(San Juan, 14 de abril de 2014) - A solo días para que el gobernador Alejandro García Padilla presente su presupuesto del próximo año fiscal, una coalición de organizaciones sindicales representativas de dos terceras partes de los empleados unionados del Gobierno emplazó al primer mandatario a abstenerse de proponer la regionalización/municipalización del servicio público como una medida dirigida a paliar la crisis fiscal.

Los portavoces de la coalición afirmaron que favorecen el principio de acercar los servicios gubernamentales a la ciudadanía y de hacerlos más eficientes, pero rechazaron la propuesta de “regionalización” anunciada por el Secretario de Estado o el proyecto de municipalización del Presidente de la Cámara, como alternativas maduras para lograr esos objetivos.

La uniones insistieron en que la regionalización es un asunto muy serio que se debe dar dentro de un contexto real de participación de los sectores afectados con la transferencia de servicios y recursos humanos. Esto, si realmente se quiere brindar un mejor servicio al pueblo y no simplemente promover mayor patronazgo político dentro de los municipios y disfrazar la privatización de servicios que no es sinónimo de eficiencia.

Por tal razón, los sindicatos de empleados públicos insistieron que, en lugar de ensayar planes pilotos de regionalización/municipalización, se inicie un auténtico proceso de consulta y estudio en el cual participen activamente las y los trabajadores gubernamentales, que son quienes realmente conocen, en la práctica, las virtudes y defectos del servicio que brindan a la ciudadanía y cómo éste puede mejorarse.

Para la Coalición, este momento de crisis económica no es el más apropiado para ensayar proyectos sin estudio que pongan en riesgo los servicios al pueblo así como la seguridad de empleo de los trabajadores.

La coalición obrera está integrada por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, local 1199 SEIU, que representa a sobre 12 mil empleados no docentes del Departamento de Educación; Servidores Públicos Unidos, Concilio 95 AFSCME; que agrupa a 12 mil trabajadores de en 14 agencias incluyendo los departamentos de Familia y Corrección; United Auto Workers, con 13 mil miembros en agencias gubernamentales y la Unión General de Trabajadores local 1199 SEIU, con 13 mil unionados en el gobierno central.

La Coalición ha declarado que para apoyar una propuesta para la regionalización de los servicios del ELA, los siguientes elementos deberán formar parte del plan:

• Se tienen que comprometer los recursos financieros adecuados para que la regionalización no represente una reducción de los servicios que deben ser provistos por el Gobierno. Cualquier servicio regionalizado debe ir atado a los recursos financieros necesarios para asegurar que puedan ser provistos a los ciudadanos.

• El gobierno debe demostrar el ahorro verificable de costos para cada servicio transferido a un municipio o región.

• El gobierno deberá demostrar que la regionalización no resultará en ineficiencias en la prestación de servicios públicos.

• Ninguno de los derechos de los trabajadores o derechos de representación sindical deben reducirse como resultado de la regionalización. El derecho a la negociación colectiva debe ser reconocido si se pretenden transferir a los municipios o regiones los servicios provistos por los empleados del gobierno central.

• Las disposiciones de los convenios colectivos deben ser reconocidas y los futuros acuerdos deberán ser negociados de manera centralizada.

• Cualquier empleado que pase a ocupar una posición en un municipio o Región debe hacerlo con su permanencia y antigüedad (“grandfather clause”), por lo que no perderán los años de trabajo acumulados en su plaza.

• La seguridad en el empleo con el nuevo patrono debe estar garantizado para los empleados transferidos.

• La regionalización no deberán continuar la práctica de usar empleados por contrato temporero. Del mismo modo, estos empleados contratados no deberían ser perjudicados por la regionalización, sino que deben ser considerados bajo los términos y condiciones vigentes de los convenios colectivos y disfrutar de los mismos derechos que los demás trabajadores.

• Deben establecerse comités conjuntos de unionados y gerenciales para determinar en dónde corresponde la clasificación de los empleados transferidos a un municipio o región.

• Si los salarios y beneficios difirieran entre la plaza en el gobierno  y los municipios o regiones, los mismos deberán ser ajustados a la mayor tasa prevaleciente.

• Si el nuevo arreglo de empleo requiere un cambio en los proveedores de seguros de salud, los empleados deben ser admitidos en el nuevo plan sin no importa las condiciones médicas pre-existentes.

• Los empleados del ELA transferidos a una región o municipio, tendrán la opción de continuar en el sistema de pensiones del ELA, al cual su nuevo patrono continuará realizando aportaciones en su nombre.

• Para lograr todos estos objetivos, creemos que el ELA debería adoptar un sistema simple y unificado de relaciones laborales utilizando los modelos de negociación colectiva del gobierno central. Insistir en la "descentralización" sin un sistema de relaciones laborales unificado, equivaldría a un optar por el "mínimo denominador común", que perjudicaría a los trabajadores y al servicio a la ciudadanía.