Vivimos momentos históricos y definitorios en la lucha por la libertad y el bienestar de Puerto Rico. El gobierno interventor yanqui ha tenido que aceptar públicamente que la soberanía sobre Puerto Rico la ostenta el Congreso de Estados Unidos. Somos una colonia de Estados Unidos, nunca lo hemos dejado de ser y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un fraude monumental que se vino abajo. La coyuntura actual es muy favorable para los que luchamos por la libertad y la justicia social.

Conviene comenzar confrontando una idea que desde hace unos años viene pululando, repitiéndose y encontrando eco en algunos, sobre todo después de la salida de la marina de guerra de Estados Unidos de Vieques y la clausura de la base naval Roosevelt Roads en Ceiba. Se alega que Puerto Rico ya no es del interés del gobierno estadounidense, que perdió su valor estratégico militar y que, además, es una carga económica para el imperio.

El pasado 12 de enero, Barack Obama, en su calidad de presidente de Estados Unidos de América, presentó su Informe sobre el estado de la Unión al pueblo estadounidense. De acuerdo con la Constitución de su país, el Artículo II, Sección 3, dispone que el presidente de Estados Unidos, ¨de tiempo en tiempo dará al Congreso información del Estado de la Unión y recomendará para su consideración medidas que juzgue necesarias y convenientes.¨

El año 2016 se perfila como uno de intensa discusión sobre las relaciones jurídico-políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. La reciente posición asumida por el gobierno de Estados Unidos al comparecer ante el Tribunal Supremo de ese país expresó lo que la mayoría de los puertorriqueños damos por sentado, o sea, que la relación impuesta sobre Puerto Rico se enmarca, y está controlada, sin limitaciones, por los términos de la famosa cláusula territorial de la constitución norteamericana.