[Nota Editorial: El Post Antillano se complace en presentar esta entrevista a Carlos Iván Gorrín Peralta, uno de los intelectuales de derecho constitucional más importantes de fines del Siglo 20 y principios del Siglo 21.  Luchador consecuente por la justicia y por la independencia de Puerto Rico.]

Carlos Iván Gorrín Peralta es jurista, docente e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico desde 1980, de la que soy egresado (2004). Fue mi profesor, de investigación jurídica y Derecho Constitucional. Gorrín Peralta es egresado del College of Holy Cross (B.A., 1971), de la Universidad de Puerto Rico (J.D., 1974) y de la Harvard University (LL.M., 1985). Don Carlos es un socrático dentro del salón de clases y en la práctica. Tiene a su haber una vida útil dedicada a la política constitucional de su país, Puerto Rico, desde la academia y la vida civil. Es miembro de la Federación Interamericana de Abogadosdesde 1975, entidad que presidió entre el 1994 y el 1995. Gorrín Peralta ha contestado mis preguntas sobre status y descolonización, y todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.

 

1.1 Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – ¿Es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas? ¿Por qué?

1.2 Carlos I. Gorrín Peralta (CIGP, en adelante) – Saludos, Wilkins. Primero, gracias por la oportunidad de compartir contigo algunas ideas sobre la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

“Exigir el fin del colonialismo” parte de la premisa de que la relación es colonial. Todavía hay gente que cree lo contrario porque durante más de medio siglo se promovió en Puerto Rico que en 1952 dejamos de ser una colonia de los Estados Unidos cuando se creó el llamado “estado libre asociado”. Otra gente piensa que seguimos siendo colonia, pero que eso es lo mejor a que podemos aspirar. Por supuesto, los desarrollos de los últimos años han validado la apreciación de quienes desde entonces sentenciaban que el estado libre asociado no es estado, ni es libre, ni es asociado, sino una farsa.

Mediante la Ley 600 de 1950, el Congreso autorizó que Puerto Rico redactara una “constitución”. El historial legislativo de esa ley es claro, según expresiones de Luis Muñoz Marín y Antonio Fernós Isern en vistas públicasante el Congreso, por ponencias del Departamento del Interior y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y por los informes de las comisiones legislativas de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos que recomendaron la aprobación de la medida. El único propósito de la ley era conseguir el consentimiento del pueblo a la relación “territorial” existente desde 1898, cuando los Estados Unidos adquirieron a Puerto Rico como resultado de la guerra hispano-estadounidense. Nos conquistaron por razones económicas y geopolíticas, para que Puerto Rico fuera un buen negocio para intereses económicos estadounidenses y para convertir nuestro país en bastión militar estratégicamente localizado.

Siempre ha sido hora de poner fin al colonialismo. El momento actual es especialmente propicio porque el experimento colonial ha fracasado. Puerto Rico ha dejado de tener el valor estratégico militar que tuvo en el siglo XX. En términos económicos, es una vergüenza que después de 123 años, la colonia está quebrada. El gobierno de los Estados Unidos ha abandonado la narrativa engañosa de que habíamos logrado gobierno propio y dejado de ser un territorio o colonia. En las últimas dos décadas la Casa Blanca, el Congreso y la Corte Suprema de los Estados Unidos han hecho patente que siguen ejerciendo poderes plenarios sobre Puerto Rico al amparo ilícito de la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos. Ahora los que apoyaban el estadolibrismo se han quedado sin el libreto del engaño, aceptan la territorialidad, se resignan a la colonialidad, y se presentan ante el país como los más efectivos mendigos ante el poder imperial al que se someten sin vergüenza.

Preguntas sobre si debe acabar el colonialismo con “reparaciones” por los daños infligidos a nuestro país. Por supuesto que sí, en justicia. Pero no hay que ilusionarse con la idea de que nos envíen un chequecito por varios billones de dólares como indemnización por los dañosinfligidos durante un siglo y cuarto de explotación colonial. Será necesario convencer al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos de que tienen un problema porque la colonia ya no les resulta conveniente y deben proteger sus intereses facilitando la libre determinación de Puerto Rico. Eso requerirá negociaciones para disolver los nudoscoloniales y crear una nueva relación con lazos que promuevan mutuos beneficios. Yo espero que esa nueva relación responda al ejercicio pleno de la soberanía del pueblo por medio de la independencia. Tendrá que haberun tratado que delinee un proceso de transición en que los Estados Unidos se vean precisados a invertir los recursos necesarios para viabilizar una nueva relación mutuamente beneficiosa para ambas repúblicas. Si a eso podemos llamarle “reparación”, así sea.

2.1 WRS – ¿Qué relación si alguna ves entre la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos y las innumerables oportunidades desarrolladas por el Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones estadounidenses exploten a Puerto Rico?

2.2 CIGP – Los propósitos económicos que motivaron la anexión de Puerto Rico a fines de siglo XIX incluían la extracción de materia prima para alimentar la revolución industrial de los Estados Unidos, la creación de un mercado cautivo para la producción de la pujante economía estadounidense, y la inversión de capital excedente de dicha economía en actividad económica que contara con mano de obra muy barata. No había pasado mucho tiempo cuando se percataron de que podían promover la migración de esa mano de obra diestra y barata. Así hubo inicialmente una ola migratoria de boricuas a Hawái para trabajar en la agricultura controlada por intereses estadounidenses. Durante el siglo XX continuaron las olas migratorias para satisfacer la necesidad de mano de obra barata en diversos renglones de la economía. Desde fines de siglo XX también han provocado y hasta incentivado la migración de personas educadas en varios de renglones, con la disponibilidad de ingresos más altos que los que la precaria economía de la colonia puede ofrecer.

Por supuesto, la legislación federal también promovió la inversión de capital estadounidense mediante incentivos contributivos, de conformidad con los propósitos originales, contando con mano de obra más barata que en otros lugares. Esos incentivos se vendieron al pueblo como una gran ventaja de la relación con los Estados Unidos porque esa inversión creaba empleos. Sabemos lo que pasó con esos incentivos contributivos federales a fines del siglo XX. Ahora, los gobiernos colaboracionistas con esos intereses económicos extranjeros promueven que individuos y empresas estadounidenses vengan a Puerto Rico a invertir y enriquecerse mediante incentivos no disponibles a los puertorriqueños emprendedores. Le venden al pueblo el cuento de que están atrayendo capital externo para nuestro beneficio, pero son realmente cómplices de la explotación de nuestro pueblo.

3.1 WRS – ¿Cuál debería ser el rol de la academia y la sociedad civil puertorriqueña dentro de los Estados Unidos en la descolonización de Puerto Rico, si alguno?¿Qué deberían hacer?

3.1 CIGP – Durante gran parte del siglo XX el sistema deeducación y muchas organizaciones de la llamada sociedad civil fueron instrumentos del régimen colonial. “Instrucción pública” y el sistema privado de educación primaria y secundaria fueron instrumentos de americanización y menosprecio de lo nuestro. Recuerdo, por ejemplo, el vergonzoso libro de texto del curso de historia de Puerto Rico durante mi educación secundaria, que perseguía promover la colonialidad en el estudiantado. También recuerdo la teoría del “pacto bilateral” que trataron de inculcarme —infructuosamente— en el curso de derecho constitucional que tomé en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Ricohace 50 años.

Lamentablemente, la educación pública es, salvo contadas excepciones, una vergüenza. En la educación superior, sin embargo, han ocurrido cambios importantes. Muchos académicos hemos logrado desenmascarar al menos parte de los engaños perpetrados contra nuestro pueblo, y nuestro estudiantado tiene acceso a nuevas experiencias formativas. Quizá los resultados de las elecciones pasadas son un reflejo de que la juventud empieza a repudiar los mensajes tradicionales de colonialidad y dependencia inculcados por los partidosque se han turnado en el poder. Eso es quizá el mayor aliciente para que continuemos la ruta de la educación liberadora en contraposición a la estrategia actual de desmantelar la Universidad de Puerto Rico. Por supuesto, también tenemos la obligación de llegar a los círculos académicos de los Estados Unidos, mediante contactos, relaciones con colegas, ponencias en foros académicos y profesionales, y la publicación de trabajos que denuncien el colonialismo y promuevan que las fuerzas progresistas exijan cambios en las políticas públicas de los Estados Unidos.

En la sociedad civil también se han reflejado cambios significativos. Ante la disfuncionalidad gubernamental han proliferado organizaciones no gubernamentales que acometen objetivos importantes en diversidad de renglones sociales y económicos como son laorganización comunitaria, la protección ambiental, las fuentes alternas de energía, la investigación periodística, la agricultura sustentable, los diversos servicios sociales, la salud y salud mental, entre otras actividades. La integración de esos esfuerzos independientes puede facilitar la articulación un nuevo proyecto de país en que la gente se apropie de su destino y su desarrollo.

4.1 WRS – ¿Cómo la Comisionada Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos y los congresistas de origen puertorriqueño podrían ayudar a resolver los problemas económico-sociales creados por la explotación de los Estados Unidos en Puerto Rico?

4.2 CIGP — El cargo de comisionado residente de Puerto Rico y los delegados de otros territorios ante el Congreso son realmente figuras simbólicas de legitimación colonial que le permiten al imperio alegar que escuchan a los habitantes de sus colonias, sin que realmente ostenten poder real. Las personas que han ocupado la comisaría residente históricamente se han dedicado a promover las condiciones políticas que permiten la explotación de nuestro país y provocan los problemas económicos y sociales que sufrimos. Se han regodeado en la ilusión fantasiosa de ser “members of Congress”, prestando sumisa pleitesía a los círculos de poder en Washington, con la esperanza de acumular puntos políticos mediante la promoción de la “unión permanente” y la dependencia de las “transferencias federales”. El mensaje a nuestro pueblo es que hay que mantener contento “al americano” para que nos manden fondos federales, porque si no fuera por ellos nos moriríamos de hambre. Ahora resulta que agonizamos debido al imperante régimen colonial que han promovido.

Lo que deben hacer es utilizar su acceso al Congreso de manera que ese cuerpo ejerza su poder para viabilizar la libre determinación del pueblo de Puerto Rico y la terminación de la relación de subordinación política y dependencia económica. Ha habido algunos congresistas en el pasado y en la actualidad que han intentado seguir esa ruta. Pero desde 1898, el Congreso ha ejercido los poderes plenarios que reclama tener bajo la cláusula territorial de la constitución federal, manteniendo una relación de supeditación política y económica. Han creadola ilusión de un gobierno propio y de beneficios económicos bajo el régimen territorial, aunque siempre sujetos al poder revocatorio de los Estados Unidos.

5.1 WRS – ¿Por qué los movimientos de estadidad no han sido capaces de confrontar al imperialismo estadounidense en Puerto Rico y los Estados Unidos?¿Qué deberían hacer?

5.2 CIGP – Durante al menos siete décadas, los diversos líderes que han promovido la admisión de Puerto Rico como estado eran incapaces de criticar al gobierno de los Estados Unidos. Todo lo americano era bueno. Eran presas de un profundo sentido de inferioridad que solo les permitía asentir sumisamente a lo que dijera el gobierno federal. Como Uncle Tom o Gunda Din, trataban de sugerir que éramos como ellos, y que lo que nos hacíadistintos podía resultar de beneficio para sus intereses. Como aspiraban a parecerse lo más posible al “americano”, no podían atacar su vergonzoso régimen colonial que nos mantenía en una situación de opresión y explotación. Por décadas los estadistas argüían que no éramos colonia, al punto de colaborar entre 1950 y 1952 con la elaboración de la farsa del estado libre asociado, como solución falsa al problema colonial.

Se parecían a los territorialistas (autodenominados “autonomistas”) que también eran presas de la inferioridad, con el agravante de un sentido de impotencia. Enchapaban la sumisión con el concepto del “posibilismo”. Como solo podríamos ser colonia de los Estados Unidos, aspiraban a “sacar algo” que el imperio estuviera dispuesto a dar y que permitiera disfrazar la relación territorial con limitadísimo auto gobierno y mucha dependencia económica.

Es relativamente reciente el discurso estadista que descansa en el carácter colonial de la relación. Las primeras alusiones se manifestaron hace cuatro décadas bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló. Luego Pedro Rosselló se montaría en la cresta de la indignación nacional con los bombardeos inmisericordes en Vieques, sacó pecho y hasta demandó al gobierno federal. El discurso supuestamente anticolonial de algunos estadistas ha aumentado solo durante las últimas dos décadas. La Casa Blanca, el Congreso y la Corte Suprema de los Estados Unidos abandonaron a partir de2005 su retórica de los años 50 y 60. Ahora expresan sin ambages que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Claro, después que “el americano” dijo que somos colonia, los estadistas se atreven a repetirlo. Por otra parte, algo es algo; los territorialistas todavía insisten en lo mismo a pesar de que ya no hay duda. La colonialidad inculcada en algunas personas parece haberse alojado en el tuétano de sus huesos, las fisuras cerebrales y las arrugas de almas atrofiadas por la indoctrinación y el miedo.

6.1 WRS – ¿Qué ha hecho, si algo, la presidencia de los Estados Unidos, y los dos partidos políticos dominantesdentro de los Estados Unidos, el demócrata y el republicano, para mitigar el desastre que ellos y los estadounidenses ayudaron a crear dentro de Puerto Rico?

6.2 CIGP – Absolutamente, nada. Todos los presidentes de los Estados Unidos, desde McKinley hasta Biden han mantenido exactamente la misma política territorial. Solo George Bush, padre, instó al Congreso en 1989 a aprobar legislación que le permitiera al pueblo de Puerto Rico ejercer su derecho de libre determinación. En los dos años siguientes se desarrolló un proceso congresionalprometedor, pero ya sabemos qué pasó. En el Senado, el Partido Republicano —el mismo del presidente— impidió la aprobación de la legislación porque no estaban dispuestos a considerar un proyecto de ley autoejecutable que posibilitara la admisión automática de Puerto Rico como estado. Más recientemente, Barack Obama prometió en el 2009 que en el plazo de cuatro años esperaba que se resolviera el asunto del estatus. Después de sus ocho años y los cuatro de Donald Trump, todavía estamos esperando.

El Congreso ha botado la pelota. No solo ha seguido ejerciendo sus poderes territoriales a gusto y gana, sino que ha aprobado la ley PROMESA, que dio al traste con toda teoría de gobierno propio. La Junta de Control Fiscal puede, bajo esa ley, dejar sin efecto cualquier decisión del gobierno de Puerto Rico que no se ajuste a sus designios, incluso ordenarle a la legislatura que derogue una ley que no le guste.

Y la Corte Suprema, ni se diga. En sus más recientes decisiones ha reiterado lo mismo que viene diciendo desde los Casos Insulares de 1901, hace 120 años: Puerto Rico es un territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Se repite una y otra vez lo mismo. Es casi un mantra, excepto que los mantras son palabras o frases sagradas, mientras que estas son sacrílegas porque representan la negación de los valores más elevados del constitucionalismo moderno, basado en el principio de que el único gobierno legítimo es el que cuenta con el consentimiento de los gobernados.

7.1 WRS – ¿Cuál sería la forma de que los puertorriqueños rompan con este ciclo de abuso del colonialismo estadounidense dentro de Puerto Rico?

7.2 CIGP – El doctor Ramón Emeterio Betances se preguntaba hace más de un siglo: “¿Qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan?” Pues eso debemos hacer: rebelarnos. Y eso se puede hacer de formas diversas. Todas ellas deben ir dirigidas a convencer al gobierno de los Estados Unidos que es un problema que deben resolver para responder a sus intereses nacionales. Llegaron aquí por razones geopolíticas y económicas. El mundo ha cambiado mucho. Ya Puerto Rico no representa el valor estratégico y militar que tuvo durante gran parte del siglo XX. La guerra fría se terminó. Los valores de la comunidad internacional han cambiado radicalmente. El colonialismo es un anacronismo en el mundo entero, repudiado por el derecho internacional a partir de mediados del siglo XX. Los mismos Estados Unidos han suscrito el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, cuyo artículo 1 reconoce el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y obliga a los estados parte a respetar y promover el ejercicio de dicho derecho colectivo de los pueblos. Por haber suscrito dicho tratado, este forma parte del “supreme law of the land”, según la Constitución de los Estados Unidos.

En términos económicos, no hay que mirar muy lejos para ver que la colonia está quebrada como consecuencia de la territorialidad, que impide el verdadero desarrollo económico, y por la irresponsabilidad de los gobiernos que se han turnado en el poder durante décadas, obligándonos con una deuda pública impagable para dar la impresión de que hacían obra de gobierno. La quiebra de Puerto Rico es la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos. Aunque las empresas estadounidenses sacan ganancias astronómicas del trabajo de la fuerza laboral en sus empresas, el gobierno está cada vez más impedido de responder a nuestras necesidades.

Hay que presionar a Washington para que disponga del territorio y nos permita ejercer la libre determinación. Y acá hay que responsabilizar a los que no han sido capaces de sacarnos del colonialismo y nos han conducido irresponsablemente a la quiebra y al gobierno disfuncional. El fenómeno de las elecciones de 2020 son un buen primer indicio de que el país comienza a rechazar el bipartidismo que nos ha llevado a donde estamos. Hay que incrementar los esfuerzos para lograr un verdadero cambio.

8.1 WRS – Dos congresistas de origen puertorriqueño, Alexandría Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez, acaban de presentar un proyecto de ley para la descolonización de Puerto Rico. ¿Qué le falta a ese proyecto de ley? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de ley? ¿Por qué Ocasio-Cortez y Velázquez merecen algo mejor?

8.2 CIGP – El proyecto de ley federal propuesto como H.R. 2070 por las representantes Nydia Velázquez yAlexandria Ocasio-Cortez en el Congreso es un buenesfuerzo para atender y resolver el complicado problema colonial que tienen los Estados Unidos en su relación con Puerto Rico. Varios aspectos del proyecto son especialmente significativos. Primero, reconoce que los Estados Unidos tienen una obligación legal que tienen que cumplir en virtud del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos, el cual dispone que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación para determinar libremente su estatus político y buscar su desarrollo económico, social y cultural.

En virtud de ese derecho, el proyecto reconoce que el pueblo de Puerto Rico, mediante su Asamblea Legislativa, puede ejercer su autoridad inherente como pueblo para convocar una “convención de estatus” que podrá elaborar alternativas de estatus no sujetas a los poderes territoriales del Congreso de los Estados Unidos, así como el plan de transición que requiera cada una de ellas. De esta manera el proyecto contempla el ejercicio del poder que le delega la cláusula territorial: “El Congreso tendrá poder para disponer de y hacer todas las reglas y reglamentos necesarios respecto al territorio…” No sería la primera vez que hiciera esto. Lo ha hecho treinta y ocho veces, al disponer de treinta y siete territorios para admitirlos como estados, y al renunciar a sus poderes territoriales para reconocer la independencia de las Islas Filipinas.

El proyecto también crearía una comisión bilateral del Congreso que trabajaría paralelamente con la Convención, reuniéndose periódicamente para discutir sus respectivos estudios y recomendaciones. La idea es contar con un proceso de conversaciones entre los representantes del Congreso y de la Convención paradesarrollar las diversas alternativas de estatus y afinar los procesos de transición de cada una considerando los intereses y aspiraciones tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos. Las opciones así definidas serían luego sometidas al pueblo para decisión luego de una campaña de orientación sobre las implicaciones de cada opción. Los resultados de dicho referéndum entonces irían al Congreso, que consideraría la propuesta aprobada por el pueblo, y podría aprobarla mediante resolución conjunta.

Los aspectos técnicos de este proyecto pueden afinarseen el proceso legislativo. Sin embargo, es preocupante el análisis que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a petición del representante Raúl Grijalva, presidente de la comisión cameral que está considerando el proyecto. Como dije antes, todos los presidentes han reiterado la misma política territorial durante ciento veintitrés años. Joe Biden no es la excepción. Su Departamento de Justicia ha indicado que la alternativa territorial debe incluirse junto a las opciones de estadidad e independencia. Entiende que la independencia incluye la independencia plena y la libre asociación, lo cual no es jurídicamente correcto. Señala además que la territorialidad sería constitucionalmente válida y debe considerarse como una de las opciones que se le presenten al pueblo. No hay referencia alguna a la obligación legal de respetar la libre determinación en virtud de un tratado internacional vinculante, como instrumento esencial de descolonización que sería el objetivo final.

¿Cómo se puede lograr el objetivo de descolonización incluyendo la opción colonial? Insiste en que el pueblo puede prestar su consentimiento como solución al problema colonial. Insistir en lo mismo que hicieron en 1952 es producto improbable de la ignorancia, y probablemente el designio de esta administración de promover la misma política imperial de hace más de cien años. La colonia sigue siendo legítima para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el mismo tenor, el informe de “inJusticia” niega que la Asamblea Legislativa tenga una autoridad inherente para convocar la convención de estatus, porque la autoridad soberana no radica en Puerto Rico ni en su único cuerpo representativo, sino en el Congreso, que es la fuente de soberanía. Si este informe recoge la política pública de la administración Biden, estamos ante idéntica situación de un gobierno hipócrita que de la boca para afuera dice estar preocupado por el bienestar de Puerto Rico, pero por la espalda no solo promueve la continuación del régimen colonial, sino que quiere convencer al Congreso de que no ejerza el poder constitucional que tiene de “disponer del territorio”.

9.1 WRS – Jenniffer González representa a Puerto Rico dentro de los Estados Unidos. Tiene reconocido dentro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el poder de presentar legislación. Ha estado moviendo un proyecto de anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. ¿Qué le falta a ese proyecto de ley? ¿Qué defectos le ves a ese proyecto de ley? ¿Por qué González merece algo mejor?

9.2 CIGP – El proyecto H.R. 1522, de la autoría del representante Darren Soto de Florida, la actual comisionada residente de Puerto Rico y otros coautores,se titula “A BILL To provide for the admission of the State of Puerto Rico into the Union”. Es decir, pretende que el Congreso admita a Puerto Rico como estado mediante proclama presidencial luego de un referéndum de estadidad Sí o No. A la pregunta de qué le falta a ese proyecto, la respuesta corta es que le falta algún vínculocon la historia y con la realidad.

Los treinta y siete estados que se añadieron a los trece originales siguieron un patrón muy parecido. Desde el momento de su anexión como territorios se tomó la decisión de que serían parte de la nación a perpetuidad, eventualmente destinados a convertirse en estados cuando se dieran las condiciones propicias y fuera en beneficio de la nación. En consecuencia, desde la anexión inicial sus habitantes fueron ciudadanos de los Estados Unidos.

En Puerto Rico ocurrió algo muy distinto. El Tratado de París no hace mención alguna de que Puerto Rico fuera parte de los Estados Unidos, ni que se convertiría en estado, ni que sus habitantes serían ciudadanos. Por esa razón, desde entonces se ha distinguido entre los territorios incorporados que desde su anexión eran parte de los Estados Unidos, destinados a ser estados y con ciudadanía desde la anexión, y los territorios no incorporados como Puerto Rico, que no serían parte de los Estados Unidos, ni se les extendió la ciudadanía, ni había planes de admisión eventual.

En muchos procesos de admisión, algunos de los cuales tomaron hasta noventa años como es el caso de Alaska, hubo dos etapas en el Congreso. Primero se aprobó una “ley habilitadora” que iniciaba un proceso que culminaríacon otra “ley de admisión” luego que se cumplieran las condiciones impuestas por la primera. Algunas de las condiciones eran especiales, como, por ejemplo, requerir para estados de poblaciones que hablaban otros idiomas (Luisiana, Oklahoma, Arizona, Nuevo México) que tanto los procesos gubernamentales y legislativos, así como la educación pública tendrían que conducirse en inglés. En todos los procesos el Congreso consideró unos criterios políticos uniformes: que una mayoría clara de la población entendiera que ya era tiempo de integrarse como estados, que la población hubiera internalizado los valores y procesos políticos de los Estados Unidos, y que el territorio contara con suficientes recursos económicos para sostener su propio gobierno y hacer su aportación al tesoro nacional.

El proyecto H.R. 1522 ignora la historia y la realidad política, cultural, social y económica. Invoca una supuesta mayoría de la población de Puerto Rico a favor de la admisión de Puerto Rico como estado con los cuestionables resultados de los plebiscitos de 2012, 2017 y 2020. Pasa por alto que muy poca gente en Puerto Rico comprende cómo funciona el gobierno y el proceso electoral de los Estados Unidos. Y obvia por completo la crisis económica estructural de Puerto Rico frente al hecho que los Estados Unidos nunca ha admitido a un nuevo estado si no se demuestra primero que conviene económicamente a los Estados Unidos. Por el contrario, la estadidad se vende en Puerto Rico con que los Estados Unidos aumentarían sus transferencias a Puerto Rico, es decir, que les saldríamos más caros que ahora.

A pesar de este trasfondo histórico, el proyecto pretende que el Congreso autorice la admisión de un territorio muy pobre, culturalmente distinto, poblado por un pueblo latinoamericano y caribeño que en su mayoría no habla inglés, a base de una mayoría exigua en plebiscitos de baja participación electoral. Y persigue que la admisión ocurra mediante proclama presidencial a base de los resultados de una mera mayoría simple, negándole alCongreso la última palabra de ejercer el poder que le delega la Constitución de admitir estados cuando entienda que la admisión responde a los intereses de los Estados Unidos.

El proyecto es una quimera. O quizá es solo un intento calculado de provocar la discusión del tema, a sabiendas de que no se va a lograr, con el único fin de fortalecer el apoyo político de un electorado que simpatiza con la imagen fantasiosa que le han dibujado en su mente sobrela bonanza ilusoria de la estadidad.