Buenas noches.

Agradecido y honrado por la oportunidad de presentar el libro del colega y amigo Alejandro Torres Rivera titulado La asamblea constitucional de estatus: Alternativa para la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, publicada recientemente por la Editorial Tiempo Nuevo. Particularmente feliz de hacerlo en este bastión honroso de la sociedad civil puertorriqueña que es este Colegio de Abogados y Abogadas. Este Colegio representa una expresión libre que ayuda a darle presencia a muchos sectores que no tienen accesos efectivos para hacer valer su propia voz. Ha luchado duro por preservar su acercamiento crítico y solidario con las causas de la descolonización y la justicia social.

El libro que hoy les presento refleja la labor consecuente de Alejandro por cerca de 28 años de colaboración y liderato en la Comisión de Desarrollo Constitucional de este Colegio. Además Alejandro es colega de la

Universidad de Puerto Rico como recurso valioso del Instituto de Relaciones

Laborales (IRT) de nuestro Recinto de Río Piedras.

Luego de conversar, y a veces conspirar, con mi señor padre, licenciado Noel Colón Martínez, por varias décadas sobre el tema que nos ocupa hoy, este ejercicio me resulta, al mismo tiempo, retador e intimidante.

Ante el hecho de no tenerlo hoy físicamente para sopesar todo esto, digo como el poeta cubano Nicolás Guillén:

Llena todo tu espíritu de lumbre; busca el empinamiento de la cumbre, y si el sostén nudoso de tu báculo encuentra algún obstáculo a tu intento, ¡sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo!

Aquí va mi atrevimiento.

Una aportación significativa

El libro La asamblea constitucional de estatus es una aportación significativa y es lectura obligada para todo aquel o aquella interesada en el tema de la descolonización plena de Puerto Rico. No solo contiene un amplio catálogo de los esfuerzos a través del tiempo en esa dirección de la constituyente en el legislativo de Puerto Rico, sino que pone al día la discusión del tema del estatus en el Congreso de Estados Unidos. Lo incorporaré como texto al curso que enseño sobre el tema en la Universidad de Puerto Rico ya que contiene elementos esenciales del análisis y documentación del tema. El libro pone al día de los esfuerzos, tanto en Puerto Rico como en Washington DC, en cuanto a consensos procesales en materia del llamado estatus. Es un texto minucioso con un nivel de detalle que solo es posible alcanzar por aquellos que han sido, al mismo tiempo, partícipes y testigos de procesos en donde se han intentado rutas diversas para lograr coaligar un esfuerzo fuera de los límites de la territorialidad colonial. Ese es el caso de Alejandro Torres Rivera. En ocasiones se analizan temas y procesos relevantes de forma rápida y breve porque se trata de una historia larga, pero eso lo convierte en buen punto de partida para fomentar la investigación ulterior. Es un libro que invita a seguir leyendo e investigando.

Se  traza aquí la historia de la idea de juntar la voluntad  nacional de Puerto Rico desde el momento mismo de la invasión militar de 1898. Analiza los primeros esfuerzos y esbozos de Eugenio María de Hostos contra la estrategia de considerar nuestro archipiélago como mero objeto del tráfico imperial dictado en el Tratado de Paris. Presenta de forma minuciosa de intentos fallidos por agrupar la voluntad puertorriqueña en un sistema institucional que le diera cauce entonces a la descolonización. Compara diversas visiones de las asambleas constitucionales, incluyendo aportaciones de Eugenio María de Hostos, José de Diego, Luis Muñoz Marín y  la visión albizuista de una asamblea para declarar la soberanía política como país independiente, entre otras.

En el libro de Torres Rivera se postula, por primera vez, que se deben definir y establecer mecanismos para viabilizar la participación de la llamada diáspora puertorriqueña en el proceso deliberativo de la Constituyente. Este es un elemento significativo a tomar en cuenta según se va adaptando la constituyente a nuevos retos poblacionales y sociológicos. De hecho, sería bueno considerar medidas para una integración mayor de cierto liderato de la diáspora en la propia deliberación de la Comisión de Desarrollo Constitucional del Colegio.

Promover la celebración de  una asamblea constitucional especial de estatus no es una tarea modesta sino, en cierto modo quijotesca. Requiere una convicción firme de que la adquisición de la soberanía política  es una idea tan poderosa que podrá prevalecer frente al entramado de fuerzas y trabas en el contexto particular de una colonia moderna de un imperio fuerte, poderoso y arrogante. Ahora que vemos con espanto la crueldad extrema del gobierno de Benjamin Netanyahu, y sus socios, contra el derecho de los palestinos a su autodeterminación nacional, nos percatamos, sin embargo, de las limitaciones de un ordenamiento internacional incapaz de evitar esfuerzos con ribetes genocidas en pleno siglo XXI. La guerra de Ucrania también aporta su cuota de escepticismo ante los reclamos de autodeterminación en un mundo desbordado por consideraciones geopolíticas y militares. No son tiempos celebratorios de los derechos humanos estos que nos toca vivir a mediados de la tercera década del siglo XXI. El derecho a la autodeterminación política, parte importante de la llamada tercera generación de los derechos humanos, no escapa a este declive en la calidad de una  convivencia internacional pacífica y, como mínimo, menos desigual y donde no se siga abriendo la brecha entre países ricos y pobres.

Deseo aprovechar esta  oportunidad de presentar este libro sobre la constituyente puertorriqueña para destacar una paradoja: este siglo XXI ha sido testigo de una acción unilateral sin precedentes en materia de estatus de parte del sector que interesa la anexión de Puerto Rico como estado de la unión federal. Ésta, como se sabe, es la más definitiva de las decisiones relativas al llamado estatus ya que la vía hacia la estadidad no tiene vuelta atrás. El federalismo estadounidense, como se sabe, se ha mostrado completa y violentamente hostil a la secesión de los estados. Mientras existe una conversación de colaboración inter elite para llegar a entendidos de una resolución consensuada de los conflictos políticos, en la práctica lo que prevalece es una práctica política partidista de silenciar las minorías mediante el mollero político.

Aquí hay planteada una incongruencia que vale la pena subrayar: a medida que la idea de un esfuerzo colaborativo de asamblea constitucional se abre paso, en la práctica se ejerce cada vez más la acción unilateral partidista. Irónicamente estamos frente a una forma curiosa de  la “tiranía de la mayoría” por una facción partidista. Si ello sigue siendo así, surgirá inevitablemente una confrontación necesaria y útil entre esas dos formas opuestas de conducir el proceso de cambio de estatus.  Ahora  mismo, un solo partido político, el Partido Nuevo Progresista (PNP), desea imponer, y probablemente imponga, una ruta plebiscitaria al resto de la clase política y de la población votante. Ese es solo otro síntoma de la paradoja: retórica de colaboración frente a la acción partidista unilateral.

Una ruta consensuada, democrática y pacífica

El texto, como se imaginan, trata sobre la voluntad inacabada de superar obstáculos sustantivos y procesales para lograr una ruta consensuada, democrática y pacífica que dé paso a la descolonización de

Puerto Rico. ¡Poca cosa! La descolonización moderna ocurrida en los siglos XIX y XX tendió a ser un proceso violento de confrontación dirigido a arrebatarle, por la fuerza, el control político a distintas metrópolis en todo el mundo. De acuerdo al historiador estadounidense Raymund  Betts se trató, en general, de un proceso descolonizador binario que incluyó prominentemente lo militar y lo diplomático (Betts, 2012).

La pugna por la descolonización generalmente violenta concluyó en la década de los sesentas a nivel mundial. Puerto Rico y Cuba fueron dos Islas que escaparon a ese signo de la modernidad liberal a fines del siglo XIX y comienzos del XX en nuestro contexto regional. Eventualmente la acción revolucionaria armada llevó a Cuba en la ruta de la confrontación directa con el gobierno de Estados Unidos y a una relación tensa que pervive tras el fin de la Guerra Fría. Ni la lucha frontal de Cuba, ni el intento de negociación pragmática de Puerto Rico, han producido el tipo de relación de amistad con Estados Unidos que ambos pueblos buscamos. Es difícil de complacer al socio del norte y mucho más forzarlo a cambiar de ruta. Dejar de seguir considerando opciones que nos saquen de la quiebra, la desigualdad y el estancamiento del modelo territorial vigente, sin embargo, no es opción. En ello el Colegio de Abogados y Abogadas ha sido consistente en la promoción de una acción jurídica y política  que pueda generar en su momento una acción concertada y efectiva. Por eso el Colegio ha insistido en una estrategia de inclusión de las principales tendencias de estatus en la Isla en el proceso de toma de decisiones de consenso.

La descolonización aplazada

Interesantemente todos los territorios sujetos a controles coloniales en el mundo contemporáneo son islas que, al mismo tiempo, siguen siendo relevantes en el tablero geopolítico internacional. Por la terca presencia de este colonialismo isleño la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó la resolución 75/123 por la que se declarara el período 2021-2030 como el Cuarto Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo.

Recientemente la revista jurídica de la Universidad de Harvard favoreció que Puerto Rico regrese, junto a las demás islas, a la lista de países dependientes de la cual fue removida por la Resolución 748 de 1953. Si ello ocurriera Estados Unidos tendría que regresar a radicar informes sobre sus responsabilidades fiduciarias de éste, su mayor territorio sujeto a controles coloniales y modernos. Como anticipó hace varias décadas la investigadora y profesora puertorriqueña Carmen Gautier Mayoral ese legado colonial caribeño iba a ser muy difícil de finiquitar (Gautier Mayoral, 1992). Desde la década de los noventas fue pionera en anticipar las dificultades de lograr procesos de descolonización en territorios altamente subsidiados con relaciones especiales con sus respectivas metrópolis.

Que Puerto Rico regrese a la lista de países coloniales es algo de lo que no se conversa en Puerto Rico y tampoco es tema objeto del libro que nos ocupa. Me imagino que nos avergüenza, a unos más que a otros, esa posibilidad. La revista estadounidense lo expone como una especie de intento de abochornar a Estados Unidos por su trayectoria de afianzar más el colonialismo con la reciente legislación de PROMESA, que enmienda la Constitución del ELA de forma unilateral. En el libro no se considera esta propuesta pero sí se contiene el reclamo para que la ONU atienda el caso de Puerto Rico en su asamblea general. En el libro de Alejandro Torres presentado, con una base legal importante, se sugiere que se obligue a

Estados Unidos a cumplir con las disposiciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Senado de Estados Unidos en el 1992, que contiene el principio del gobierno propio como un derecho fundamental. Los tribunales federales de Estados Unidos han sido consistentes, sin embargo, en su defensa del régimen territorial y se han negado a la aplicación del Pacto en el caso de Puerto Rico. (Igartua v US, 2000, Igartua v US, 2011). Si se quiere el voto presidencial los puertorriqueños tienen 50 estados para escoger y trasladarse, ha dicho el Gobierno federal en comparecencias en foros internacionales de derechos humanos.

Al puro filo de los límites legales y una clase política indecisa

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha sido un punto de encuentro donde por varias décadas se ha intentado promover la descolonización mediante un mecanismo avalado por los procesos de participación política establecidos al puro filo de los límites legales del territorio colonial. Este libro es la mejor evidencia de los esfuerzos, no exentos de controversia política y legal, de considerar varias opciones de estatus como opciones válidas en el contexto puertorriqueño. Tal es el caso de las opciones de estadidad, independencia y libre asociación.

Como el proceso del 1952 le amputó a Puerto Rico su capacidad de utilizar las enmiendas a su constitucion del ELA como mecanismo para completar la descolonización iniciada, el Colegio se inventó un mecanismo especial mediante el cual se les transferiría provisionalmente la soberanía nacional a Puerto Rico  para gestionar su salida del régimen colonial. Por eso se le ha llamado de distintas formas a este medio procesal pero siempre distinguiéndolo del proceso de enmiendas que dispone la propia constitución del ELA. En su argumento de que la Constituyente de la Constitución del ELA podía ser un mecanismo adecuado para realizar cambios significativos sobre el llamado estatus el ex Gobernador Rafael Hernández Colón no pudo convencer a casi nadie.

El PNP como nuevo protagonista en un marco unilateral

Pero ha sido cuesta arriba convencer a la clase política de que adopte este mecanismo o cualquier otro que incluya una negociación política con las demás fuerzas políticas. Al contrario, los eventos durante el siglo XXI han premiado la acción unilateral del nuevo partido dominante del sistema político puertorriqueño: el Partido Nuevo Progresista. A fines del siglo XX respaldó la eliminación de la Sección 936 que colaboró en privar al ELA de su mecanismo principal de atracción de capital y estabilidad financiera. Al el Congreso golpear la base manufacturera del ELA se crearon condiciones para la quiebra fiscal y el aumento en la dependencia de fondos federales. Luego también el PNP, de forma unilateral, enmendó el Código Electoral y adoptó los nuevos cambios a sus operaciones electorales antes de que esto le fuera posible a sus contrincantes.

La forma relativamente  atropellada en que ocurrió esa transición post 936 y la falta de mecanismos de compensación son atribuibles solo en parte al PNP, pero su cuota de responsabilidad es real. Lo logrado en el aspecto económico tuvo su correlación en lo político. Este partido logró, también de forma unilateral, aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo a nueve y que ese tribunal cambiara las reglas de juego de la competencia electoral de estatus. Se eliminó jurisprudencialmente el voto por “ninguna de las anteriores” victorioso mayoritariamente en el plebiscito de 1998 (Suarez, 2009). El control firme del Tribunal Supremo le otorgó al PNP un control sobre la rama judicial de largo alcance que ha probado ser importante en la declaración de ese tribunal de que lograr la estadidad es la política pública del gobierno de Puerto Rico. Se han validado estrategias de nombramientos de delegaciones pro estadidad al Congreso de dudosa base constitucional. Desde luego todo ello ha sido avalado en parte por mandatos electorales

pero algunas de las medidas exceden cualquier noción razonable de mandato electoral.

El PNP también ha tenido relativo éxito adelantando su agenda de estadidad sin apoyo de las demás fuerzas políticas. Un pronunciamiento significativo del Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que la política pública del Gobierno de Puerto Rico es adelantar la estadidad. Ello le otorgó a la asamblea legislativa de Puerto Rico amplia autoridad para instrumentar ese mandato (Aponte v. Comisión Estatal de Elecciones, 2020). Este partido ha favorecido y se ha beneficiado de que Comités de Acción Política desde

Estados Unidos logren un apoyo financiero a la estadidad nunca antes visto.

Cuenta el PNP también en este momento con sectores importantes del Partido Demócrata de Estados Unidos como una especie de socio en la estrategia de aparentar que existe un amplio apoyo a la estadidad. En el 2020, por primera vez, los favorecedores de la estadidad lograron una mayoría electoral para esa opción. En la realización de esta agenda el PNP no se ha visto necesitado ni inclinado a actuar en consulta con las demás fuerzas políticas de Puerto Rico.

La líder actual del PNP, Jennifer Gonzalez, favorece ahora el mecanismo de un plebiscito en el 2024. Es una estrategia de utilizar el estatus como forma de movilización electoral que no es nueva.  El PNP sostiene que la solución del problema del estatus es uno relativo a los derechos de los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico. No es un problema de autodeterminación nacional regulado por el derecho internacional sino de los efectos nocivos de una “ciudadanía de segunda clase” al interior de Estados Unidos.  De ese argumento ya convenció a un sector del Partido Demócrata de Estados Unidos. No lo ha logrado aun con el Partido Republicano de Estados Unidos y por eso, en parte, el “juego de estatus en Washington” está trancado.

La práctica de caminar de forma exclusiva en temas de estatus le ha rendido frutos partidistas al partido mayoritario de Puerto Rico. Han logrado ganar elecciones regularmente proyectando la búsqueda de la estadidad como objetivo central y una victoria relevante al lograr un rechazo del régimen territorial en el 2012. El PNP está unido en esta visión sobre el estatus aunque esté muy fraccionado en otros temas. En estas condiciones resulta muy difícil convencer al PNP de entrar en un proceso de conciliación multipartidista. Solo lo han hecho cuando lo han requerido para adelantar legislación que los beneficiaba como es el Proyecto HR 8393 en la Cámara de Representantes Federal que ahora utilizan como bandera de propaganda política en las elecciones de 2024.

El PPD jugando en equipo

El candidato a Gobernador del PPD ha catalogado recientemente la asamblea constitucional de estatus como la “asamblea independentista”. El PPD se muestra hoy más contento con el ELA como una forma de estadidad posible: ciudadanía de Estados Unidos, fondos federales sin pago de impuestos federales sobre ingresos y representación olímpica soberana.  Su desinterés en moverse hacia una descolonización lo hace parte de una combinación que, en su efecto práctico, crea un polo fuerte de inmovilismo en temas del estatus. El PPD por puro pragmatismo y el PNP porque sigue pendiente de “ese día” en que se abran las puertas de la famosa igualdad caminan en una ruta parecida. Mientras tanto son ambos celosos guardianes bipartidistas de la dependencia colonial.

La alianza

En tal contexto se ha creado un polo que favorece la descolonización consensuada mediante un tipo de asamblea constitucional de estatus parecido pero diferenciado de aquel defendido por el Colegio de Abogados. El PIP propone obtener un voto para iniciar un cabildeo para tantear las aguas en el escenario imperial. Se intuye que las dudas imperiales pueden producir ofertas que hasta ahora no están sobre la mesa. Con dudas imperiales me refiero a la falta de consenso dentro de la intelectualidad estadounidense sobre el asunto de hacia dónde “timonear” a los electores puertorriqueños (Colón Morera, 2010).

La propuesta de la Alianza tiene la virtud de que promueve dos carriles de participación electoral: uno para intentar elegir una administración gubernamental eficiente, creativa y honesta.  Y otro  para ir adelantando la descolonización de una forma inclusiva y democrática. Ya veremos cómo responde el electorado a esta invitación de este polo que se niega al inmovilismo. “El objetivo es que el Congreso tenga que responder sobre la viabilidad, responsabilidades, consecuencias y la transición de cada una de las opciones” ha dicho Juan Dalmau, portavoz de la Alianza.

Tal y como se analiza en el libro que nos ocupa, la propuesta esbozada por el candidato a Gobernador del PIP enfatiza la posibilidad de una negociación de las fórmulas descolonizadoras como paso previo a la adopción de una fórmula de estatus de consenso. En la implantación de esta propuesta parecerían dominar los partidos políticos que representan las fórmulas tradicionales con la excepción de la libre asociación que no es defendida en Puerto Rico por ningún partido político. Pero, como diría mi padre, “la política odia el vacío”.

Una nueva realidad

La apuesta del PNP de continuar en la ruta de los plebiscitos tipo concurso de belleza puede no ser una estrategia efectiva en este ciclo electoral. Si todas las fuerzas políticas se niegan a darle legitimidad a este nuevo intento de convertir las elecciones en un plebiscito puede que se reduzca el número de votantes favoreciendo la estadidad y un grupo mayor dejando las papeletas en blanco o dañadas.

Ante todo este cuadro, este podría ser el momento para volver a la mesa de diseño y mirar de nuevo la propuesta de asamblea constitucional como un todo. Se me ocurre que un ciclo de vistas públicas podría insuflarle nueva vida a una forma de transformar el estatus que ha sido descartada en función de las urgencias partidistas de aquí y de allá. La posibilidad de continuar con la acción unilateral partidista imponiéndose plantea escenarios de polarización llenos de desafíos. En ese contexto quedan de lado reclamos urgentes de mayor equidad y calidad de vida.

Algunos de los puntos a considerar deben de incluir cómo se desarrolló un modelo de desarrollo económico que no esté montado principalmente, como lo es hoy, en la existencia del estado benefactor federal. Aquí parece que un esfuerzo interseccional e interdisciplinario se impone. Valdría explorar aquí recursos de economistas, planificadores, expertos en temas financieros, agrícolas, etc, que ayuden a visualizar esa transición  hacia una mayor autosuficiencia que converse con el discurso mayormente legalista de la propia constituyente. Seguir insistiendo en fórmulas  de estatus al margen de una creciente dependencia de la población solo beneficia al inmovilismo y la pobreza.

En el proceso, ni en Puerto Rico ni en el Congreso, se debe de apoyar esfuerzos de plebiscitos que sólo van a confirmar la dependencia económica y una asimetría política  ajena a toda noción justa de autodeterminación nacional.

Hace un tiempo el poeta Benedetti nos aconsejó bien: “Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere”. El contexto del poema era la resistencia a la tortura en el poema Hombre preso que mira a su hijo, el principio que defiende, sin embargo, es tan universal como la aspiración al respeto de la dignidad humana. En el futuro el Colegio debe oponerse a iniciativas de estatus que no representen un consenso procesal entre las fuerzas interesadas en una salida pacífica y consensuada al estatus político. Insistir en el proyecto de asamblea constitucional favorecido por las representantes Nydia Velázquez y Ocasio Cortés puede ser una opción consistente con ese curso de acción.

Este libro del amigo Alejandro Torres Rivera es una contribución valiosa para visualizar un proceso consensuado de cambio de estatus. En una próxima edición, sin embargo, se podría incluir algunas referencias puntuales sobre el trabajo internacional que ha realizado el Colegio para promover la constituyente de estatus en foros como el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas. Esa labor ha influido sobre temas importantes del libro como es el reconocimiento de la libre asociación soberana como una opción descolonizadora en el caso de Puerto Rico lograda en el 1978. También podría intentarse un esbozo de los actos de “soberanía” que surgen de los esfuerzos que apoderan comunidades combatiendo distintas formas de opresión que generan pobreza y exclusión.

Concluyo mis reflexiones sobre esta importante contribución del colega Alejandro Torres Rivera. Puerto Rico se encuentra en un punto que podría ser uno de inflexión. Fracasados los intentos de reformar el estatus territorial parecería que hay interés, tanto aquí como allá, en revisitar un problema crónico con nuevos ojos. Esta coyuntura, sin embargo, para que pueda realizarse de una forma cónsona con los intereses nacionales de Puerto Rico, son mejor servidos con una asamblea constitucional de estatus con representación adecuada de su sociedad civil. Puerto Rico se enfrenta a un auge del  nacionalismo estadounidense en la figura del movimiento Maga y Donald Trump que desean alejar a Puerto Rico de Estados Unidos y rechazar la estadidad. Por otro lado existe un liberalismo demócrata de ciertos sectores poderosos de ese partido que se ha convencido de que la estadidad de Puerto Rico puede adelantar sus intereses partidistas y su propia evaluación de lo que Estados Unidos es. Esos intereses de sectores de la clase política de Estados Unidos hay que tenerlos en cuenta pero no deben ser los ingredientes dominantes en la discusión puertorriqueña sobre nuestro futuro.

De todos los futuros posibles mi pesadilla es el sueño de otros: un Puerto Rico sin puertorriqueños. La pajarera sin los pájaros. El triunfo del designio geopolítico imperial. Otro Puerto Rico tiene que ser posible.

Muchas gracias.

Una amiga bibliotecaria que siempre accede a leerme los trabajos antes de publicación, me urge a que les recuerde la importancia de que se publiquen libros como este, y de que se asegure que estén alojados en las bibliotecas, pues perduran para la historia, y serán punto de partida para investigaciones posteriores.

Notas bibliográficas

Betts, Raymund (2012). Beyond Empire and Nation, The Decolonization of African and Asian societies, 1930s-1970s, Brill, Recuperado 29 Jul 2024.

Colon Morera, J. (2010). Revista de Ciencias Sociales, https://revistas.upr.edu/index.php/rcs/article/view/7468.

Gautier Mayoral, C. (1992). “La descolonización aplazada de las colonias subsidiadas del Caribe en el contexto de la economía global de los años noventa” El Caribe Contemporáneo, No. 24, enero-junio de 1992, pp. 61-76

Harvard Law Review (2017). The International Place of Puerto Rico,

130 Harv. L. Rev. 1656 Igartúa v. US (2000, 2011).

Suarez Cáceres v. Comisión Estatal de Elecciones, 2009 TSPR 97