Buritica. Secretaria General - Cindy Lorena González Rojas. Tesorera - Carlos Meneses Reyes. Coordinador Colegiatura de Abogados - Armando Palau Aldana. Coordinador de Comunicaciones |