Se vuelven a confirmar las consecuencias negativas que tendría la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Aumento de personas pobres, cambio en la estructura fiscal que dejaría a un gobierno más pobre, reducción en el empleo público, una carga contributiva muy pesada para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), son algunas de las conclusiones de un estudio que examinó el impacto en la estructura fiscal del Gobierno de Puerto Rico en caso de que la Isla pasara a formar parte de Estados Unidos.

Fue precisamente el debatido informe de la Oficina General de Contabilidad del Congreso de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), sobre el impacto de la estadidad para Puerto Rico en el presupuesto de EE UU, lo que motivó al director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE), licenciado Francisco Chévere, a comisionar al Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el informe “Efectos sobre la competitividad de Puerto Rico de posibles cambios en la ley 600”.

En la presentación del estudio a la comunidad académica y a la prensa hace una semana, el licenciado Chévere reveló que luego de ver el estudio del GAO le surgió la idea de hacer uno más amplio que examinara el impacto de la estadidad en las PYMES, en el comercio exterior de Puerto Rico y que tuviera recomendaciones específicas de cómo hacer crecer la economía mientras no se resuelva la situación del estatus de Puerto Rico. En efecto, el estudio tiene 27 recomendaciones específicas, y según Chévere, la gran mayoría de ellas no requieren de enmienda o legislación para su implementación inmediata. Afirmó que copia del informe le sería remitida al gobernador Alejandro García Padilla, al Banco de Desarrollo de Puerto Rico (BD) e incluso al GAO.

La estadidad y el régimen fiscal

La investigadora Dra. Eileen Segarra Alméstica, directora interina del Departamento de Economía, presentó el aspecto del impacto de la estadidad en la estructura fiscal de Puerto Rico.

Segarra señaló que la estadidad conllevaría un aumento en las transferencias del llamado Gobierno Federal de Estados Unidos al Gobierno de Puerto Rico y a las personas, pero también la aplicación total de la estructura contributiva federal a las personas y a los negocios en la Isla, lo que significa un cambio en el régimen fiscal que plantearía serios retos a ambos gobiernos. El reto surge porque ya la Isla es una jurisdicción con una alta dependencia de los fondos federales y con una capacidad limitada para solventar los gastos corrientes de la administración pública con el sistema contributivo vigente.

La investigación de los aspectos fiscales reveló que aunque las transferencias del Gobierno Federal al Gobierno de Puerto Rico son comparativamente bajas al contrastarse con lo que reciben los 50 estados, sin embargo éstas representan una proporción bastante alta de los ingresos fiscales totales. En el 2011, los fondos federales aportados al Gobierno de Puerto Rico representaron $1,222 por habitante. Esta cifra es menos de la mitad de lo que recibió el estado más pobre, Misisipi. Si Puerto Rico hubiese recibido en promedio la misma cantidad de aportaciones federales por habitante que recibió Misisipi en el 2011, esos fondos hubiesen representado el 58% de los ingresos gubernamentales. Para Misisipi en ese mismo año las transferencias federales representaron el 37% de sus ingresos gubernamentales.

La Dra. Segarra Alméstica comparó que si el gobierno de Puerto Rico hubiese recibido en el 2011 la misma cantidad de transferencias por habitante que recibieron en promedio los estados ($2,098), las transferencias hubiesen aumentado de $4,482 millones a $7,750 millones. Apuntó que en la medida en que el gobierno de Puerto Rico aumente su dependencia de las aportaciones federales se reduce aún más su autonomía en la implantación de política pública.

En términos contributivos, el estudio reveló que bajo la estadidad todos los renglones contributivos en Puerto Rico aumentarían. La carga contributiva total de impuestos a individuos y corporaciones como porcentaje del ingreso personal aumentaría de 17.5% al 30.6%.

La extensión del impuesto federal a la Isla aumentaría la carga impositiva para los contribuyentes con ingresos medios y altos.

La investigación confirmó, además, que:

Las corporaciones radicadas en Puerto Rico sujetas a contribución regular podrían pagar $758 millones al fisco federal.

Las empresas radicadas en Puerto Rico que hoy reciben incentivos contributivos tendrían que pagar impuestos sustanciales al gobierno federal. En el 2011 estas empresas aportaron $306 millones al fisco de Puerto Rico. Se evidenció que una vez estas empresas estén sujetas al pago de contribuciones federales, la ventaja competitiva de Puerto Rico para retenerlas se afectaría de manera significativa.

La ley 154 del 2010 también quedaría anulada. Esta ley impone un arbitrio a personas y corporaciones no residentes o sociedades extranjeras en la Isla. En el 2011 el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) permitió que este arbitrio se les acreditara a las empresas bajo el amparo de las Secciones 901 y 903, mientras se evalúa la aplicabilidad y constitucionalidad de dicha ley. El arbitrio generó en el 2011 recaudos por $667.9 millones y en el 2012, $1,883 millones, lo que equivale al 23.5% del total de los recaudos contributivos del Gobierno de Puerto Rico. La investigación concluyó que la reducción de este recaudo de las corporaciones foráneas tendría un efecto detrimental en los ingresos fiscales de la Isla.

Puerto Rico y el comercio exterior

“La participación de Puerto Rico dentro del mercado común con Estados Unidos no ha fomentado el crecimiento de las exportaciones, ni la internacionalización de empresas puertorriqueñas”, apuntó la profesora de Economía Dra. Alicia Rodríguez Castro, cuyo ámbito de investigación fue evaluar aquellas políticas que puedan fomentar el crecimiento de las exportaciones de Puerto Rico, en particular el de las llamadas PYMES, acorde con las tendencias hacia una mayor integración de los mercados.

La investigadora comparó el comercio exterior de Puerto Rico con el de EE UU y con aquellos países con los cuales EE UU tiene tratados comerciales versus el comercio de la Isla con los que no hay tratados comerciales. Según los datos presentados, entre el 2007 y 2013 el valor de las exportaciones de Puerto Rico hacia Estados Unidos y otras partes del mundo se redujo en un 8%. La reducción hacia EE UU fue de 13%, mientras que con el resto del mundo fue de 9%.

En el 2013, el 77% de todas las exportaciones de Puerto Rico se concentraron en el sector de la manufactura química y el 75% fue hacia Estados Unidos. La Dra. Castro Rodríguez indicó que aunque EE UU sigue siendo el socio comercial más importante para Puerto Rico, este comercio se centra en las exportaciones e importaciones de productos químicos que en gran medida responden a transacciones intraempresas o entre las empresas de capital extranjero que operan en la Isla bajo diversos incentivos a nivel de Puerto Rico y del gobierno federal.

La investigación arrojó que en los bloques comerciales en los cuales participa EE UU el valor nominal de sus exportaciones hacia esos países aumentó en 106% mientras las exportaciones de Puerto Rico a estos mismos países sólo aumentaron en un 4%. Por el contrario, en el mismo periodo de 10 años las exportaciones de Puerto Rico a aquellos países con los cuales no había tratados de bloques comerciales aumentaron en 86%. La doctora Rodríguez Castro señaló que la investigación pudo identificar que la participación de la Isla en los tratados comerciales ha sido muy limitada y no ha incrementado la internacionalización de las empresas puertorriqueñas.

En términos de los factores que afectan la competitividad de la Isla, el estudio identificó factores internos y externos, algunos de los cuales se relacionan con el estatus político:

Entre los factores externos se señalaron: el avance de la globalización, lo que implica un número creciente de países competidores; el ascenso de China e India y otras economías emergentes de gran tamaño y competitividad; los tratados de libre comercio de EE UU con países de nuestra región; y la falta de apoyo del Gobierno de Estados Unidos para las políticas de promoción industrial de Puerto Rico.

Los factores internos son: los costos de iniciar y operar actividades productivas; el debilitamiento del sistema bancario; la limitada capacidad fiscal; el alto costo de la energía; la ausencia de ejecución de proyectos estratégicos de un alto potencial económico; la injerencia política partidista en la administración pública y el debilitamiento del sistema de mérito en el servicio público.

Confirmados los hallazgos del GAO

En tanto, el economista y profesor Juan Lara Fontanez destacó las coincidencias entre el estudio académico y el estudio que hizo el GAO y apuntó que básicamente se complementan. Se refirió a que las coincidencias y diferencias se encuentran en las áreas del enfoque, cobertura, metodología, hallazgos, recomendaciones y las conclusiones que hace el estudio académico.

En lo que respecta a enfoque y cobertura, dijo que es importante que en ambos casos se está hablando de los efectos económicos de la estadidad con atención a los cambios de los aspectos fiscales del Gobierno de Puerto Rico e implicaciones fiscales para el Gobierno de EE UU. Observó que el estudio del GAO es más restringido que el de la UPR. El GAO hace un cálculo en los gastos potenciales de programas federales y en los cambios potenciales en las fuentes de ingresos del Gobierno Federal si la Isla se convierte en un estado, pero no define el alcance.

“Aquí le dieron atención al tema de la competitividad y lo que puede significar la convergencia de la economía de Puerto Rico con la de Estados Unidos con la estadidad; si la estadidad aceleraría o no la convergencia de la economía de Puerto Rico con la de Estados Unidos, lo que podría significar para las pequeñas y medianas empresas y el empresarismo en Puerto Rico”, describió.

En cuanto a las diferencias, el doctor Lara Fontanez destacó que aun cuando se usaron métodos distintos las conclusiones son iguales lo que significa que los hallazgos son robustos y que no dependen de la estrategia, en particular en los que se refieren al tema fiscal en donde hay más coincidencias en los resultados en términos cuantitativos y cualitativos.

Sobre los hallazgos en el tema fiscal, Lara reiteró las coincidencias entre el estudio del GAO y el de la UPR en que queda claro que con la estadidad habría un efecto fuerte de la carga contributiva federal en los individuos y las corporaciones y en la relocalización de las empresas que operan en la Isla para evadir la carga contributiva federal. Un aspecto en el cual el estudio académico hizo énfasis y que no hizo el GAO es que en caso de que la Isla sea estado es necesario reformular el sistema fiscal de Puerto Rico porque sencillamente no se podría quedar el sistema actual y por lo tanto habría que reestructurar el tamaño y las áreas de servicios del gobierno.

Por último, Lara Fontanez señaló que todavía queda la interrogante sobre cómo se pagaría la deuda pública de Puerto Rico si se convierte en un estado. “La deuda impone una inflexibilidad al presupuesto de Puerto Rico en estos momentos que sería muy difícil pagar. Hay más. en el estudio del GAO no se habla del trasfondo político, ni convergencia, no se valida la visión de que la estadidad conduce automáticamente a la convergencia de la economía de Puerto Rico con la de Estados Unidos y en el tema de la competitividad la favorece en algunos aspectos pero hay otros en las que la debilitaría”.

En tanto, la doctora Segarra Alméstica llamó la atención a que es importante entender que mucho de lo que pueda pasar en la Isla va a depender grandemente de las medidas que se tomen desde aquí. Hizo la observación histórica de que los pasos de avance que ha dado Puerto Rico se han dado por las políticas que se han implementado desde el Gobierno de la Isla. “Por eso las recomendaciones que se han dado son para mejorar la economía de la Isla. Ante una petición de cualquier estado necesitamos una economía mas sólida y por eso muchas de las recomendaciones van encaminadas a solidificar nuestra economía”.